Judicatura pide a la Corte Nacional que regule pruebas de confianza para la Función Judicial
Según el Consejo de la Judicatura, el objetivo de este pedido a la Corte Nacional de Justicia es "evitar la nulidad de los concursos" para operadores judiciales.

La nueva presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, ingresa a la sede de la institución para asumir el cargo el 4 de mayo de 2026.
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El Consejo de la Judicatura solicitó a la Corte Nacional de Justicia este 7 de mayo de 2026 emitir una resolución general y obligatoria que determine los alcances, límites y naturaleza jurídica de las pruebas de confianza en la Función Judicial, tras la serie de tropiezos en los concursos para designar nuevos jueces.
El pedido fue realizado por la presidenta del organismo, Mercedes Caicedo, en un oficio dirigido al titular encargado de la Corte, Marco Rodríguez Ruiz, un día después de una Mesa de Trabajo Interinstitucional en la que se alcanzaron consensos sobre la situación de la administración de justicia.
Según la institución, el objetivo es "evitar la nulidad de los concursos, fortalecer la seguridad jurídica y garantizar procesos de selección judicial independientes".
Para esta petición, Caicedo invoca el artículo 180, numeral 6 del Código Orgánico de la Función Judicial (COFJ) otorga al Pleno de la Corte Nacional de Justicia la facultad de: "Expedir resoluciones en caso de duda u oscuridad de las leyes, las que serán generales y obligatorias, mientras no se disponga lo contrario por la Ley, y regirán a partir de su publicación en el Registro Oficial"
Además del artículo 37 del Código Orgánico de la Función Judicial, al advertir que "existe la preocupación sobre el alcance de las pruebas de confianza, pues la ausencia de una regla clara puede vulnerar el principio de seguridad jurídica, contemplado en el artículo 82 de la Constitución de la República".
Por ejemplo, el concurso público de méritos y oposición para la renovación de 17 jueces y conjueces titulares de la Corte Nacional de Justicia arrastra problemas desde hace siete años, debido a múltiples irregularidades en distintas fases, como postulación, méritos y metodología.
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