Democracia en riesgo: las cuatro silenciosas grietas que la amenazan

Esta semana se conmemoró el Día Internacional de la Democracia y la ironía es que, mientras envían mensajes vacíos, llenos de lugares comunes y retórica, las instituciones del estado van relegando su tarea democrática para dar paso, despacio y en silencio, a un poder abusivo y autoritario.

Ya no es el riesgo de un golpe militar tradicional, sino un proceso más sutil y peligroso: la erosión interna de sus contrapesos, el asedio del crimen organizado vinculado a los intereses políticos y la tentación autoritaria justificada en la seguridad interna.

1. La captura y asfixia del sistema de justicia

Parte esencial de un régimen democrático es la existencia de jueces y fiscales independientes, capaces de limitar el poder político y sancionar el crimen.

Ecuador enfrenta hace años un contexto en el que ese sistema está en una profunda crisis: los concursos de designación para miembros de la Corte Nacional de Justicia, el Consejo de la Judicatura y Fiscalía General del Estado, se han convertido en escenarios opacos en donde prosperan las candidaturas de aquellos capaces de complacer al poder político de turno.

Lo vimos hace unos meses en la forma en cómo el Ejecutivo actuó de forma célere, eficiente y oscura, para impedir que Alexandra Villacís ocupara el cargo que le correspondía en el Consejo de la Judicatura tras la salida de Marco Godoy.

En su lugar, primero ocupó el cargo Damián Larco —antiguo directivo del Servicio de Rentas Internar en el período que se dio de baja la deuda de las empresas de la familia del Presidente mediante una ley que posteriormente fue declara inconstitucional— y después, Mercedes Caicedo, actual presidenta del organismo.

Una de las decisiones que ha tomado es la eliminación de la unidad anticorrupción, creada en 2022 con fondos internacionales con la finalidad de tener una sala especializada para combatir los delitos de corrupción y crimen organizado, con mínimas garantías para sus jueces.

Cuando la ciudadanía percibe que la justicia se negocia o se instrumentaliza como arma de persecución y blindaje, la igualdad ante la ley desaparece.

No es la única pata del sistema que ha fallado. El concurso para ocupar el cargo de fiscal general está plagado de irregularidades denunciadas públicamente: un impugnante que enfrenta un proceso legal por robo a mano armada y que ha sido incapaz de dar la cara al país para explicar por qué impugnó a cuatro candidatos; una comisión ciudadana cuestionada por tener postulantes y miembros con vínculos con partidos políticos o procesos disciplinarios previos, lo que provocó una primera ola de impugnaciones cruzadas y denuncias de discrecionalidad del pleno para ajustar los parámetros de méritos y criterios de calificación para beneficiar o perjudicar a ciertos candidatos.

¿De qué democracia hablamos si el proceso para elegir a una autoridad de ese nivel ha estado plagado de cuestionamientos legítimos sin que se tome un solo correctivo?

2. La normalización de la excepción y la oferta de seguridad a cambio de abandonar las libertades

Desde enero de 2024, a menos de dos meses de ser posesionado como Presidente de la República, Daniel Noboa ha dictado un estado de excepción tras otro, con el pretexto de combate el crimen organizado.

Los resultados son muy escasos. Un estado constantemente militarizado naturaliza el uso de la fuerza, desplaza el debido proceso, restringen libertades civiles y se diluyen los controles sobre abusos de poder. El caso de los niños de Las Malvinas es quizás el ejemplo más doloroso de ello.

Lejos de pacificar el territorio, el espejismo del control duró apenas semanas: tras el repliegue inicial de inicios de 2024, los homicidios repuntaron hasta consolidar a Ecuador con tasas superiores a 40 muertes violentas por cada 100 000 habitantes, cerrando los periodos bajo récords históricos de violencia criminal que ubican al país entre los más letales del continente.

Peor aún, delitos cotidianos como la extorsión ("vacunas") y los secuestros se multiplicaron exponencialmente, mutando hacia los barrios comerciales y periferias urbanas sin que la presencia de tanquetas en las calles signifique contención real.

