La Contraloría restringe el acceso a las declaraciones patrimoniales de los funcionarios públicos

No es la primera vez que sucede. En mayo de 2021, la Contraloría General del Estado, bajo el mando del sentenciado Pablo Celi, implementó una serie de obstáculos digitales para acceder a las declaraciones patrimoniales juramentadas de los funcionarios públicos.

Celi decidió exigir que los solicitantes de la información pública se identifiquen y entreguen sus datos personales, incluido correo electrónico y cédula de ciudadanía, tras lo cual la entidad remitía los documentos solicitados de manera mutilada, sin la información completa y con marcas de agua con los datos de los ciudadanos peticionarios.

La medida duró poco, la Contraloría echó para atrás su decisión después de las críticas en redes sociales y la desaprobación de la mayoría de la opinión pública. Ahora, bajo la administración de Mauricio Torres la obstaculización se repite.

Desde el 20 de abril, la página de la Contraloría no permite acceder a las declaraciones patrimoniales de manera libre y abierta. La entidad, con una reforma al reglamento que rige la materia, estableció un candado que exige que el ciudadano solicitante entregue nuevamente:

• Su número de cédula, con la fecha de expedición.
• Su correo electrónico.
• Que acepte un aviso de privacidad.
• Y que introduzca un código de cuatro dígitos enviado a su email.

Sin embargo, una vez ingresada la información personal, la Contraloría no emite ningún documento. El sistema muestra una imagen con los datos casi ilegibles del funcionario público, puesto que el fondo de la página está completamente lleno con líneas diminutas que repiten los datos del solicitante.

Además, la entidad bloqueó el acceso al desglose de la información sobre los pasivos y activos de los funcionarios públicos. Es decir, ahora ya no se puede conocer el número y características de bienes muebles, inmuebles, cuentas bancarias nacionales y extranjeras, desglose de pasivos y otros detalles. 

Incluso, ya no se permite la descarga del documento, por lo que solamente se puede observarlo.

Según la Contraloría, "se ha identificado en los últimos días, la presencia de un alto número de conexiones externas(...) lo que ha provocado una degradación significativa en el rendimiento del servicio". Y argumentan que la reforma se dictó para evitar la divulgación de datos específicos que "puedan afectar la seguridad, intimidad personal o familiar del declarante". 

Previamente, varias secciones de la página web de la institución estuvieron fuera de servicio por "afectaciones".