Mercedes Caicedo: "15 años de retraso y abandono en la Judicatura no se solucionan en dos meses"

La administración de justicia en Ecuador enfrenta una crisis histórica. Mercedes Caicedo, presidenta del Consejo de la Judicatura, asumió su cargo en un escenario crítico, marcado por la infiltración del crimen organizado, el abandono tecnológico de 15 años y un déficit de jueces que amenaza con paralizar el sistema judicial del país.

A poco más de dos meses de gestión, Caicedo recibió a PRIMICIAS y reconoció "daños estructurales". En la entrevista, detalla cómo enfrenta la herencia de más de mil expedientes disciplinarios en riesgo de prescripción, vinculados a casos como Purga, Plaga y Metástasis, asegurando que no habrá impunidad y que las responsabilidades penales serán derivadas a la Fiscalía.

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Finalmente, expone los retos del nuevo concurso para la Corte Nacional. Defiende el uso de exámenes de confianza excluyentes y el levantamiento del sigilo bancario.

El estado real de la Judicatura

Lleva 70 días al frente del Consejo de la Judicatura, ¿cuál es la verdadera magnitud de lo que encontró puertas adentro?

Yo siempre uso la palabra de que hay daños estructurales. Evidentemente, el balance está en negativo en cómo se encuentra el Consejo de la Judicatura y es por eso que, me parece, al tercer día de funciones, se pidió a Contraloría que se inicie un examen especial a ciertas actividades.

Yo creo que hemos enfrentado un abandono constante. La Judicatura ha quedado retrasada en el tiempo. En 2015 hubo concurso de jueces y hasta la fecha, 2026, no tenemos jueces. Para la Corte Nacional de Justicia, en 2021 fue el último proceso de selección que concluyó. Ya estamos en 2026 y no tenemos renovación de esta Corte.

¿Cuáles son las principales necesidades del organismo?

Hay necesidades como la digitalización de los expedientes judiciales, el avance del proceso del sistema Satje, convertirlo ya en un Satje 2.0, ya que este sistema entró en funcionamiento antes de 2014.

Tenemos un montón de cosas que decimos que están allí desde hace 10, 15 años; no han avanzado y, por tanto, tenemos grandes desafíos, porque las estructuras o las bases del Consejo de la Judicatura se ven resquebrajadas. Eso no se soluciona en dos meses.

En la parte económica y presupuestaria, ¿cómo está la Judicatura?

El Consejo de la Judicatura, a medida que han pasado los años, en lugar de ver incrementado su presupuesto, se ha visto reducido.

El presupuesto del Consejo de la Judicatura que he recibido yo, porque yo entré en abril de 2026, es el que se proyecta desde septiembre del año anterior. Hemos recibido un Consejo con recursos, en efecto, pero la mayoría van destinados a gasto corriente, que son sueldos, arriendos, pago de luz, agua, Internet, que son necesarios para nosotros, pero no se ha previsto un presupuesto para temas de inversión.

¿Para qué faltan esos fondos?

El Consejo de la Judicatura tiene graves problemas de infraestructura; las instalaciones no se han visto mejoradas desde hace aproximadamente 15 años. La estructura informática no ha tenido un fortalecimiento desde hace aproximadamente 15 años, y eso es complicado porque usted compró una computadora hace 15 años y hoy le aseguro que esa computadora no le va a servir.

Y, obviamente, tenemos problemas en cuanto a mobiliario, vehículos, que también tienen 15 años.

¿Qué se está haciendo para hacer frente a esta situación?

Usando nuestros recursos actuales, talento humano, para la creación, por ejemplo, de un sistema Satje 2.0. No lo estamos comprando, lo está creando el departamento de TICs. Estamos siendo creativos para garantizar que con el presupuesto que tengamos podamos dar viabilidad a algunos de los proyectos que se han aprobado en el plan estratégico del Consejo de la Judicatura 2022-2031. 

Estamos a cuatro meses de que se empiece a tratar la nueva Proforma Presupuestaria, ¿se han empezado conversaciones con el Ejecutivo para que la asignación suba?

