Columnista Invitada
Ocho años después y una salida sin respuestas
Dra. en Jurisprudencia, Decana de Ciencias Políticas y Relaciones Internacionales de la UDLA, Directora Ejecutiva Participación Ciudadana. Con más de 20 años trabajando temas de democracia, procesos electorales, Transparencia y Diálogo Político.
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Quien ha ejercido un cargo público importante, y más aún, por un tiempo tan prolongado como Diana Atamaint, tiene todo el derecho de renunciar, pero también tiene la obligación de rendir cuentas.
Su renuncia por demás breve, —dos líneas— no es un acto administrativo más, o un trámite personal, es un hecho de trascendencia pública. Ella ha ocupado la posición más alta del organismo más importante del Estado en tiempo electoral; por lo tanto, su forma de renunciar desata una ola de rumores y especulaciones que tratan de llenar el vacío de sus razones.
Hasta ahora no se sabe si su renuncia se debe al desgaste; a la pérdida de respaldo dentro de sus propios colegas consejeros en el pleno; a presiones externas, o si la razón es más simple: cayó en cuenta de que su ciclo en ese organismo llegó a su fin.
En todo caso, su prolongada estancia a la cabeza del CNE sí ha respondido a una anomalía de nuestro sistema democrático que los ecuatorianos se han visto forzados a aceptar. Hace rato que debió haber sido renovado ese organismo según lo que la Constitución establece. Sin embargo, el Consejo de Participación Ciudadana y Control Social, fiel a su inoperancia y obsecuencia a los intereses políticos, ha retrasado constantemente esa renovación, con impugnaciones y constantes reconformaciones del concurso. Así han pasado años, y esa demora perpetuó en el CNE a sus consejeros, afectando a todos: políticos, ciudadanía y el propio CNE.
En los ocho años de gestión, el CNE de Atamaint lideró varios procesos: elecciones; consultas populares, y enfrentó varias crisis políticas internas y externas. Su gestión ha tenido de todo: desde disputas y cuestionamientos dentro de los propios consejeros, hasta reclamos de la actoría política y de la ciudadanía por su falta de imparcialidad.
Desde el lado técnico, el apoyo recibido a su gestión desde la cooperación internacional fue fundamental para que el proceso de conteo de votos sea mejorado. Esto se pudo ver en varias elecciones pasadas. Los ecuatorianos pudieron conocer los resultados confiables el mismo día de la contienda electoral, y eso significó que las elecciones concluyan sin muchas novedades.
No obstante, la renuncia de la ex presidenta del órgano electoral obliga a mirar hacia atrás en cuanto a la gestión del organismo que presidió.
Por ejemplo, la falta de imparcialidad del CNE quizás ha sido uno de los cuestionamientos más importantes que ha recibido ese organismo. El reclamo colectivo por la falta de firmeza al momento de controlar el uso de recursos públicos en proselitismos político tanto a gobiernos locales como al gobierno central, ha sido uno de los temas que recurrentemente se le ha reclamado a su liderazgo.
De igual manera, la ausencia de control efectivo a la obligatoriedad de los funcionarios públicos de renunciar o pedir licencia cuando son candidatos ha sido evidente; provocando que hoy en Ecuador se haya normalizado el que las autoridades usen vallas, inauguren obras con su nombre y promuevan su imagen en permanente campaña a pesar de estar prohibido por la ley.
La falta de firmeza en sancionar la violencia política, la ausencia de decisión para promover una reforma al sistema de partidos que es urgente, y la nula voluntad para reducir el catastro de movimientos y partidos que han destruido la participación política, también es otro de sus legados.
La salida de la expresidenta ya es un hecho, y frente a ello el CNE se queda con iguales o mayores desafíos que antes. A partir de ahora, en el tiempo restante del proceso electoral, deberá demostrar a los ecuatorianos que sus decisiones no responden a presiones políticas de ningún tipo.
El Consejo Nacional Electoral post Atamaint tiene importantes tareas, como la aprobación de candidaturas, asignación de recursos, la organización de debates y transmisión de resultados. Consecuentemente está obligado a garantizar, no solamente transparencia absoluta, sino, sobre todo, independencia e imparcialidad en todo sentido.
Garantizar la seguridad tecnológica y la neutralidad política también son desafíos que asume el nuevo presidente José Cabrera. Le corresponderá enfocar sus esfuerzos no solo en hacer cumplir el calendario electoral, sino especialmente recuperar la confianza ciudadana.
Atamaint salió, pero quedó debiendo explicaciones al país.