La ley dice una cosa, la realidad otra

Esta semana hubo desabastecimiento en las surtidoras de gasolina y los transportistas reclamaron una extensión de las compensaciones por la eliminación del subsidio al diésel que se implementó en 2025. Esta es una oportunidad para resaltar las contradicciones con las que vivimos.

Parte de la incertidumbre inherente a la vida en América Latina es que lo normal es que, aunque la Constitución y la ley digan una cosa, en la práctica sucede casi totalmente lo opuesto. Consideremos el caso de las constituciones y luego consideremos el manejo del petróleo.

J. Lloyd Mecham escribió un estudio en 1959 acerca de las constituciones de la región, donde decía que:

“Desde que obtuvieron la independencia, las veinte repúblicas han redactado un total de 186 constituciones, lo que supone una media de 9,3 por país… Parece que la elaboración de constituciones no tiene fin. Esto pone de manifiesto una anomalía: por un lado, una aparente devoción por el constitucionalismo como remedio para los problemas nacionales y, por otro, la falta de respeto hacia los mandatos constitucionales. En ningún otro lugar las constituciones son más elaboradas y menos respetadas”.

Mecham encontró un patrón de contradicciones en las cartas magnas de la región. Por ejemplo, las constituciones latinoamericanas suelen ser textos largos que reflejan una profunda desconfianza del Estado, particularmente de su rama Ejecutiva. Pero, paradójicamente, derivan en un sistema excesivamente presidencialista. También incluyen amplias protecciones de derechos individuales, las cuales el presidente de turno puede suspender parcial o totalmente mediante declaraciones de “estado de sitio” o de emergencia.

• La libertad económica es esencial

Sobre esto que escribió Mecham en 1959, podemos decir hoy que su apreciación de América Latina sigue pegando en el blanco.

Ahora conectemos las ficciones constitucionales con el área petrolera. Si bien con el Decreto 1158 de 2020 se liberó la importación de combustibles, la participación de empresas privadas en la importación de combustibles sigue siendo minúscula puesto que deben negociar con su competidor: Petroecuador. Este monopolio estatal es la única empresa en el país que tiene poliductos, terminales de almacenamiento, puertos y boyas en alta mar, entre otra infraestructura, para importar y distribuir combustibles como gasolinas, GLP y diésel. Esto es así porque durante 48 años Petroecuador gozó de un monopolio exclusivo en la importación de combustibles.

Pero Petroecuador también tiene un monopolio legal en la extracción y exploración y en la refinación. Respecto de este último, las tres refinerías de la estatal son conocidas por su mal manejo, operando muy por debajo de su capacidad. La de Esmeraldas, con capacidad de procesar 110.000 barriles de crudo al día opera a un 39% de su capacidad, la de la Libertad con capacidad para procesar 45.000 opera al 36%, siendo la de Shushufindi, de una capacidad mucho más limitada de 20.000 barrilles, la única que opera sobre su capacidad (105%).

• La irrelevancia del déficit comercial

La producción nacional de derivados se desplomó en más de un 60% en marzo, abril, y lo que va de mayo frente a enero de 2026 —el último mes en que el sistema operó con normalidad. La refinería de Esmeraldas ya lleva dos incendios de este año, el primero de los cuales causó un descenso en la refinación de 12,7% en febrero. Como resultado de este desplome en la refinación, la dependencia de importaciones de diésel y gasolinas se elevó a más del 80%, y la de GLP supera el 92%.

Augusto de la Torre explicó que la estatal compra a un precio muy por debajo del mercado (por ejemplo, USD 10 vs. USD 60 en octubre de 2025) y que el diferencial que deja de percibir el Estado es la primera parte del subsidio. Luego, agrega de la Torre, como no le alcanza lo que refina, importa a precios de mercado y los vende a precios subsidiados, siendo este diferencial la segunda parte del subsidio. Es decir, es una empresa que no logra operar a capacidad total, que compra caro y vende barato y que no deja que nadie más participe. En 2020 se dio una liberalización de papel, porque en la práctica los privados no pueden competir con precios subsidiados. El papel dice una cosa, la práctica otra.

Aquí vemos una captura regulatoria: la Agencia de Regulación y Control de Hidrocarburos (ARCH) es capturada por la poderosa empresa estatal. No podemos esperar que la empresa estatal se controle así misma. Si hubiese un mercado competitivo podría haber injerencia por parte de privados, pero una mayor transparencia y rendición de cuentas sumada a la libertad de los clientes para elegir entre distintas opciones, dificultarían esa captura.