En este momento, lo que se está evaluando es si ha habido ejecución presupuestaria en este tiempo. ¿Qué es lo que ocurre? Si yo no hago la ejecución presupuestaria, penosamente, no puedo requerir más cantidad de recursos, porque si no gasté lo que tengo, ¿para qué pido más?

¿Qué ha ocurrido? Llegamos y, de lo que se ha visto en la administración anterior, no ha habido una ejecución presupuestaria adecuada. Y entonces al no existir ejecución presupuestaria, los recursos están ahí guardados y, si no ejecutamos, le van a bajar más el presupuesto del Consejo.

¿Y ya no están a tiempo para ejecutarlo?

Justamente, estamos ejecutando. Pero lo que estamos evidenciando es que en muchas provincias se dispersa un poco la verdadera ejecución presupuestaria y, por ejemplo, en lugar de ejecutar para mejorar las condiciones de los servidores judiciales, se prioriza comprar papel bond en cantidades alucinantes.

Estamos identificando el uso adecuado de los recursos desde las provincias para garantizar que la ejecución sea adecuada. No me sirve de nada que ejecuten y hayan ejecutado en cosas que son intrascendentes para la administración.

En conclusión, ¿se podrá ejecutar todo para aspirar a una mayor asignación en 2027?

Yo creo que vamos en buen camino. Recordemos que yo entro con cuatro meses de desventaja, porque yo me posiciono el 29 de abril y en realidad entro en mayo.

Lo que más se debe ejecutar es en los primeros meses, porque luego usted ya va haciendo menor ejecución hasta que llega a julio, agosto, septiembre. Y penosamente, yo estoy en los momentos en donde hay menor ejecución presupuestaria.

Estamos dando viabilidad para que se ejecute pronto y con eso tener el diálogo respectivo para que el próximo año tengamos mayor cantidad de recursos.

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La Judicatura y la corrupción

Las principales críticas a la Judicatura han sido la falta de transparencia y la corrupción. ¿Para solucionar esto, usted ha emprendido una depuración interna?

Yo no hablaría de una depuración interna como tal, porque eso es dar un sentido de persecución. Yo creo que el Consejo de la Judicatura actualmente está enfrentando desafíos y uno de esos es aceptar que ciertos servidores judiciales deben ser removidos, deben recibir la sanción correspondiente a ciertas conductas que han realizado. 

¿Cómo avanzan esos procesos sancionatorios?

Lo primero que hicimos, viendo los desafíos que enfrentábamos, fue hacer un levantamiento de la Subdirección Nacional de Control Disciplinario sobre los procesos disciplinarios. Y encontramos que aproximadamente 88 procesos estaban con riesgo de prescripción y tenemos hasta diciembre de 2026 aproximadamente 1.050 procesos pendientes de decisiones que están por prescribir.

Nos dimos cuenta entonces de que no había una programación para evitar la prescripción. Usted me dirá por qué nos preocupa tanto, porque eso implica impunidad en el tema administrativo e implica que quienes están actuando al margen de los principios de transparencia, ética, independencia y demás, se mantengan en sus cargos.

Actualmente, estamos haciendo aproximadamente cinco o cuatro (sesiones de) plenos semanales, cuatro solamente para discutir sobre temas de régimen disciplinario. Entonces estamos dándole la cara al país, estamos aceptando que nuestros servidores cometen errores que podrían encuadrarse en conductas delictuales. Y en ocasiones, en estos sumarios emitimos disposición de que se remita a Fiscalía las actuaciones para que puedan ser investigadas.

¿Cuáles son los resultados? ¿Se está logrando cubrir la brecha de estos expedientes disciplinarios a punto de prescribir?

Estamos cumpliendo con los cronogramas, estamos logrando sacar a tiempo los procesos. Si eso implica que tengamos que trabajar feriados, que tengamos que hacer plenos extensos, que tengamos que instalarnos sábados, domingos, lo estamos haciendo al punto en el que antes se hacía un pleno semanal y actualmente se hacen entre cinco, en ocasiones seis, cuatro plenos semanales.

