Políticos sin pudor y una licencia desesperada
Investigadora. Directora Técnica de Fundación Octaedro. Integrante del Comité Asesor Internacional de The Lancet Global Health y del Consejo Editorial de BMJ Public Health. Asociada a la Cátedra UNESCO de Salud Global y Educación.
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A inicios de febrero, cada año me apresto a matricular mi auto en Rumiñahui como si fuera a empezar primer grado con mochila nueva. Tengo ilusiones pero van a ponerse a prueba muy pronto, antes de que termine de perder mi primer lápiz o mi paciencia. Puesta mi sombrero estilo Testigos de Jehová paso por la Cooperativa Chibuleo para hacer los pagos, dedico más de una hora a hacer clic en la plataforma del municipio para tomar el turno en el único momento de la semana en que se puede, paso la revisión vehicular y hago una fila interminable en la que contribuyo al tejido social antes de lograr renovar la matrícula. El sentimiento es agridulce. ¡Lo logré!, anuncio por WhatsApp a mis amigas como si acabara de patentar una invención, mientras me cuestiono cómo puedo haber perdido tantas horas inútilmente.
Esta vez, la Agencia Nacional de Tránsito (ANT) superó mis expectativas, al retrasar las revisiones vehiculares. Desde inicios de 2026 se han sucedido en cascada todos los obstáculos posibles a mis intentos de matricular mi auto. En cuanto anunciaron que era posible realizar el pago de la revisión, lo hice entusiasmada, pero el pago no constaba en el Municipio de Rumiñahui. Ante mis reclamos, me explicaron que estaban “cambiando de sistema”. Resignada, volví a pagar usando el “nuevo” sistema pero no conseguí un turno. Me contacté con el número de WhatsApp cuya imagen de perfil reza “Turno para Revisión y Matriculación Cantón Rumiñahui” y me dijeron que la coima para el turno costaba cinco dólares. Pedí formalmente el reembolso de los pagos para hacer la revisión en otro lugar pero me lo negaron. Hice una fila para reclamar y cuando llegué a la ventanilla me dijeron que me llamarían para asignarme un turno pero no fue así.
Hace pocas semanas, seis meses después de que mi auto ya debía estar matriculado, organicé una protesta con mi esposo frente al municipio y etiqueté en mis videos al alcalde Fabián Iza Marcillo en Instagram, Facebook y X, pero no se conmovió. El Director de Movilidad de Rumiñahui me dijo que quería “ayudar” pero habría sido indigno recibir tal ayuda así que lo mandé a la punta de un cuerno. Lo que yo reclamaba era que me devolvieran mi dinero o, por lo menos, mi dignidad. Si el municipio recibió un pago por un servicio, lo debe dar o, de lo contrario, devolverlo.
Como la ANT nunca decepciona, a mi hija menor también le tocó sufrir su inoperancia. Tenía que sacar su licencia por primera vez antes de irse a estudiar a un país donde los conductores paran en el paso de cebra para dar paso al peatón en lugar de atropellarlo. Se había suspendido la reserva de turnos en la plataforma y solo se podía tomar uno personalmente según el último dígito de la cédula. Los videos de Instagram de ANT mostraban gente feliz que en apenas minutos obtuvo su licencia, pero la realidad era otra. Mi esposo, junto con otros 129 valientes, pasó parte de la noche en la vereda afuera de la oficina de la ANT antes de ser relevado por nuestra hija a las 6 a.m. La única garantía de la integridad de su turno era un papelucho arrugado que le entregó el guardia, con un número a un lado y su firma al otro. Para hacerla pasar, le exigieron la impresión de un turno espurio que se conseguía en el “ciber” de al frente. El supuesto turno, que se descarga quién sabe de qué plataforma –porque la de la ANT no funciona– y le da acceso a un desconocido a los datos personales de los usuarios, cuesta un dólar. Con 130 turnos diarios –hasta un asambleísta puede hacer la multiplicación básica– el “ciber” tiene un ingreso bruto de 130 dólares al día.
No he contado nada nuevo ni nada que el alcalde de Rumiñahui y la ANT, es decir, el gobierno nacional, desconozcan. Solo dejo sentados para la posteridad los detalles de los negocios privados impulsados por la ineficiencia, a toda vista, intencional de las instituciones públicas.