Algunas notas sobre la campaña electoral

En Ecuador, las campañas electorales siempre adquieren matices propios, dependiendo de la coyuntura política nacional de ese momento, y por eso son tan particulares y dignas de análisis. Esta elección no será la excepción.

El adelanto de la fecha de los comicios ha producido lo que era obvio: la angustia de los candidatos por sacarle provecho al corto tiempo que tienen para posicionarse, ha generado un superávit de campaña anticipada que como ya se sabe, no podrá ser controlada. Esto, debido al consabido vacío legal que impide se pueda poner coto a la situación. Y aun cuando existiera normativa, la sobreutilización de las redes sociales ha vuelto prácticamente imposible aplicar control y sanción. Como consecuencia, sin reglas al respecto, el nuevo foro de campaña son las redes sociales en donde candidatos nuevos y candidatos funcionarios aprovechan desde ya la falta de regulación.

Esta particularidad y nueva —normalidad— en términos de campaña anticipada, acarrea un problema adicional que tiene que ver con el uso de los recursos públicos para proselitismo político. Hay que recordar que varias autoridades locales correrán en las elecciones buscando la reelección. Varios de ellos aún en funciones.

Por lo tanto, seguramente se repetirá el mismo problema de siempre: funcionarios candidatos que caen en la tentación de usar recursos públicos en tiempo de campaña, generando una clara inequidad frente a otros candidatos comunes y silvestres que tendrán que posicionarse sin esa —ayuda extra—.

• Lecciones de la campaña de Mamdani

El mismo Código de la Democracia sí señala, precisamente, que existe un gran problema cuando los recursos institucionales, que son de todos, ingresan en la contienda electoral.  Y por eso prohíbe, como regla general, la publicidad y propaganda de las instituciones del Estado, a excepción de la difusión indispensable relacionada, por ejemplo, con emergencias, salud, seguridad u obras que requieran comunicar cierres o habilitaciones

Sin embargo, mientras no se plantee una solución a esta práctica, es fundamental desde la ciudadanía permanecer visibilizando el problema y generar conciencia de que hacer campaña anticipada está mal. No importa de qué organización política provenga el candidato; incumplir las reglas y no esperar al tiempo reglamentario para iniciar su campaña es incorrecto. Y respecto de los que buscan la reelección, hay que recordarles que los recursos públicos son de todos y no pueden ser usados discrecionalmente por las autoridades y menos en campaña.

El tema se vuelve más delicado aún si se piensa que, al ser elecciones seccionales, el número de candidatos/funcionarios es considerable, por lo tanto, deberían ser advertidos o informados acerca de la prohibición de usar recursos del estado en campaña. De lo contrario, inevitablemente habrá cancha inclinada y la percepción de elecciones injustas se posicionará inconvenientemente en el ambiente pre electoral.

• Elecciones con adjetivos

Por todo esto, es necesario la temprana implementación de un mejor sistema de control.

Y en ese sentido, hay algunos aportes que podrían ayudar:

• La autoridad electoral no debería limitarse únicamente a comprobar si un candidato gastó más de lo permitido en propaganda electoral; más bien, debería generar información acerca de que si la agrupación que representa realizó cambios o modificaciones presupuestarias importantes tiempo antes de la elección.
• Se podría, por ejemplo, comparar cuánto gastó cada gobierno local en comunicación institucional durante los años anteriores versus cuál fue el gasto en el año electoral. Esto daría pistas claras de uso de recursos públicos anticipados con enfoque electoral. En este tema, se podría auditar los contratos destinados a publicidad, por ejemplo.
• Se podría generar un sistema de trazabilidad rigurosa sobre el uso de bienes del estado: vehículos, instalaciones y servidores públicos durante el proceso electoral. De esta forma se contribuiría a evitar el uso de recursos públicos en campaña.

En elecciones, la regla elemental que debería regir para los candidatos funcionarios debería ser: a mayor posibilidad de obtener una ventaja electoral desde el ejercicio del cargo, más escrutinio debe aplicársele.

Estas pocas ideas, si se las implementan, podrían asegurar a los ciudadanos que sus recursos no fueron tomados para ser usados en campaña. Conviene entonces recordar que el Estado debe garantizar a todos equidad electoral y, en esa línea, ni campaña anticipada ni uso de dinero público debe ser tolerado.