Sí estamos logrando avanzar, pero también hay que reconocer que hay procesos que han prescrito antes de que yo llegue a esta administración. Y esos son los últimos procesos, que fueron como 23, en los cuales evidenciamos que causas que se habían iniciado contra aquellos funcionarios que fueron procesados en (los casos) Purga, Plaga y Metástasis, se quedaron en impunidad administrativamente porque no se instauró el pleno, ni dio respuesta.

¿Qué hicieron con esos casos?

Eso fue remitido no solamente a Fiscalía, eso fue remitido a la Asamblea e incluso se pidió un examen especial de Contraloría para determinar quiénes fueron los responsables.

En ese caso en particular, lo que se evidenció es que había una falta de quórum reglamentario para poder instalar la sesión, porque una de las vocales tenía algún tipo de discapacidad o enfermedad en ese momento. Pero eso no relevaba de la obligación de evitar la prescripción.

No estamos hablando de cualquier proceso disciplinario, estamos hablando de procesos instaurados en contra de quienes pertenecían o pertenecen a una estructura criminal y eso no se podía quedar en la impunidad.

En próximos plenos tenemos previsto conocer otras causas que están prescritas, no en mi administración.

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¿Pero en esos casos, entonces no hay nada que hacer?

No hay nada que hacer, pero no podemos dejarlos en impunidad tampoco a quienes provocaron aquello, porque a mí me da a pensar que si dejamos que no queden con alguna responsabilidad, eso va a continuar.

Actualmente, le hemos puesto la responsabilidad al subdirector de control disciplinario para que esté atrás de los directores en provincias y, finalmente, puedan remitir los procesos a tiempo. No queremos más prescripciones, queremos dar respuesta a la ciudadanía; la gente quiere respuestas.

Y si ya no se puede hacer nada en el área administrativa, ¿qué pasa en lo penal y civil?

Remitir los oficios a Fiscalía para que sea ese ente el que investigue. Eso se hizo con las denuncias respecto de algunos actos de corrupción que se decía existían en régimen disciplinario de Pichincha.

Se ha pedido que se inicien las acciones penales por temas de cooperación internacional, como en algún momento Acceso a Justicia, no en mi administración, sino el año pasado, se permitió hacer uso indebido de ciertos bienes entregados por cooperación y que no se usaron o no se destinaron para lo que la cooperación los entregó.

Pero entonces, cuando ustedes reciben expedientes prescritos y estos se pasan a Fiscalía y Contraloría, ¿podemos tener funcionarios como jueces o fiscales que siguen actuando en sus cargos, pese a tener investigaciones en marcha?

Así es, puede pasar que actualmente esté un funcionario trabajando y haya sido el responsable, que haya recibido dineros para hacer prescribir esa acción. Necesitamos las respuestas de otros entes para poder avanzar.

Pero ojo, ayer tuvimos una reunión con todas las áreas y advertimos que cuando se observe que algún funcionario está fuera de lo determinado por la norma, ya no esperemos a hacer la notificación directamente a Fiscalía, sino que iniciemos las acciones disciplinarias correspondientes.

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El nuevo concurso para la Corte Nacional

Llevamos cinco años sin poder nombrar jueces nacionales, con varios concursos fallidos, ¿cuál es la garantía de que esta vez se podrá concluir el proceso?

Yo salgo del lugar que amo, que es la Corte Nacional de Justicia, o que amé con todo mi corazón, por una sola razón. Y es que sentíamos que la Función Judicial estaba por eliminarse. Dijimos: puede que tengamos un nombre, pero finalmente no haya justicia.

Y entonces, en su momento, cuando lo dialogamos con magistrados de la Corte Nacional, la postulación mía como delegada de la Corte en el Consejo de la Judicatura, hablábamos de que no podíamos dejar de lado la posibilidad de que el concurso se ejecute como prioridad.

¿Y hoy esa es la prioridad?

Yo creo que nos quedamos cortos cuando empezamos a pensar aquello, porque, actualmente, me doy cuenta de que la necesidad no se centra solamente en la Corte Nacional, se centra en el pilar fundamental de la democracia.

