Columnista Invitado
Centro Comercial Montúfar: el choro en el tejado
Arquitecto y consultor urbano con más de 20 años en su oficio. Analiza ciudades y su gobernanza desde la intersección entre diseño, instituciones y ciudadanía.
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En marzo de este año, en el techo de un local del Centro Comercial Montúfar, un operativo policial encontró una mochila con 66 celulares con alertas de bloqueo. Seguro, una de las centenas que pululan en tan prestigioso establecimiento.
En la célebre madrugada de la gesta heroica del 24 de mayo de 2003, el Centro Histórico amaneció con 6.801 puestos informales menos, despachados en camiones municipales: casi 10.000 comerciantes que llevaban décadas en la calle. La ciudad entera aplaudió esta "nueva era". El Montúfar retrata esa fe ingenua que trasladó la economía de vereda a un inmueble con más de 400 locales.
En 2024, el 30% contaba con licencia de funcionamiento. Un operativo retiró un cachito de evidencia de 86 celulares sospechosos y clausuró 19 locales. En enero de 2026, cayeron tres detenidos en los exteriores mientras el Concejo proclamaba: ¡expropiación!
Los comerciantes —más de 350 firmaron la queja— cuentan que las mafias son externas, y que cualquiera puede acercar un celular robado a la esquina para que el GPS lo localice en el Montúfar. Pero incluso si fuera cierto, la conclusión los compromete: si el problema está afuera, el Municipio debe abordar lo externo. Si está adentro, debe auditar lo interno. Y si está en ambos lados, pues avíspense.
Que el Montúfar sea una mafia no implica que no tenga respaldo judicial, pero funciona igualito que una. Habría que probar que el vendedor sabía que el equipo era robado, y un celular reseteado no sabe ni recuerda nada. Mientras tanto, la gobernanza es un bailecito administrativo: operativo para un lado, boletín para el otro, clausura temporal para adelante y una vueltita para atrás. El Municipio ve permisos; la Policía, indicios; la Fiscalía, denuncias que no llegan. A cada institución le importa su pupo, y el artefacto robado entra, cambia de manos, se resetea y se revende. Impunes, por los días de los días, amén.
Si me lo permiten, propongo unas pocas reglas.
Primera: trazabilidad o suspensión. Dentro de la LUAE, una categoría de alto riesgo de receptación para todo local que compre, repare o revenda tecnología usada. La condición: registro digital de cada equipo — IMEI, fotografía, cédula de quien lo entrega, comprobante de venta —. Equipo sin historia: suspensión. Un restaurante demuestra su salubridad; un local de usados, su origen. Un semáforo de locales — verde, amarillo, rojo — publicado cada mes en la entrada del centro, alimentado únicamente por actos administrativos firmes. Hoy, el edificio entero carga con la mala fama, mientras los locales opacos se camuflan entre la vecina que vende llaveros de Naruto. El semáforo rompe ese anonimato funcional y separa al comerciante honesto del opaco, con consecuencias automáticas: ¡fuera!
Segunda: el anillo seco. Una zona especial de control comercial por 18 meses: en un radio definido alrededor del edificio, quedan prohibidas la compraventa y la intermediación informal de tecnología usada en el espacio público. Mesa técnica permanente, con actas públicas y metas medibles; la propiedad privada queda intacta. Si los comerciantes sostienen que el problema está afuera, perfecto: empecemos por secar el afuera. El anillo también los protege.
Tercera: aquí se desarma el fetiche facilista de la expropiación, que suena contundente hasta que uno abre el Registro de la Propiedad. El edificio está repartido en cientos de escrituras individuales; la utilidad pública habría que declararla dueño por dueño, cada uno con derecho a su propio juicio de precio, durante años y con plata que la ciudad no tiene. El Municipio ya posee una minoría de locales adentro y esa es su palanca: convertirlos en usos ancla —ventanilla de denuncias, verificación de IMEI—, comprar voluntariamente los estratégicos y, solo con un proyecto público real, expropiar de forma milimétrica.
La meta: que cada objeto tenga historia, cada local tenga rostro, cada sanción tenga memoria y cada reincidente tenga consecuencia. En 2003 aplaudimos las veredas limpias y nadie preguntó quién gobernaría puertas adentro.
A la ecuatoriana: obra sí, sistema nunca.
Veintitrés años después, la respuesta sigue siendo la misma: 66 pantallas apagadas que alguna vez pertenecieron a alguien que todavía mira el puntito azul de rastreo, sabiendo ya que no se puede hacer nada. Los choros, bajo techo; sus mochilas, en los tejados.