El voto nulo como afirmación

Mientras en Motecristi se cocinaba a fuego ardiente la Constitución, en Quito se discutían, con menos pasión y por eso mismo con mayor cordura, los temas que se iban poniendo sobre la mesa. En uno de esos debates un par de fogosos militantes defendían la creación de un nuevo organismo pomposamente denominado Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS). Sostenían que era la mayor innovación del nuevo constitucionalismo, ya que cambiaría radicalmente el escenario de la política nacional. Afirmaban que ese sería el espacio adecuado para la participación de la ciudadanía sin pasar por la intermediación de los odiados partidos políticos.

Fueron inútiles los llamados que se les hicieron para que comprendieran la barbaridad en que estaban embarcando al país. Están tratando de despolitizar a la política, se les dijo cuando defendían la selección de un amplio conjunto de autoridades por parte de los siete integrantes que no representaban a nadie. Se les quiso hacer notar que esa era una manera de estatizar la participación popular y de quitarle el carácter autónomo que le corresponde a la ciudadanía en la democracia. Fueron inútiles los esfuerzos encaminados a hacerles comprender algo tan fundamental y sencillo como era la desaparición de la voluntad popular en la selección de sus integrantes. En fin, ellos eran parte de ese alud de votantes que no solamente otorgaron la mayoría en la Asamblea Constituyente, sino que votaron abrumadoramente por la aprobación de la Constitución a cambio de la entrega de su capacidad de razonar.

Cuando se puso en funcionamiento ese organismo se comprobó que las advertencias que se hicieron desde diversos sectores eran acertadas y fue adquiriendo cuerpo la necesidad de tomar las medidas necesarias. Se veía claramente que la única acción efectiva sería su eliminación. Pero, debido a que ese Consejo había sido concebido como uno de los componentes de la novelería denominada quinta función del Estado y que, debido a los “candados” establecidos, esa solución solo podía hacerse por medio de un camino tortuoso que incluía la instalación de una asamblea constitucional. Eso significaba abrir un período de inestabilidad cuyo final era impredecible.

• Lógicas contrapuestas en las elecciones seccionales

Desechada esa opción, se optó por las soluciones parciales. La primera fue la sustitución de la forma de selección indirecta de los integrantes del Cpccs (que supuestamente provenían de organizaciones sociales) por la elección popular. Para decirlo en términos coloquiales, el remedio fue peor que la enfermedad, ya que se le otorgó la legitimidad de origen que no tenía, pero se mantuvieron todos los otros aspectos negativos. El principal y más grave de estos es el supuesto carácter no político de los integrantes, que es una forma de esconder su verdadera naturaleza.

Más adelante, siguiendo la misma modalidad de la consulta popular con que se aprobó aquella reforma, se buscó despojarle de la facultad de seleccionar a todo un amplio conjunto de autoridades. Fue un intento fallido porque, siguiendo la pauta de los múltiples referendos y plebiscitos que se han realizado en el país, la ciudadanía votó guiada por los amores o los odios hacia el gobierno que la convocó. Triunfó la animadversión y así marcó la permanencia del Consejo.

Ahora estamos frente a la obligación de votar por los integrantes de ese esperpento. Gracias a una errada decisión y a una consulta realizada en mal momento, debemos otorgarles legitimidad a sus integrantes. Eso sí, al hacerlo ellos deben simular -y nosotros debemos tragarnos la mentira- que esa elección, a diferencia de cualquiera de las otras, no es política y que los elegidos no deben ser considerados como políticos. Es una elección para unos cargos políticos cuya función es encargarse de la selección de otros cargos aún más políticos, que tiene como su mejor presentación negar su condición política.

Sin embargo, nos queda un valioso instrumento ciudadano que es el voto nulo. Aunque este ya fue abrumador en la elección anterior, no cabe perder la esperanza de que tenga un efecto positivo. Sobre todo, es la forma idónea de afirmar nuestra condición ciudadana sin tutelas.