Democracia iliberal
Politólogo. Autor de varios libros sobre democracia, partidos y política latinoamericana.
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La salida de Roberto Aguilar del diario Expreso es un tema que atañe no solo al periodista y a los directivos de ese medio. Es un hecho político y como tal constituye un asunto de interés -y en este caso debería ser de honda preocupación- para la sociedad. Es político porque, como lo ha dicho él en varias entrevistas, la causa no fue un problema laboral, sino la presión económica que venía ejerciendo el gobierno sobre el diario. Es político porque si el gobierno o cualquier persona hubiera considerado que había sido calumniado habría acudido a las instancias judiciales. No, Aguilar no calumnió. En realidad, él no calumnia. Él indaga, analiza, opina, como debe hacer quien asume la responsabilidad de vivir en sociedad.
Precisamente lo que se ha violado con la presión sobre ese medio es esa capacidad que tenemos las personas, no solo el periodista, para asumir y ejercer esa responsabilidad social. Este es uno de los principios básicos que diferencian a la democracia contemporánea de los autoritarismos (incluso de los que se visten con disfraces democráticos, como los que hemos conocido por estos lados). La libertad de pensamiento y la posibilidad de expresarlo como una opinión es el pilar que sostiene toda la estructura de estos regímenes. Es, junto al derecho a la vida, el elemento central del Estado de derecho. Por consiguiente, cuando se viola este principio se erosiona la convivencia ciudadana.
Usualmente se tiende a calificar a la democracia por la vigencia de las elecciones y, en el mejor de los casos, por la presencia de mandatarios que provienen de la voluntad popular. Pero, esas mismas elecciones y las acciones de esos mandatarios pierden su carácter democrático cuando se violan principios como la libertad de pensamiento y de expresión. Más grave es la situación cuando los gobiernos restringen la opinión y al mismo tiempo manipulan los procesos electorales. Basta mirar a los Maduro, los Bukele, los Ortega, para comprender la magnitud del problema.
Desde comienzos del presente siglo múltiples voces, desde diversos países, vienen advirtiendo sobre la deriva autoritaria que se origina en la erosión del Estado de derecho. Señalan que de esa manera se van configurando democracias iliberales, un vocablo en el que la partícula /i/ señala el carácter negativo del adjetivo (de la misma manera que en ilógico, ilegal, ilícito). La democracia va perdiendo su componente liberal, que es el gran avance de los últimos cien años y el que, a la vez que garantiza la plena vigencia de las libertades y los derechos, establece límites claros para el poder.
Una intervención destinada a silenciar una voz crítica apunta precisamente en esa dirección. El problema se presenta con mayor gravedad si se considera que no ha sido el único paso en ese sentido. Bajo diversas formas —sobre todo por medio de compras sospechosas— se intervino en algunos medios con el claro objetivo de silenciar las disonancias.
Se dirá, con mucha razón que esto comenzó mucho antes, cuando no solo se rompía periódicos en las sabatinas, sino que se perseguía a periodistas, empresarios de medios e incluso a caricaturistas. Es verdad, ya estuvo abierto el camino hacia la democracia iliberal. Pero, quienes hacen ostentación de su memoria deberían recordar que una de las causas del rechazo hacia quien ejecutaba esos actos provenía de esa forma de autoritarismo. Y ese rechazo perdura hasta ahora.
La salida de Roberto Aguilar no es un problema individual. Por la salud de la democracia cabría esperar que la ciudadanía lo vea con la responsabilidad que le corresponde y no solo como el silencio obligado de uno de los periodistas más agudos y valientes de nuestro medio.