Aprovechemos la minería

Desde abril de este año, importamos más recursos energéticos que lo que exportamos. Medio siglo, con dos bonanzas petroleras incluidas, y el país lejos de tener un fondo de ahorros de más de USD 80 mil millones como Alaska luego de su reforma petrolera en 1976, vive en crisis fiscal desde 2014.

La semana pasada comentamos aquí cómo los alasqueños lograron proteger parte de la riqueza petrolera de su estado, destinando 25% del ingreso petrolero a un Fondo Permanente que ha sido invertido y cuyos beneficios han sido distribuidos anualmente entre sus residentes. Los alasqueños reciben cada octubre un cheque que ha promediado USD 1.500 durante los últimos años, lo suficiente para haberlos convertido en vigilantes activos de la buena gestión del petróleo.

Si bien sería ideal que esta reforma se adoptara para todos los recursos naturales no renovables que tiene Ecuador, lo cierto es que luce más fácil y prometedor implementarla en el área de minas. Tanto las minas como el petróleo son propiedad estatal, pero mientras que la operación y explotación de las minas ya es 100% realizada por privados, en el sector petrolero predomina una estatal plagada de ineficiencia y corrupción —Petroecuador. De todas maneras, así no esté tan estatizado el régimen legal de la minería como el petrolero, si es igual de impredecible y mantiene la llave de acceso al sector el gobierno central.

Pero esas diferencias son importantes y ya se ven en los resultados. Aún con el catastro minero cerrado desde 2018, esto es, habiéndole cerrado la puerta a todos los nuevos actores que quisieran venir al país a explotar más de nuestros recursos mineros, con tan solo dos minas importantes, las exportaciones mineras se han multiplicado por casi 13 veces durante los últimos siete años: de USD 326 millones en 2019 a USD 4.163 millones en 2025.

Sin embargo, hay señales de problemas con el modelo actual: el crecimiento interanual de las exportaciones mineras de 35% en 2025 se dio en gran medida gracias al aumento de precios, no a un aumento de producción. Andrés Ycaza, vicepresidente de la Cámara de Minería del Ecuador indicó que las empresas exportadoras han pasado de 93 a 64 desde 2024.

El Reporte Minero del Instituto Fraser en Canadá resulta relevante porque ilustra cómo el potencial minero ecuatoriano está siendo reprimido por un mal entorno de política pública. El reporte presenta un Índice de Atractivo para la Inversión (IAI), compuesto del puntaje obtenido de otros dos índices que miden la percepción de los ejecutivos mineros encuestados: el Índice de Percepción de Política Pública, que mide qué tan atractivas perciben las políticas públicas de una jurisdicción para la inversión minera; y, el Índice de Potencial Minero con las Mejores Prácticas, que intenta medir qué tan prometedores consideran que son los recursos, asumiendo que hubiese un entorno de política pública ideal. Esto es, cómo los empresarios mineros perciben la política pública y la geología.

En el Reporte de 2025 Ecuador es la jurisdicción número 11 menos atractiva, ocupando la posición 58 de entre las 68 incluidas. Si bien en los reportes de años anteriores, solía haber una brecha importante entre el índice que mide la calidad de la política pública y el potencial minero por sí solo, esa brecha ha ido desapareciendo. Analizando los datos vemos que no es porque la política haya mejorado, sino más bien porque ha ido cayendo en picada la percepción del potencial minero. Como explican los autores del reporte de Fraser, una limitación de su informe es que, en los casos extremos de mala política pública, nadie perfora y nadie sabe cuál es el potencial mineral. Ecuador está pasando de ser percibido por los inversores como uno de los países con mayor potencial minero en el mundo –4 de 47 jurisdicciones en 2022— pero con malas reglas, a ser percibido como uno con malas reglas y geología desconocida.

Súmele a esto que el gobierno en mayo del presente año le agregó una cereza al pastel vía Acuerdo Ministerial. Desde este año, todo contrato minero no solo debe contemplar al momento de su celebración todas las reglas vigentes, sino que estará sujeto a cualquier cambio o reforma posterior. Eso inyecta incertidumbre en el mismo instrumento que debería brindar confianza a los inversores. Allí se dice básicamente que se aplicarán quién sabe qué normas en el futuro a contratos vigente de manera retroactiva y sin contemplarse compensación alguna por el acto.

Estamos en un momento similar al de Alaska en 1976 con su petróleo, solo que a nosotros se nos ha presentado la oportunidad con la minería. La geología luce prometedora, las malas políticas amenazan con que ni siquiera lleguemos a conocer su magnitud ni mucho menos aprovecharla al máximo. Cuidado pasa otro medio siglo y nos toca contarnos todavía otro episodio de riqueza dilapidada por generaciones de políticos dispendiosos con la riqueza de otros.