Yo no puedo dejar la Corte Nacional sin jueces, porque penosamente eso implicaría que nos quedemos sin una estructura judicial adecuada. La Corte Nacional no ha tenido jueces en renovación desde 2021 y eso ha hecho que, al no tener jueces en renovación desde 2021 y varios concursos fallidos, entonces la Corte no haya completado las renovaciones en tercios que prevé la Constitución de la República.

El reglamento aprobado recientemente tiene varios cambios, con relación a los de los procesos fallidos. ¿Por qué se determinó que la prueba de confianza sea autónoma y excluyente?

La prueba de confianza es un punto crítico en donde se cayeron los dos concursos anteriores. La primera porque se intentó manipular el tema de las pruebas de confianza y la segunda porque fueron ejecutadas por una empresa de papel.

Ahora, el examen de confianza se construye de tal forma que garantizamos que la información que se contraste nos determine que esa persona es confiable para asumir el cargo. Si no pasa la prueba de confianza, sale del concurso. Y eso es trascendental, porque si una persona, un postulante, no es confiable, no lo puedo yo incluir en las filas de la Corte Nacional, pero no porque sea una cuestión arbitraria nuestra, sino más bien porque la norma determina que las pruebas de confianza son trascendentales para los procesos de selección.

¿Quién o qué empresa va a hacer las pruebas de confianza?

Vamos a seguir los procesos administrativos necesarios. Lo que se ha pedido, y lo tienen claro todas las unidades, es que cada proceso debe realizarse con normas éticas, no solamente con las legales, sino éticas y morales.

Eso implica que no puedo, obviamente, contratar una empresa de papel. Primero, que sabemos su experticia en el tema, pero segundo, ¿a quién le reclamamos cuando algo malo ocurre?

Intentamos y esperamos que, a medida que vayamos avanzando y gestionando conforme a los procedimientos administrativos, los convenios o los contratos para cada etapa, pues la ciudadanía con comunicación pueda conocer qué estamos haciendo, a quién estamos contratando, cuál es la persona jurídica que lo va a gestionar y, por tanto, cuál va a ser la seguridad de esa prueba que se va a ejecutar con gente seria.

También se ha incluido el levantamiento del sigilo bancario de los postulantes; ¿cómo va a funcionar esto?

Lo que estamos intentando es garantizar que los postulantes tengan una línea de tiempo en cuanto a su economía, que nos permita entender que son personas probas para asumir el cargo.

No necesitamos solamente una persona que conozca las normas, sino que sus principios éticos nos permitan entender que la interpretación y la aplicación normativa que van a hacer en la Corte Nacional sea siempre enfocada en la protección de la norma y el estado de derecho y no en la protección a estructuras criminales, a mafias o a la delincuencia organizada.

¿Pero cómo funcionará?

Lo que se está pidiendo es que ellos den una autorización particular para poder gestionar las pruebas de confianza como tal. Es decir, usted, postulante, quiere postular al cargo de juez nacional, pues las condiciones que se están poniendo son que, para garantizar la confianza de la ciudadanía en usted y que cumpla con los términos determinados por la Constitución, que implican probidad notoria, entre otras cosas, usted nos dé la autorización para adquirir la información necesaria que me permita confrontar y entender quién es usted. 

¿Qué va a pasar con los llamados comités evaluadores?

Lo que se está previendo es que sean los mejores los que formen parte del comité evaluador y que no sean puestos por nadie, que respondan exclusivamente al compromiso que tienen de la selección del personal que va a tener la Corte Nacional de Justicia.

Se están gestionando algunos convenios para garantizar que sea un tercero imparcial el que lo seleccione y no exclusivamente nosotros. 

Otro cambio en el reglamento es que las acciones afirmativas ahora solo valgan un máximo de dos puntos. ¿Por qué?

Cuando usted se enfrenta a un concurso, medio punto es muchísima diferencia con otro postulante. Los dos puntos son los que están previstos en la norma a nivel general y se los incluye en el reglamento con la finalidad de garantizar que no haya una diferencia extrema, pero tampoco dejar de lado la igualdad que tanto buscamos.

Y por tanto, esos dos puntos, aunque parezcan pocos, en realidad son dos grandes puntos que pueden cambiar incluso su posición en el concurso.

