El contralor Torres desafía a la Corte Constitucional, contradice al FMI y reniega de Montesquieu

Algo grande debe haber de por medio para que el contralor general del Estado, Mauricio Torres, inobserve una sentencia de la Corte Constitucional (CC) de 2024, que dispone a los organismos del Estado no exigir ningún formulario para acceder a información de relevancia pública, tal como él lo hizo, días atrás, al pedir registrar datos personales del solicitante de las declaraciones patrimoniales de los funcionarios.

Torres también contradice la Carta de Intención que firmó Ecuador con el Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2020, en la que ese organismo exigió al Estado ecuatoriano garantice un acceso fácil, libre e inmediato a las declaraciones patrimoniales juradas.

Pero, más que nada, reniega del barón de Montesquieu que, en su obra cumbre, El Espíritu de las Leyes (1748), defendía los mecanismos de control, los pesos y contrapesos, convencido de que el poder por sí mismo tiende al exceso y solo otro poder puede contenerlo, por lo que sentenció: “Para que no se abuse del poder, es preciso que el poder detenga al poder”.

Torres piensa diferente a Montesquieu, pero coincide con Pablo Celi, uno de sus antecesores, sentenciado y en prisión, que puso obstáculos digitales al acceso a la declaración patrimonial juramentada de los funcionarios públicos.

La decisión del contralor Torres provocó tal rechazo en las redes y medios de comunicación que lo forzó a restituir, en parte, el acceso al patrimonio de los funcionarios; pero, de manera insólita, se reserva para sí, conocer el año de las declaraciones y las fechas de ingreso y salida de los funcionarios, lo que resulta una burla para quien busca la información, que tampoco puede descargar los documentos en PDF.

Solo el contralor conocerá también el valor real de los inmuebles y su ubicación, así como si el funcionario público que declara posee o no cuentas en el exterior.

Esto contradice la tarea básica de vigilancia al poder de un contralor que en las democracias se apoya en el trabajo del periodismo, a fin de propiciar la transparencia.

Y hay más.

Que a quienes indagan el patrimonio de los funcionarios se le exige información personal, incluida la dirección IP de su ordenador, acrecientan las sospechas de que quizá lo que se busca es disuadirlos, porque nadie querrá que los investigados conozcan hasta la ubicación física de quienes los han investigado, en un país donde se actúa con venganza insospechada.

Que las restricciones se impongan ad-portas de las elecciones seccionales anticipadas genera suspicacias, porque el país sabe que algunas autoridades optarán por la reelección o una función diferente, y conocer el patrimonio que declararon al llegar al cargo y con el que salieron, es esencial para valorar la conducta ética en el ejercicio de sus funciones.

Si las restricciones hoy impuestas hubiesen estado en vigencia, nadie se habría enterado de que Luis Alvarado Campi, asambleísta alterno de ADN, que declaró un patrimonio de USD 66.000, adquirió por USD 2,6 millones el portal La Posta y radio Centro de Guayaquil.

Tampoco del millón de dólares que habría acumulado el presidente del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social (CPCCS), Andrés Fantonio, durante el tiempo que se ha desempeñado como funcionario público, como consta en su declaración patrimonial, y que él lo atribuye a la gestión de una escuela suya en La Garzota, en Guayaquil.

Con las restricciones de Torres nunca se hubiese conocido que Wilman Terán, el tristemente célebre expresidente del Consejo de la Judicatura, preso por asociación ilícita, mintió cuando declaró que su casa costaba USD 40.000 dólares, porque al allanarla todos vieron sus lujos por lo que debe costar varias veces más de lo declarado.

Cosa distinta es el mal gusto de la decoración, pero ese es tema aparte.

Algo extraño sucede con la Contraloría que, en cambio, no pudo “controlar” la filtración de un informe reservado que envió a la Fiscalía, con indicios de responsabilidad penal contra los jueces de la CC, José Luis Terán y Alí Lozada, antes siquiera haberlos notificado, y que publicó El Universo, diario recientemente vendido, con un despliegue inusitado.

Por qué el contralor desafía a la Corte Constitucional, incumple lo que el país acordó con el FMI y reniegue nada menos que de Montesquieu, son preguntas que ameritan urgente respuesta.

¿Las tiene usted?