El Ecuador no debe salir de la CPI, mal que le pese a Estados Unidos

El Gobierno de Donald Trump se halla en una abierta campaña para destruir la Corte Penal Internacional (CPI), organismo creado por la comunidad internacional para combatir la impunidad de los responsables de los crímenes internacionales más graves y contribuir a que las víctimas obtengan justicia. No sustituye a los tribunales nacionales ni juzga cualquier delito común.

Las últimas muestras de esta campaña son el castigo a la presidenta de la CPI Tomoro Akane, jurista de nacionalidad japonesa, este martes y el pedido público de Peter Hegseth, secretario de Defensa de EE. UU., el 12 de agosto en Panamá, a los países de la Coalición Americana contra los Carteles de la Droga para que abandonen la corte.

“Recomiendo encarecidamente a todos los miembros de la coalición que abandonen la CPI y rechacen sus intentos de despojar a sus gobiernos y tribunales de su soberanía”, dijo Hegseth ante representantes de defensa y seguridad de la región.

El argumento de que la CPI intenta despojar a los países de su soberanía es pueril. Si un Estado ha consentido en ser parte del Estatuto, es porque “ha establecido un mecanismo jurisdiccional que complementa la responsabilidad de asegurar que su territorio no sea un refugio para los crímenes más graves”, como lo recordaba hace pocos días el secretario de la CPI, el ecuatoriano Dr. Oswaldo Zapata Giler.

“Pretender lo contrario es querer socavar el tejido de seguridad jurídica que los propios Estados han construido para protegerse de la injusticia”.

EE. UU., sin embargo, está empecinado en el tema. Este 13 de julio, el secretario de Estado, Marco Rubio, anunció que su Gobierno intensificaría la campaña para “desmantelar” la CPI, mediante un uso más amplio de sanciones y presiones sobre los países miembros de ella para que abandonen la institución.

Es que, a poco de iniciar su segundo mandato, el 6 de febrero de 2025, ya Trump emitió una orden ejecutiva que autoriza la imposición de sanciones contra funcionarios, jueces y otras personas que colaboran con la CPI en la búsqueda de justicia.

Pero, ¿qué es la CPI y por qué le molesta tanto a Trump? La CPI es un tribunal internacional permanente que juzga a personas, no a Estados, por algunos de los crímenes más graves que afectan a la comunidad internacional.

Fue creada mediante el Estatuto de Roma, adoptado en 1998 y en vigor desde 2002. Su sede está en La Haya, Países Bajos.

El Estatuto tiene actualmente 125 Estados parte (incluida Palestina). Entre los que rehusaron su adopción figuran China, India, Israel, Rusia y EE. UU., algunos países del Medio Oriente y, en América Latina, Cuba y Nicaragua.

Desde 2017 se han retirado de la CPI o anunciado su retiro, Burundi, Filipinas, países del Sahel africano (Burkina Faso, Chad, Níger y Malí), y, hace pocos días, Venezuela, régimen dependiente de EE. UU. Es sorprendente que EE. UU. crea que sí tiene jurisdicción para apresar y juzgar a su exgobernante, Nicolás Maduro, y se lo niegue a la CPI que también le inició un juicio.

La CPI responde a un clamor de los países para evitar que las personas responsables de los crímenes internacionales más graves queden impunes. Por eso, tiene competencia sobre genocidio, crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y crimen de agresión.

Funciona bajo el principio de complementariedad: corresponde, en primer lugar, a los tribunales nacionales investigar y juzgar estos delitos y la CPI interviene solo cuando un Estado no puede o no quiere realmente llevar a cabo esos procesos de manera genuina.

El Ecuador es Estado parte desde 2002; los crímenes de genocidio, lesa humanidad, guerra y agresión están tipificados en el COIP y en 2024 aprobó la Ley Orgánica de Cooperación con la CPI, con lo que se garantiza la ejecución de órdenes judiciales provenientes de la corte y el cumplimiento de los compromisos del Ecuador derivados del Estatuto.

Dentro de sus investigaciones en distintas partes del mundo —entre ellas Libia, Filipinas, la República Centroafricana, la R. Democrática del Congo, Sudán y Ucrania—, la CPI ha investigado también posibles crímenes de militares y funcionarios estadounidenses relacionados con las operaciones en Afganistán. Para Washington, esto crea el riesgo de que sus soldados puedan ser sometidos a procesos internacionales pese a que EE. UU. no pertenece a la Corte.

Los Gobiernos estadounidenses anteriores se resistieron a ser miembros del Estatuto de Roma, pero Trump adoptó la oposición militante, en parte por su desdén a los organismos y compromisos multilaterales, pero sobre todo por el caso de Israel y Gaza.

Es que la CPI emitió órdenes de arresto contra el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu y el entonces ministro de Defensa Yoav Gallant por presuntos crímenes de guerra y crímenes de lesa humanidad en Palestina.

Israel es un aliado fundamental de EE. UU. Trump considera que la CPI actuó de manera ilegítima contra Netanyahu, Gallant y otros funcionarios israelíes. De hecho, la orden ejecutiva de febrero de 2025 dice expresamente que las actuaciones de la CPI contra Israel y EE. UU. son una amenaza para ambos países.

Trump sostiene que su campaña busca defender a Netanyahu y a otros aliados, pero resulta difícil no ver también en ella un intento de blindar a funcionarios y militares estadounidenses frente a una eventual investigación internacional. Por ejemplo, del ataque contra la escuela de niñas de Minab, con un saldo de 170 civiles muertos, ocurrido al inicio de la ofensiva estadounidense-israelí contra Irán.

Ecuador no debe ceder a las presiones de EE. UU. Tampoco debe hacerlo ningún país de América Latina (Colombia parece que ya está culipandeando).

Que la CPI exista es un logro notable de la humanidad para combatir la impunidad de crímenes atroces y asegurar el triunfo de la justicia. Sería inaceptable que el Ecuador claudique frente a tan insólita y repudiable pretensión.