Recursos naturales, de maldición a bendición
Fellow en Estudios Latinoamericanos del Instituto Cato. Entre 2006-2026 escribió para El Universo (Ecuador). Es autora de En busca de la libertad: Vida y obra de los próceres liberales en Iberoamérica (Editorial Planeta, 2025).
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Los recursos naturales pueden ser una bendición o una maldición, según cómo sean gestionados y esa gestión, a su vez, depende de las instituciones y los incentivos que estas establezcan. Por cada caso de “maldición”, hay otro de “bendición”: por un lado, están petroestados en estancamiento o gran declive como Ecuador y Venezuela, respectivamente, y por otro lado casos de éxito como Alaska y Noruega.
La reforma petrolera de Alaska de 1976 casi coincide con el inicio de la explotación petrolera en Ecuador. Mientras que en Alaska decidieron ahorrar parte del ingreso petrolero, en Ecuador los militares decidieron gastarlo todo a través del Estado. Durante la primera bonanza petrolera se dio la gran expansión del tamaño del Estado, que derivó luego en prácticamente dos décadas perdidas (1980s y 1990s), ejercicio que se repitió con la segunda bonanza petrolera, derivando en ya una década perdida (2014-2024).
El autor de un reciente estudio del Instituto Cato, Peter Kaznacheev, dice que los alasqueños eligieron blindar la renta petrolera de la política, haciendo que los ciudadanos participen directa y anualmente de la renta petrolera. En 1976 se creó el Fondo Permanente de Alaska y se inició con un depósito inicial de USD 734.000 en 1977. Hoy el fondo acumula más de USD 80.000 millones.
El fondo de ahorro se nutre principalmente del pago de regalías, arrendamientos y bonificaciones que las empresas privadas pagan al estado por el derecho de extraer petróleo. Un 25% de lo recaudado por el Estado se deposita en el fondo y constituye el principal, que luego se invierte a nivel global en base a lo que decide un comité autónomo conformado de expertos en gestión de fondos de inversión. El principal no se puede tocar, solo se puede distribuir dividendos de las ganancias obtenidas por las inversiones.
A diferencia de los efímeros fondos petroleros que tuvimos en Ecuador entre 2000 y 2008, que canalizaban el ahorro a recompra de deuda y preasignaciones en el presupuesto que eran invisibles para el ciudadano, el Fondo de Alaska distribuye cada octubre un dividendo anual a cada ciudadano o residente permanente. El dividendo refleja en gran medida la realidad de los mercados petroleros y del desempeño de las inversiones. En 2023, por ejemplo, cada alasqueño recibió un cheque de USD 1.312, mientras que en 2025 este bajó a USD 1.000.
Desde la década de 1970, el ingreso promedio per cápita en el estado se ha duplicado, al igual que la población. Además, los alasqueños han podido financiar su gobierno estatal sin cobrar impuesto sobre la renta. El dividendo no es una redistribución de lo recaudado por impuestos, sino más bien una porción de la riqueza petrolera que es entendida como un derecho de propiedad compartido por todos los ciudadanos de Alaska.
Esta es la maravilla de esta reforma. Como afirma Kaznacheev, “El dividendo convierte a los ciudadanos comunes en accionistas de facto—y vigilantes—de la forma en que el Estado administra su riqueza en recursos”.
Algunos dirán que una reforma así es inviable en Ecuador. Para empezar, Ecuador no tiene qué repartir, todo se los gastaron gobiernos anteriores y la renta petrolera ya está destinada a resolver un déficit estructural. Esto es cierto, pero también es verdad que para salir del problema del déficit tenemos que realizar reformas para crecer en diversos sectores de la economía, siendo prioritario el de petróleos y minas. La corrupción y despilfarro, sumadas a la mala gestión han hecho que estos sectores sean una carga en lugar de ser un importante contribuyente al crecimiento. De manera que se podría implementar, de la mano con una reestructuración ordenada de la deuda pública, priorizando que de la renta petrolera al menos un 25% se ahorre y empiece a generar ese cambio de incentivos en los ciudadanos y la clase política. Cualquier político que pretenda tocar el fondo para financiar algún programa estatal debe explicar por qué ese programa vale más para cada ciudadano que su cheque octubrino de alrededor de USD 1.500 (el cheque promedio durante los últimos años).
La Constitución vigente no impide esta reforma. Al contrario, el Artículo 317 sostiene que los recursos naturales no renovables pertenecen al Estado y esta reforma mantiene la propiedad estatal. El Art. 317 además establece que “En su gestión, el Estado priorizará la responsabilidad intergeneracional”, disposición constitucional que ha sido flagrantemente violada desde que CEPE (antecesora de Petroecuador) sacó el primer barril de petróleo en 1972, abriendo las puertas a la voracidad de la clase política.