Pescadores abandonados

Entre enero y marzo de 2026, varios pescadores ecuatorianos denunciaron que sus barcos pesqueros —al menos tres— fueron atacados con drones en territorio marítimo nacional. El primero fue el Fiorella, en el que viajaban diez personas, dos sobrevivieron y ocho no han aparecido desde entonces.

Los otros dos navíos, el Negra Francisca Duarte II y el Don Maca, fueron atacados unas semanas después, en marzo, con una semana de separación.

Los pescadores que sobrevivieron describen explosivos arrojados sobre las cocinas de sus naves, cuentan que fueron retenidos ocho días en la proa de un buque por uniformados que hablaban inglés, traslados encapuchados hacia bases militares en El Salvador, desde donde un grupo de ellos fue devueltos a Ecuador como si sus barco hubiese naufragado.

The Washington Post le puso nombre a la sospecha: los ataques podrían tratarse de un programa de acción encubierta de la CIA ejecutado en aguas ecuatorianas. La investigación periodística reveló un engranaje que llama la atención: un avión de vigilancia de alta gama con tecnología radar operando desde Ilopango, en El Salvador, una histórica base para operaciones encubierta de Estados Unidos en Nicaragua, en los años 80. Según el reporte, el avión sobrevoló de forma recurrente las coordenadas exactas de las embarcaciones días y horas antes de los bombardeos.

Además, los marinos salvadoreños confesaron a los tripulantes del Don Maca que recibieron la alerta de "los estadounidenses" para recoger supuestos náufragos dos días antes de que el barco fuera atacado. Todo esto sin que se haya presentado una sola prueba pública de narcotráfico contra los pescadores y, aparentemente, eludiendo los canales regulares de interdicción marítima.

La vida de pescadores artesanales —atrapados ya entre la extorsión de las bandas delictivas en tierra y la precariedad económica— pasa a ser tratada como un costo prescindible en una guerra opaca cuyos beneficios ni siquiera han sido palpables para los ecuatorianos.

Nadie con sentido común se opone a la cooperación internacional frente al crimen organizado transnacional. El cruce de inteligencia y el respaldo técnico entre Estados no sólo son bienvenidos, sino indispensables. Pero cooperar implica también respetar acuerdos, convenciones y normativas existentes para proteger a los ciudadanos de los abusos del poder.

Las operaciones legítimas en un país devastado por la violencia deben venir con rendición de cuentas, transparencia institucional y respeto irrenunciable a los derechos humanos y la soberanía territorial.

Sin embargo, frente a la gravedad de los hechos, el Gobierno ecuatoriano ha optado por el silencio. La confirmación más cruda de este abandono ocurrió el 25 de agosto en la Asamblea Nacional: cuando los sobrevivientes y los familiares de los ocho desaparecidos acudieron a pedir respuestas, seis votos de la bancada oficialista de ADN en la Comisión de Seguridad bloquearon sus comparecencias y archivaron cualquier intento de fiscalización.

Esta ya es una forma de operar que no sorprende, pero que alarma profundamente. Se ha vuelto costumbre en el oficialismo recurrir al blindaje político y al desprecio parlamentario cada vez que una denuncia pone en entredicho el relato oficial.

Proteger la narrativa de Carondelet parece importar más que la vida y la integridad de ocho compatriotas desaparecidos en el mar.

No se trata de reclamos aislados. Organismos internacionales como el Comité contra las Desapariciones Forzadas de las Naciones Unidas, Amnistía Internacional y Human Rights Watch han emitido alertas y exigido investigaciones urgentes sobre estos ataques, señalando la gravedad de ejecutar agresiones letales y detenciones clandestinas sin debido proceso.

Todo esto ocurre, además, en un momento global crítico, marcado por fuertes presiones para empujar un recambio en el orden internacional. Vivimos un escenario donde se promueve el debilitamiento de la institucionalidad multilateral y surgen voces y corrientes que coquetean con abandonar organismos clave como la Corte Penal Internacional o relativizar las convenciones humanitarias.

Pero un Estado que abandona a sus propios ciudadanos frente a bombardeos en su mar territorial evidencia algo más profundo: una absoluta falta de soberanía real sobre el suelo que dice defender.

La ironía es que nos saturan con el relato épico de una supuesta guerra contra el crimen, pero son incapaces de controlar su propio espacio marítimo, de exigir explicaciones y de rendir cuentas sobre lo que ocurre dentro de sus fronteras.

O, peor aún, la posibilidad de que sí tengan pleno conocimiento y control sobre lo que ocurre, y hayan decidido voluntariamente entregar retazos de soberanía sin exigir una sola cuenta.