¿Cuántos jueces se van a nombrar?

Para este periodo de renovación nos faltan 16 jueces, que son los que se tendrían que renovar, pero hay un juez más que sale en julio de 2026. Lo que se está discutiendo es si esa vacante también va a ser convocada o no.

¿También van a designar conjueces?

Recuerde que en concursos de Corte Nacional no hay banco de elegibles. Están los jueces que se posesionan y los que entran a ser conjueces y van a formar las diferentes salas de conjueces.

En la sala de conjueces de la Corte Nacional vamos a seleccionar aproximadamente 20 o 19 conjueces. Y es en realidad mucho, porque va a haber casi una renovación total de la Corte Nacional de Justicia.

Que este proceso concluya de manera adecuada es trascendental, no para Mercedes Caicedo, no para la Corte, sino para el país. Pero bajo ningún concepto, por querer que este proceso concluya pronto, yo puedo sacrificar la calidad del proceso y la calidad de los postulantes.

¿Cuánto tiempo va a demorar?

No puedo sacar un concurso en dos meses. Yo no quiero dar un cronograma en específico porque generalmente, en los procesos de selección, a quien no le gusta el resultado del informe decide bloquearlo.

Entonces, me presentan acciones de protección y, con medidas cautelares, bloquean el transcurso del concurso. Nosotros somos el ente administrativo de la justicia, no el ente jurisdiccional. Y yo no puedo interferir en la decisión que A o B juez vaya a dar sobre una acción de protección.

Por tanto, no podría garantizar cuándo vamos a tener jueces nacionales. Lo que le puedo garantizar es que el cronograma que tenemos previsto para el concurso es un cronograma que tiene considerados los tiempos adecuados para poder concluir con cada fase del proceso.

¿Cuánto dura ese cronograma en condiciones normales?

El proceso en el que yo entré a ser conjueza nacional, que fue el que inició en 2020 y concluyó en 2021, duró un año.

Esperamos que no se demore un año, porque necesitamos jueces lo más pronto posible. Pero ese proceso duró un año. Me parece que el proceso de jueces anticorrupción duró siete, ocho o nueve meses.

¿En qué más se va a trabajar además del concurso de jueces nacionales?

Nos hemos previsto un cronograma. Yo entiendo que las necesidades que tiene la ciudadanía en general son enormes y yo entiendo que las necesidades que tienen los servidores judiciales son enormes.

Hay procesos que son urgentes, hay procesos que son importantes, hay procesos que son emergentes, hay procesos que son prioritarios. Hay un sinnúmero de términos que tenemos que usar porque todo es urgente.

Hay 15 años de procesos parados. Hay 10 años de procesos parados. Desde 2015 no tenemos evaluación, no tenemos captación de personal. Desde 2021 no tenemos jueces nacionales; antes de eso no tenemos fiscales.

No es que yo vengo a un Consejo de la Judicatura que tiene todo en orden y que de ahora en adelante yo tengo que seguir lo que ya se hizo, sino que más bien tengo un Consejo de la Judicatura que 15 años ha estado más o menos parado.

¿Cuáles son las otras prioridades?

Esta semana ya están trabajando en el reglamento para jueces especializados en materia constitucional, que también estaba parado. Además, hay otras cosas, como por ejemplo la selección de jueces a nivel nacional. Tenemos 700 vacantes por cubrir, pero eso implicará que tendré un concurso gigante.

Si un concurso de Corte Nacional, que es para 16 jueces y 20 o 19 conjueces, me va a demorar un montón, un año, imagínese un concurso para 700. Es el volumen de personas que tengo que filtrar, hacer pruebas de confianza, entre otras cosas. Eso no está previsto para 2026.

Yo no le puedo decir a la ciudadanía que estamos solucionando todos los problemas. En dos meses intentamos buscar viabilidad para la solución de aquellos. 15 años de retraso no se solucionan en dos meses, no se solucionan en tres, no se solucionan en tres años, pero por eso estamos trabajando de manera incansable, para garantizar que finalmente tengamos, a paso lento, quizás pronto, al menos jueces nacionales.