Columnista Invitado
Que cumplir sea más fácil que evadir
Arquitecto y consultor urbano con más de 20 años en su oficio. Analiza ciudades y su gobernanza desde la intersección entre diseño, instituciones y ciudadanía.
Actualizada:
En Quito, el ritual se repite demasiado: una obra colapsa, llegan las cámaras, aparecen los funcionarios y la conversación se cierra en torno a la infracción. Casi nunca sobre la máquina que la produce.
Los números de la Agencia Metropolitana de Control son escandalosos. En 2024, se suspendieron 359 obras. En 2025, 664. En el primer trimestre de 2026, ya había 153 suspensiones y más de 1,1 millones de dólares en multas. Y, según una estimación reiterada por parte de gremios de la construcción, cuando se elaboró el Plan de Uso y Gestión del Suelo, ya se hablaba de que cerca del 70 % de las construcciones en Quito eran informales.
Ese porcentaje también revela un entendimiento incompleto de la taxonomía de una industria de la construcción que no es homogénea. Están los promotores inmobiliarios formales, que normalmente necesitan cerrar el ciclo de licencia, construcción y propiedad horizontal para vender unidades independientes. Hay constructores y arquitectos que ejecutan trabajos por encargo. Y está la capa más amplia y más invisible: la autoconstrucción, albañiles y familias de barrio que levantan su casa por etapas, muchas veces sin plano, sin cálculo estructural, sin contacto real con el sistema de permisos.
Esa tercera capa probablemente pesa mucho en la informalidad estimada para toda la ciudad y también es la que menos aparece con claridad en los registros de la AMC, que no realiza censos: inspecciona donde ya hubo denuncia, requerimiento institucional, patrullaje o visibilidad. El 73 % corresponde a la causa principal entre las obras que el sistema ya detectó. Llamarlo todo “ilegal” mete demasiadas cosas en la misma bolsa.
Eso no exonera a nadie. Quito está en una zona sísmica y construir sin cálculo estructural no es una travesura administrativa: es jugar con vidas ajenas. El colapso en Tumbaco, el 28 de marzo de este año, ocurrió en una obra que había sido suspendida semanas antes y que continuó operando. Dejó cuatro heridos. Ahí se acaba el romanticismo de la viveza.
La AMC llega después. Controla, sanciona, clausura. Pero no otorga licencias ni diseña el sistema que impulsa a tanta gente a construir por fuera. Desde la perspectiva de la institución, la tesis es simple: los requisitos existen, los constructores los conocen y muchos los incumplen. Vista desde la ciudad, la pregunta más reveladora sería: ¿qué estructura permite que eso se vuelva costumbre?
Hay reglas borrosas, trámites enredados, suelos formales caros, plazos municipales que no se alinean con la realidad y una institucionalidad más rápida para castigar que para facilitar. Nada de eso justifica una obra sin permiso. Pero tampoco se corrige solo con más multas y más operativos.
La capacidad instalada tampoco ayuda: apenas unos dos técnicos por administración zonal para inspecciones de este tipo y, según reportes de prensa, 79 funcionarios para todo el proceso. No sorprende que Tumbaco y Los Chillos concentren cerca del 30 % de las suspensiones entre 2024 y lo que va de 2026. En los valles donde la ciudad crece más rápido, el sistema llega más tarde. Primero aparece la necesidad, luego la obra, después la infracción y, finalmente, el comisario con chaleco.
Quito necesita distinguir mejor. Una cosa es el riesgo estructural real, otra, el laberinto administrativo, otra, la informalidad barrial, otra, el promotor que juega al límite, otra, el constructor que incumple porque puede. Meter todo en la misma funda permite gritar más, pero entender menos.
Hoy se sanciona, pero tarde. Cuando llega la multa, el incentivo que impulsó a evadir ya cumplió su función: dejar de controlar para inventariar el caos.