Organizaciones de derechos humanos rechazan condena de cárcel contra la activista Gabriela Panchana

Varias organizaciones de la sociedad civil de Ecuador rechazaron la condena a 30 días de prisión dictada contra la activista y comunicadora Gabriela Panchana. El inicio de la disputa se dio en torno al asesinato de la activista Mónika Silva.

La sentencia fue emitida el 27 de julio de 2026 por el juez José Intriago Williams, de la Unidad Judicial Multicompetente de Samborondón, tras una querella por supuestas afectaciones a la honra planteada por el abogado Luis de Guzmán.

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Además de la pena privativa de libertad, la resolución judicial dispone la obligación de ofrecer disculpas públicas.

El caso se remonta al 9 de junio de 2026 en la red social X (antes Twitter), un día después del asesinato no resuelto de la activista Monika Silva en la provincia de Santa Elena. En esa plataforma, Panchana señaló que Silva había entregado presuntamente documentación comprometedora a la Embajada de Estados Unidos y a la Administración de Control de Drogas de se país (DEA, por sus siglas en inglés).

A raíz de esa publicación, el abogado De Guzmán la cuestionó por politizar el hecho y comentó: “Deja la miseria”. Eso desencadenó un intercambio de comentarios en el que Panchana escribió que "miseria es ser operador de un poder mafioso", para posteriormente explicar que se trataba de una opinión general sin dirigirse de forma directa al denunciante.

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Tras el cruce de mensajes, De Guzmán interpuso una primera acción penal que fue archivada por el juzgado, al no cumplir con los requisitos procesales.

Posteriormente, el jurista presentó una segunda querella que fue admitida a trámite el 13 de julio de 2026 bajo procedimiento expedito. El juzgamiento se resolvió en una sola jornada de audiencia que duró 6 horas y 40 minutos.

Organizaciones como la Fundación Andina para la Observación y Estudio de Medios (Fundamedios) y el Comité por la Defensa de los Derechos Humanos de Guayaquil (CDH) denunciaron que se impidió el acceso de observadores a la audiencia telemática, a pesar de su carácter público.

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Fundamedios advirtió que sancionar con cárcel una publicación en redes sociales y bloquear la veeduría configura un patrón para desincentivar la libre expresión sobre asuntos de interés general, mientras que el CDH expresó preocupación por el uso del sistema penal para sancionar el disenso mediante “normas desproporcionadas”.

Varios periodistas se sumaron a las publicaciones de respaldo a la activista sentenciada, rechazando la medida del juez de primera instancia, la cual será apelada por Panchana, quien anunció que acudirá incluso a instancias internacionales.