Tras 45 días de juicio y dos meses de deliberación, la Corte Nacional de Justicia (CNJ) sentenció, en primera instancia, a 11 personas por delincuencia organizada en el denominado caso Las Torres.
El Tribunal de la Sala Penal de la CNJ dio a conocer, la tarde del 10 de febrero de 2023, la sentencia de primera instancia del caso Las Torres.
El juzgamiento estuvo a cargo de los jueces Walter Macías, quien fungió como ponente, Adrián Rojas y Mauricio Espinosa.
El juicio duró 45 días y culminó a mediados de diciembre de 2022. Los jueces se tomaron cerca de dos meses para deliberar y, finalmente, dieron a conocer su fallo.
Según la resolución oral, que se dio a conocer en la sala de audiencias del octavo piso de la Corte, el Tribunal por un voto unánime declaró culpables del delito de delincuencia organizada a 11 personas:
Además, para los sentenciados se suspenden sus derechos políticos durante el mismo tiempo que dure su estadía en la cárcel. Es decir, no podrán ser candidatos a ninguna dignidad.
Ahora, los sentenciados esperarán la notificación del fallo por escrito. Una vez cumplido ese trámite tendrán tres días para apelar la sentencia. Esa será la segunda instancia de proceso. Además, restará una instancia más de casación.
Este caso tiene otros dos procesados: Pedro Saona, tío político de Esteban Cel;, y Roy Calero, empresario que habría prestado sus cuentas para el cobro de sobornos.
Cuando se inició el juicio estaban prófugos. Saona cumple arresto domiciliario, pero su juzgamiento no se ha iniciado.
Reparación integral
Además, como parte del fallo oral, los jueces dieron a conocer los montos por multas y reparación integral que los juzgados deberán pagar cuando la sentencia esté ejecutada.
La Fiscalía había pedido el pago de una reparación de USD 4 millones al Estado por parte de los acusados. Pero los jueces dispusieron el pago de USD 250.000 para Celi y Flores, cada uno. Y de USD 100.000 para cada uno de los nueve colaboradores.
En total, la indemnización a favor del Estado será de USD 1,4 millones.
También se dispusieron otras medidas inmateriales cómo la colocación de una placa en la Secretaría General de la Presidencia de la República, en todas las sedes de la Contraloría, en las dependencias de Petroecuador y en todas las Gobernaciones del país. También la publicación de la sentencia en las páginas web de estas entidades.
Además, dispuso las siguientes multas:
- Pablo Celi y Pablo Flores: 150 salarios básicos unificados (USD 67.500).
- Natalia Cárdenas y Daniel Orellana: 30 salarios básicos unificados (13.500).
- Adolfo Agusto, Esteban Celi, Álvaro de Guzmán, Andrés Luque, Ángelo López y Xiomara Rodríguez: 20 salarios básicos unificados (USD 9.000).
- Martha Barrezueta: USD 788
El caso Las Torres y la sentencia
En el caso Las Torres, se persigue un presunto delito de delincuencia organizada. Según la teoría de la Fiscalía, entre 2017 y 2020, en Petroecuador, la Contraloría y la Secretaría General de la Presidencia funcionó una estructura criminal.
Esta presunta organización se dedicó a la gestión y cobro de sobornos a contratistas del Estado. Se señaló a la empresa Nolimit que hizo pagos a cambio del pago de facturas atrasadas y el desvanecimiento de glosas.
Esta teoría, según la Fiscalía, se demostró con los testimonios de Raúl de la Torre y Roberto Barrera, quienes eran los emisarios de los procesados para gestionar los sobornos. Ellos fueron sentenciados en Estados Unidos por lavado de activos.
En la lectura de la sentencia, el juez Walter Macías hizo un recuento de los hechos que logró probar la Fiscalía. Esto a través de testimonios, que se cotejaron con pericias y documentos.
Por ejemplo, sobre la existencia de un acuerdo para desvanecer glosas entre los procesados, el magistrado recordó que José Luis de la Paz, directivo de Nolimit, relató que conoció en 2017 a Esteban Celi, hermano del excontralor Pablo Celi.
Esteban Celi le contó a De la Paz, en esa conversación, que la Contraloría estaba a punto de glosar a su empresa y le ofreció solucionar este problema con un pago de USD 500.000. De la Paz confirmó que pagó USD 110.000 de este monto a través de Pedro Saona, tío político de Esteban Celi.
Para cotejar este relato, Macías señaló a una pericia sobre la empresa Monay Industries, que fue constituida por Nolimit en el extranjero. Desde esa cuenta sí se realizó la mencionada transferencia de USD 110.00 a Saona.
Respecto a la participación de Pablo Celi en esta trama, los jueces analizaron el testimonio de Luis Miño, funcionario de Contraloría, quien reemplazaba a Celi en sus ausencias. Miño aseguró firmó el desvanecimiento de glosas por pedido del entonces contralor.
Sobre la exigencia de pagos a cambio del pago de facturas represadas de Nolimit con Petroecuador, los jueces recordaron también el testimonio de De la Paz. Señalaron que el empresario relató la realización de varias reuniones en Quito y Miami para concertar esos pagos.
En una de esas citas, en abril de 2019, Raúl de la Torre y Roberto Barrera, como emisarios de Pablo Flores, exigieron el 20% de los USD 20 millones que Petroecuador debía a Nolimit a cambio de la gestión para el pago.
"Es un hecho que ocurrió la reunión y se exigió los sobornos y se planificó la forma en que se recibirían".
Walter Macías
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