Si a eso añadimos el decreto presidencial 424 que en junio pasado adelantó operaciones conjuntas de cooperación para “neutralizar amenazas de grupos delictivos” —en ese lenguaje tan ambiguo— y asegura que "concederá indultos, rebajará o conmutará penas a favor de personal militar, policial y civiles que participen en las acciones destinadas a enfrentar el conflicto armado interno".

Las operaciones en altamar o en zonas fronterizas —el bombardeo a una granja de leche, reportado por The New York Times y que levantó alertas de organismos como Human Rights Watch—  también ha generado preocupaciones sobre la falta de transparencia en la política de lucha contra el crimen.

Hace apenas unos días se conocía que tras pedir explicaciones por las operaciones militares de Estados Unidos en Ecuador, el Comandante de la Fuerza Aérea fue cesado en el mando.

Si ni aquellos que están obligados a pedir explicaciones pueden hacerlo sin represalias, ¿de qué democracia hablamos?

3. El colapso del sistema de partidos y la ausencia de representación

Ecuador carece de partidos políticos programáticos y orgánicos; en su lugar operan franquicias electorales de alquiler y de caudillismos personalistas. El partido gobernante ni siquiera es una estructura partidista, como quizás lo fue en su momento el Partido Social Cristiano y la propia Revolución Ciudadana, hoy desmantelada por una decisión del Tribunal Contencioso Electoral.

Esto tiene varios efectos sobre la democracia, uno de ellos, es la volatilidad de sus representantes en organismos como la Asamblea Nacional. Hemos visto cómo varios de los candidatos cambian de camiseta incluso antes de posesionarse. No son cambios por diferencias políticas o ideológicas profundas si no por conveniencias políticas personales que se alejan de los intereses ciudadanos.

Si además, ser opositor tiene un costo personal y político elevado —no es casualidad que varios detractores del régimen estén procesados, encarcelados o impedidos de participar— ¿por qué los ciudadanos habrían de arriesgarse a hacerlo?

La consecuencia inevitable de este vacío es el terreno fértil para el mesianismo y para el partido gobernante. Ante la inutilidad manifiesta de los partidos tradicionales y de alquiler, la sociedad tiende a buscar salvadores providenciales, caudillos autoritarios o discursos antipolítica que prometen resolverlo todo desconociendo las reglas democráticas.

4. Hostigamiento a la fiscalización: prensa y sociedad civil bajo amenaza

El ejercicio democrático requiere un escrutinio público permanente que hoy está profundamente debilitado. Con periodistas, activistas y sociedad civil perseguidos, amenazados, silenciados y aplastados por un aparataje estatal implacable ante la crítica pública y la exigencia de rendición de cuentas.

Con decisiones que restringen el acceso a información, como los lineamientos del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas que limitan la posibilidad de hacer cobertura; el impedimento de acceso a coberturas en Carondelet a periodistas como Enrique Alcívar mientras se acredita a pasquines creados para desinformar y desprestigiar a la prensa; el uso de instituciones estatales para presionar a periodistas y su entorno familiar como a Hernán Higuera o Gisella Bayona, son algunas de las muestras más claras de las presiones que enfrenta el periodismo.

Algo similar pasa con la sociedad civil: activistas con cuentas bloqueadas o procesos como el que enfrentaron dos miembros de Yasunidos sancionados con 18 mil dólares de multa por 39 centavos mal ubicados en un documento de rendición de cuentas.

Con periodistas y ciudadanos con miedo, no es posible una democracia.

Y quizás de eso se trata. De silenciar, amedrentar, usar el poder del Estado para desincentivar la participación democrática que no solo se limita a ir a votar cada vez que hay un proceso electoral si no tener capacidad de hacer contrapeso, escrutinio público y denuncia, con las garantías que ofrece un estado de Derecho.

Por eso, en este Día Internacional de la Democracia, en lugar de aplaudir el simulacro de que aún votamos, hay que reconocer que la República se nos escurre entre las manos cada vez que normalizamos el silencio de la prensa, la captura de los tribunales y el despojo de garantías bajo el pretexto del orden.

La democracia nunca ha sido un concepto estático que sobrevive por inercia, es un límite necesario que debe defenderse a diario.