¿La República del Miedo?

Es que tienen miedo.

Es una frase que se ha repetido demasiadas veces en muchos encuentros a los que, como periodista, he asistido en las últimas semanas.

Te lo dicen todos. Los empresarios, los gremios, los periodistas, la sociedad civil, la oposición, los activistas.

Miedo de qué, se podría preguntar un lector despistado.

Le contaría entonces algunas historias breves.

Tras hacer una entrevista con un personaje de la sociedad civil, en la que se cuestionaba a un ministro, una periodista recibió un mensaje directo del funcionario en cuestión. Sin palabras. Sin comentarios. Solamente el link, como quien dice: te estoy viendo.

Esa misma periodista fue prontamente visitada por el Servicio de Rentas Internas que, coincidencialmente, notó que tenía una empresa hace varios años. Que estaban revisando movimientos para revisar lavado de activos, le dijeron. Justo a su empresa que no factura hace años. Justo después de sus posturas críticas. Justo. Coincidencias.

Una líder gremial sostuvo una posición crítica en un medio de comunicación. Al día siguiente, otra institución estatal le visitó en su oficina para una inspección en la que le dieron cinco días para presentar documentación. Justo.

Una docente fue despedida de una universidad privada tras pronunciarse públicamente por los derechos de una funcionaria en la mira del gobierno.

De estos casos, hay por decenas. Algunos con nombre, apellido y denuncia pública. Joham Mejía, conductor del espacio digital Los Outsiders, ha contado en varias ocasiones que le despidieron de su trabajo en una universidad de Guayaquil por pedido de una ministra.

La comunicadora Justin Pincay también contó que fue separada de la empresa privada en la que había trabajado por nueve años, tras pronunciarse públicamente frente al silencio del gobierno en el caso de los niños de Las Malvinas. Le dijeron que era un “riesgo político”.

La activista y abogada Sybel Martínez contó que tras tomar el caso de 21 adolescentes que denunciaban violencia en la Casa Enrique Gallo, a cargo del Ministerio de Inclusión Económica y Social, MIES, entonces dirigido por Harold Burbano, le armaron una campaña de desprestigio en redes, sufrió un asalto en donde destrozaron su auto, y su hija y su esposo fueron despedidos de dos instituciones públicas.

Hernán Higuera, periodista de Ecuavisa, es de las más recientes. Estaba investigando a Progen hasta que a su esposa la separaron de una entidad pública en la que trabajaba y a su hijo le retiraron la plaza como médico interno en el Hospital Carlos Andrade Marín. Más coincidencias.

Monika Silva, activista polaca que denunció presuntos hechos de corrupción y reveló las amenazas y advertencias que había recibido fue encontrada muerta en su casa en Santa Elena. A horas de su muerte, el ministro del Interior nos dijo que se presumía un suicidio.

Viendo lo que a otros les pasa, ¿cómo no tener miedo?

El miedo ya no es una paranoia infundada ni un síntoma de cobardía; es la respuesta más elemental ante un poder que aplasta.

El cerco no se ha detenido en el activismo ni en la prensa; ha entrado de lleno en las altas esferas de la política. El caso más inverosímil ocurrió en la propia cúpula del poder: la vicepresidenta de la República, Verónica Abad, fue desterrada diplomáticamente a Israel y, poco después, su hijo fue detenido y recluido en una cárcel de máxima seguridad en el llamado "Caso Nene".

Una presión institucional sin precedentes que ella denunció abiertamente como una persecución política para forzar su salida que terminó ocurriendo con uso cuestionable de las instituciones estatales.

El pulso contra los gobiernos locales dejó claro que nadie es intocable. El alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, el principal contrapeso político y crítico del Ejecutivo desde la ciudad más poblada del país, está preso en una cárcel de alta seguridad sin sentencia ejecutoriada. Coincidencialmente, otros tres alcaldes de oposición enfrentan procesos judiciales o sanciones electorales que los dejan fuera de la contienda prevista para noviembre.

Y esto no se trata de defender políticos o tendencias. Ellos deben rendir cuentas siempre, independientemente de su tendencia política. Pero todos pues. No solamente la oposición.

Cuando la fiscalización se vuelve selectiva y la justicia opera con cronómetro electoral, deja de ser justicia y pasa a ser cacería. Y alecciona.

¿Cómo no tener miedo viendo lo que les pasa a otros? ¿A otros, incluso con capital político, económico o social?

El miedo en esta república ya no es una paranoia infundada ni un síntoma de cobardía; es la respuesta más elemental y humana ante un poder que aplasta, persigue, y usa el aparato del Estado como una máquina de extorsión personal.

Nadie puede juzgar a quien decide callar cuando el precio de hablar es ver a su familia destruida, su sustento arrebatado, su libertad condicionada o su vida en peligro.

Quienes tienen miedo de tener una voz, de investigar, de opinar, de revelar, de cuestionar, tienen toda la razón de tenerlo.

Eso sí, hay que recordar que entre las grietas de lo que pretenden quebrar, siempre entra una luz: la fuerza para no dejar que el silencio sea la última palabra.

Reconocer el miedo es el primer paso para entender la fragilidad de un gobierno que parece necesitar que su población viva en el terror constante.

Sin eso, ¿qué lo sostiene?