El CPCCS o la herencia de un modelo fallido

En las próximas elecciones de noviembre, los ecuatorianos tendrán una papeleta adicional que contendrá los candidatos a nuevos consejeros del CPCSS.  Nuevamente escogerán a quienes volverán a poblar un organismo que no ha servido para nada más que para desinstitucionalizar al país y terminar con la independencia de poderes.

Ni bien el consejo Nacional Electoral abrió el plazo para las postulaciones, ya se cuenta con alrededor de 90 postulantes. Se asume que, como el plazo fenece el 25 de junio, habrá muchos más inscritos apuntados para ganarse esa beca.

Inclusive, ya hay postulantes despistados que prometen llegar allí y rectificar su accionar, haciendo caso omiso a que en realidad el verdadero problema del CPCCS no solo son los consejeros y los intereses políticos que representan. El problema de fondo es el diseño institucional que dio a luz a ese organismo, que ha demostrado ser incapaz de cumplir las promesas que justificaron su creación.

Dada la cercanía coyuntural de las elecciones, conviene que la ciudadanía se informe acerca de la génesis del CPCCS, mida desde allí su desempeño, comprenda lo negativo de su rol y vaya tomando posturas pro democracia ecuatoriana.

Este organismo fue creado en el marco de la Constitución de Montecristi de 2008, como uno de los pilares más innovadores del nuevo constitucionalismo latinoamericano. Según esa visión, el CPCSS fue la materialización de una propuesta desde el constitucionalismo transformador o postliberal, porque basa su creación en valores de descolonización, igualdad y emancipación, con el objetivo de empoderar a la ciudadanía común. Su propósito central era ambicioso: superar la crisis de representación política, fortalecer la democracia participativa, promover el control social y garantizar la despolitización en la designación de las autoridades de control del Estado.

No obstante, nació con serios cuestionamientos de distintos sectores académicos y sociales, al advertir de que un organismo planteado así, tenía el riesgo de ser neutralizado por influencia de estructuras tradicionales del poder que actúan desde el Estado.

Cuando han trascurrido más de más de quince años de funcionamiento, los indicadores negativos respecto a este organismo son claros. El Consejo de Participación Ciudadana y Control Social es quizás la institución más cuestionada del sistema político ecuatoriano. Escándalos recurrentes, crisis internas, cuestionamientos a los procesos de designación de autoridades y bajos niveles de confianza ciudadana, ponen en duda no solo su eficacia, sino también su legitimidad democrática.

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Es un organismo carente de mecanismos efectivos y claros de rendición de cuentas. Y lo más grave, es la falta de cumplimiento de estándares de transparencia en cuanto a los procesos de designación de las autoridades de control. Desde su origen, esta entidad no ha sido capaz de entregar al país un solo concurso sin cuestionamientos; peor garantizar transparencia ni injerencia política.

Muy por el contrario, el CPCCS ha entregado concursos desordenados, opacos, y en algunos casos hasta se ha suspendido su continuidad para acomodar los intereses políticos del momento. Todo esto, ha producido una importante disonancia entre el diseño normativo y su implementación efectiva.

Es evidente que el CPCCS es un organismo que no ha logrado cumplir con los fines fundacionales para los cuales fue creado. Lejos de fortalecer la democracia ecuatoriana, su desempeño ha contribuido a profundizar la desconfianza ciudadana y a reproducir malas prácticas políticas.

Por eso, el CPCCS no solo es una institución problemática: representa el síntoma de una crisis amplia de la democracia ecuatoriana. Instituciones que ostentan la responsabilidad jurídica de garantizar mecanismos de contrapeso y vigilancia ciudadana no solo necesitan de un diseño normativo, sino sobre todo necesitan capacidades organizacionales, estabilidad política y aceptación social. Y el CPCCS no cumple con ninguna de estas condiciones.

Con estos antecedentes los ecuatorianos, en su calidad de herederos de un modelo fallido, se verán forzados a elegir consejeros en noviembre. Y esta situación debería preocupar a todos: ¿Será que los que  se apuraron a postularse llevan desde ya su agenda política bajo el brazo con instrucciones precisas?  Y ante ese riesgo: ¿Qué puede hacer el votante para evitarlo?  Por ahora, lo importante es saber que el CPCCS no sirve, y el único camino de salvar la independencia de poderes es acabar con él… algún día.