No dejemos de hacer(nos) preguntas

En los últimos meses, hemos visto varios alcaldes allanados, detenidos y procesados. ¿Qué está pasando que, justo a puertas de elecciones seccionales, la justicia paquidérmica de nuestro país, de repente haya puesto el acelerador en esos casos?

Es inevitable ponernos suspicaces.

En un país con las instituciones socavadas y con los tentáculos del crimen organizado golpeándolo todo, es impensable pensar que la justicia, esa sí, funciona perfectamente. Los datos del Latinobarómetro de 2024 dicen que solo el 18% de los ecuatorianos confía en el poder judicial. 18 de cada cien.

¿Por qué entonces habríamos de creer que los procesos en contra de los alcaldes detenidos y procesados este año?

Ah, pero entonces, aparece un trabajo periodístico que agrupa a más de una treintena de medios de comunicación y que aporta algunas luces a las dudas. Una de las revelaciones es que un tercio de las autoridades seccionales registran saltos patrimoniales inusuales.

El caso más llamativo, dice el reporte, es el del alcalde de Esmeraldas, Vicko Villacís Tenorio, detenido a inicios de junio pasado y hoy investigado por presunto lavado de activos. El funcionario llegó a ese cargo con la Revolución Ciudadana, hizo su primera declaración patrimonial en 2023: 1.442.301 dólares, según la nota. Al año siguiente, el monto supera los 4 millones 300 mil dólares, es decir que en 12 meses, su fortuna casi se triplicó.

Hay razones para hacerse preguntas: ¿cómo un funcionario público, logra aumentar su patrimonio de esa forma? ¿Tenía otros ingresos aparte de su salario como alcalde? ¿Tenía empresas? ¿Cuáles y dedicadas a qué? ¿Se podría encontrar algún vínculo entre esas empresas y sus funciones como alcalde?

La fiscalía dice que el consorcio vinculado a la familia de Villacís, recibió millonarios fondos de Petroecuador por una obra en Refinería Esmeraldas y los registros revelan una operación sin rastro en compras públicas, pagos evadiendo el sistema estatal y declaración de renta inverosímil.

El mismo reportaje señala como otro caso llamativo el de Ledy Laura Muñoz, quien llegó a ser alcaldesa de Bolívar, con la Alianza por la Unidad Bolivarense y se posesionó con un patrimonio de 1.592.838, que aumentó a 1.867.080 en 2024 (más de 270 mil dólares de incremento)  y pasó a 1.708.006 en 2025. Muñoz no tiene relación con compañías, dice la investigación.

¿Cómo se explican esas variaciones patrimoniales? ¿En su caso también está investigando la fiscalía? ¿O el trato es distinto por su cercanía con el gobierno — el medio local La Marea, recoge que Muñoz afirmó que iría a la reelección con ADN—?

Esas son preguntas que tenemos que hacer(nos). Porque en un país como Ecuador, quizás es posible que convivan dos realidades aparentemente opuestas y contradictorias: que haya signos de alerta en las actuaciones de ciertos funcionarios públicos en los gobiernos locales y que, a la vez, existan intereses políticos a la hora de decidir a quién se investiga y a quién no.

Lo preocupante de esto es que, una vez más, pondría en evidencia el rol del sistema judicial utilizado a conveniencia de quien sostiene el poder político. Y eso es peligrosísimo, pues cuando la justicia se usa a discreción, deja de ser justicia.

En una democracia sólida, todos los ciudadanos deberían tener la certeza de que las instituciones actúan de la misma forma con todos y que la justicia se imparte con absoluto rigor y transparencia, respetando derechos y aplicando penas por igual, a quienes tienen poder y a quienes no; a quienes son amigos del gobierno y a quienes son sus detractores.

Hoy no tenemos esa certeza.

Y eso merma también la legitimidad de las actuaciones judiciales.

El peligro de vivir en este laberinto de sospechas constantes es que nos empuja a la orfandad absoluta.

¿De qué nos sirve elegir autoridades locales si estas pueden ser procesadas a conveniencia del poder? ¿De qué nos sirve tener alcaldes y prefectos si, en caso de que cometan ilícitos, el sistema podría perdonarlos o castigarlos a conveniencia?

¿Qué clase de funcionarios tendremos si quien controla la justicia puede someterlos a su voluntad: si son obsecuentes, el expediente judicial quizás ni exista —incluso si los indicios de corrupción sí—; pero, si al contrario, osa desafiar o  es crítico, entonces le caerá todo el peso de la ley?

El riesgo no es solo que nos gobiernen administraciones bajo sospecha, sino que terminemos normalizando una democracia de sobrevivientes, donde el único mérito para candidatearse —o terminar su período— sea haber sido útil ¿al Ejecutivo?

La justicia es justicia si se aplican las mismas reglas para todos.

Pero, ¿podemos realmente creer que llevar a una cárcel de máxima seguridad a Aquiles Álvarez, alcalde de Guayaquil, sin una sentencia ejecutoriada, es realmente justicia?

¿No se nos hace inevitable recordar que Álvarez desafió al poder de Carondelet cuando reveló las imágenes del Porsche en la Prosperina? ¿Tendrá algo que ver el enfrentamiento público que ha tenido con el Presidente con la forma en cómo se ha llevado su caso en la justicia?

Esta columna no es una defensa a nadie. Ni tampoco una acusación. Para eso, se supone, están los jueces.

¿Pero y si no están?

¿Si el Consejo de la Judicatura —cuya presidenta en funciones asumió mediante un proceso mañoso, en el que el Ministerio del Trabajo y el Servicio de Rentas Internas operaron para evitar que Alexandra Villacís se posesionara— también se alinea al Ejecutivo para sancionar o sacar de los casos a jueces que fallan en derecho?

¿O no nos parece sospechoso que la Judicatura haya dado por terminada la designación como conjuez de la Corte Nacional de Justicia — hecha en 2019—  a Javier de la Cadena, quien estuvo en contra de sancionar a los jueces que revocaron la prisión preventiva a los hermanos de Aquiles Álvarez?

Esa remoción exprés del conjuez de la Cadena es el mensaje aleccionador: que nadie se atreva a fallar en derecho si eso contradice los deseos del poder central. Si los jueces que toman decisiones independientes y sustentadas son sancionados por no alinearse al guión de Carondelet, ¿de qué justicia estamos hablando?

El mensaje es letal: la lucha contra la corrupción es selectiva y la obsecuencia puede comprarte impunidad. Es una paradoja perversa en la que parecen convivir dos realidades: hay corrupción y hay persecución. 

El foco debe entonces centrarse en mirar quién se está beneficiando de ese caos. Quién, de a poco, se está quedando con el control de todo, acumulando el poder absoluto y utilizándolo a discrecionalidad para someter ahora también la autonomía de los gobiernos locales.