Esto no es político
La distorsión del Consejo de Comunicación y el desamparo de la prensa
Periodista. Conductora del podcast Esto no es Político. Ha sido editora política, reportera de noticias, cronista y colaboradora en medios nacionales e internacionales como New York Times y Washington Post.
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El Consejo de Comunicación ha encontrado por fin una vocación clara, aunque profundamente disonante con la labor que debería tener. Hoy, parece haberse convertido en el abogado gratuito y la oficina de quejas del Ejecutivo.
En lugar de velar por el ejercicio de un oficio cada vez más peligroso y precarizado, la entidad prefiere dedicar recursos públicos y personal técnico para tramitar y presionar por rectificaciones en favor de ministerios, empresas públicas y dependencias de Carondelet.
Fundamedios ha alertado sobre al menos nueve expedientes tramitados por la entidad entre abril y mayo contra Ecuavisa y Teleamazonas, con lo que ha quedado al desnudo una evidente distorsión institucional.
Con un celo administrativo digno de mejores causas, el Consejo no solo canalizó los reclamos de entidades como Celec, Petroecuador o la Secretaría de Integridad Pública, sino que llegó al extremo de monitorear noticieros y pedir la intervención de la Defensoría del Pueblo para forzar la difusión de versiones oficiales.
Esta actuación ignora flagrantemente que la ley no le otorga facultades para intermediar quejas estatales y pisotea la jurisprudencia de la Corte Constitucional, que en 2019 determinó con claridad que las instituciones públicas no son titulares del derecho al honor ni a la rectificación.
Y mientras el Consejo actúa como ariete legal del Gobierno para incomodar salas de redacción e imponer vocerías a la medida de los ministros, el periodismo ecuatoriano sobrevive en el desamparo más absoluto.
La precariedad laboral, la censura, el hostigamiento digital, las amenazas y las presiones que derivan en despidos de plumas críticas —el caso más reciente podría ser el de Roberto Aguilar— se normalizan sin que la entidad mueva un solo dedo.
El Mecanismo de Prevención y Protección del Trabajo Periodístico, cuya rectoría recae precisamente en esta institución, es hoy un cascarón burocrático inoperante que no garantiza medidas urgentes frente al asedio criminal y estatal a medios y periodistas ni detiene el silenciamiento de reporteros en zonas altamente conflictivas.
Sin presupuesto y sin voluntad política, su existencia parece irrelevante.
El Consejo de Comunicación es hoy una institución subordinada al poder a la que poco o nada le interesa sostener un periodismo crítico y robusto; diligente para auditar emisiones si un reportaje incomoda al gobierno —y poner en la mira a los periodistas que lo firman— , pero silencioso e indiferente frente a las amenazas, la asfixia económica y la expulsión de voces críticas de los medios.
Una vez más queda claro que cuando una entidad estatal llamada a garantizar un entorno seguro para el periodismo se dedica a vigilar pantallas para complacer al poder se convierte en parte de la maquinaria que destruye la democracia.