De encuestas y otras artimañas
Profesor de ciencia política y Decano de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad San Francisco de Quito.
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Volvemos a época electoral en el Ecuador, y volvemos a vernos inundados de encuestas de toda calidad. Algunas buenas, otras más o menos, otras malucas. Hoy, por ejemplo, he amanecido con la novedad de que en una encuesta para la alcaldía de Quito, un candidato tiene más del 25% de intención de voto, mientras en otra, menos del 5%. ¿Puede haber tanta diferencia en la intención de voto real a favor de este candidato? Difícilmente. Algo huele muy mal.
Hay bastante investigación científica sobre cómo las encuestas influyen en el comportamiento político de los ciudadanos. Por ejemplo, si las encuestas muestran a dos candidatos con posibilidades reales de ganar, y al resto muy por detrás, muchos ciudadanos pueden terminar votando estratégicamente por alguno de los dos primeros, aunque no sean sus candidatos preferidos. Y eso lo hemos visto recurrentemente en la historia electoral reciente del Ecuador: ciudadanos que terminan votando por “el otro” que tiene alguna posibilidad, aunque no sea de su total agrado.
Las encuestas -aunque hayan fallado recurrentemente al medir la intención de voto en diversos países- siguen siendo una herramienta importantísima de medición. Mediante ellas conocemos actitudes, opiniones y comportamientos de individuos y sociedades que son de inmensa utilidad para la gobernanza y el diseño de políticas públicas. Cuando están bien realizadas, son un termómetro válido de lo que piensa la ciudadanía: los resultados de las encuestas nos permiten, en definitiva, conocernos mucho mejor.
El problema es que la mayoría de los ciudadanos de a pie no tiene las herramientas para distinguir una encuesta bien hecha —que se aproxime razonablemente a las verdaderas intenciones de voto— de otra que simplemente sea una artimaña propagandística de quien la haya contratado. Para el ciudadano común, una encuesta publicada en un medio de comunicación puede parecer tan confiable como cualquier otra, independientemente de cómo haya sido realizada.
En el Ecuador, la entidad encargada de regular las encuestas electorales es el Consejo Nacional Electoral (CNE). Según el Código de la Democracia ecuatoriano, todas las personas naturales o jurídicas que deseen realizar pronósticos electorales deben inscribirse y registrarse previamente ante el CNE y sujetarse a sus disposiciones. Ahora, hay un pequeño (gran) detalle: aunque el CNE ejerce algún control metodológico sobre las encuestas electorales, sus mecanismos de registro y control no permiten garantizar la calidad científica de las mismas. Es decir, si bien las encuestadoras deben cumplir con ciertos requisitos mínimos para operar y publicar resultados, nadie garantiza que estos resultados en la práctica no incluyan graves sesgos de cobertura, problemas de no respuesta, ponderaciones inadecuadas o inferencias estadísticas injustificadas.
¿Qué quiere decir esto en la práctica? Que una encuestadora, aun habiendo sido calificada por el CNE, no necesariamente producirá encuestas metodológicamente rigurosas. Y ahí viene otro detalle: un partido o una persona con una billetera grande puede tranquilamente contratar a una empresa encuestadora y “cocinar” una encuesta que le convenga a su campaña. Y después -y aquí está la clave- difundirla muchísimo a través de medios de comunicación y redes sociales. Se dice que Joseph Goebbels, ministro de propaganda de la Alemania nazi, decía que “una mentira repetida mil veces se convierte en verdad”. No sé si Goebbels dijo esa frase, pero de lo que sí estoy seguro es que una encuesta mediocre, si alcanza una difusión masiva, puede terminar influyendo mucho más en las decisiones de los votantes que otra rigurosamente realizada, pero poco difundida. Aquí, la visibilidad importa más que la calidad.
Me cuesta -y me apena- concluir lo siguiente, porque he venido trabajando con encuestas por veinte años, y todavía creo que son una herramienta de medición muy útil. Pero hasta que en el Ecuador no tengamos fuertes mecanismos de regulación sobre los aspectos metodológicos de producción y divulgación de las encuestas electorales, es mejor no recurrir a ellas a la hora de decidir el voto. Podríamos empezar por establecer mecanismos efectivos de fiscalización y sanción para las encuestadoras que incumplan deliberadamente las normas metodológicas o presenten como resultados científicos lo que en realidad son instrumentos de propaganda electoral. Y, como ciudadanos, una recomendación para votar por quien realmente creamos que es el mejor candidato, no por el que dicen las encuestas que puede ganar, o que puede vencer al “otro”.