¿La papeleta se diseña en Carondelet?

El síntoma más evidente del naufragio democrático es la pérdida de la equidad electoral. Una democracia está en serio riesgo cuando los ciudadanos acuden a las urnas no a elegir libremente, sino a votar entre las opciones que el poder central permitió sobrevivir.

El caso de la entonces vicepresidenta Verónica Abad sentó un precedente nefasto ante el pronunciamiento de organismos internacionales. Su inhabilitación administrativa impulsada desde el Ministerio del Trabajo y ratificada luego por el Tribunal Contencioso Electoral (TCE) —denunciada formalmente ante las Naciones Unidas (ONU) demostró que en el Ecuador actual las normas de sucesión constitucional pueden ser moldeadas al gusto del Ejecutivo con complicidad de funciones, en teoría, independientes

A este patrón se suma un despeje sistemático de la papeleta de cara al calendario electoral. Asistimos a una asfixia en regla sobre las fuerzas de oposición, ejecutada a través de fallos administrativos y resoluciones del Tribunal Contencioso Electoral (TCE).

El abanico de sanciones va desde la Revolución Ciudadana (RC) hasta el Movimiento Construye. La RC fue suspendida temporalmente con base en una investigación fiscal por presunto lavado de activos y financiamiento ilícito, sustentada misteriosamente en un informe bajo reserva. Construye, por su parte, fue cancelado definitivamente del registro electoral. Frente a la arbitrariedad, la militancia y dirigencia del correísmo buscaron reorganizarse rápidamente para no quedar fuera de las elecciones seccionales, cobijándose bajo la personería del movimiento Amigo.

Pero el cálculo del poder no deja cabos sueltos. Apenas un día antes de que venciera el plazo para la inscripción de alianzas, el inefable TCE le aplicó a Amigo la mismísima receta: suspensión inmediata y anulación de todo lo actuado. Con un solo plumazo eliminaron las precandidaturas anunciadas por esa lista, incluida la de Pabel Muñoz para la reelección a la alcaldía de Quito.

La jugada mañosa de este supuesto "árbitro imparcial" revela una perversión jurídica: si el movimiento Amigo ya no existe legalmente, ¿ante quién pueden renunciar los precandidatos para buscar el cobijo de otra tienda política? Ninguna.

La trampa está hecha para que no tengan ante quién renunciar y queden automáticamente fuera del tablero.

Esta purga normativa en la capital se complementa en el resto del territorio con el acoso penal y administrativo contra figuras con alta intención de voto en plazas determinantes como Guayaquil, Cuenca y Esmeraldas. Así se configura una cancha drásticamente inclinada, mucho antes de que el primer ciudadano acuda a las urnas.

Entonces, la pregunta cae por su propio peso: si la papeleta ya viene prediseñada desde Carondelet para asegurarle el triunfo al oficialismo, ¿para qué tenemos elecciones?

La respuesta es amarga: para sostener el espejismo. Para vender la ilusión de que aún habitamos en una democracia. Para engañarnos creyendo que es una "justicia independiente" la que procesa al alcalde de Guayaquil, Aquiles Alvarez, o que es una "función electoral libre" la que suspende a Cristian Zamora en Cuenca.

La miopía más peligrosa de la ciudadanía, de las élites y de la clase política es asumir que este es un problema exclusivo de la Revolución Ciudadana, de Construye o de la oposición.

Hace no mucho nos escandalizábamos al ver una papeleta electoral en Venezuela inundada con la cara de Nicolás Maduro en una decena de casillas, o hace unos días escuchábamos atónitos a Daniel Ortega en Nicaragua proclamar abiertamente que la época de las elecciones había terminado tras inhabilitar, encarcelar y enviar al exilio a toda su oposición.

Aquellos descalabros antidemocráticos que hoy condenamos en la región no comenzaron con una declaración abierta de dictadura; comenzaron exactamente así, justificando la arbitrariedad de a poco, porque el perseguido de turno nos era de nuestro agrado.

La tragedia de la democracia moderna es que ya no muere por un colapso repentino ni bajo el estruendo de un golpe de Estado. Se apaga lentamente, por cuotas, mermada por el miedo y la apatía social.

Su muerte se ejecuta desde adentro, utilizando las mismísimas instituciones y mecanismos del Estado de derecho como herramientas para destruirlo.

Cuando las leyes se tuercen para proscribir rivales y las instituciones se someten para garantizar la impunidad del poder de turno, el sistema democrático deja de ser una garantía cívica y se transforma en un simple cascarón vacío.

Hoy, nos siguen vendiendo una escenografía de un supuesto Estado de derecho, pero detrás del telón la obra parece estar escrita: un episodio tras otro de persecución, censura, hostigamiento y destrucción de las instituciones y la independencia de funciones.

Al final, salvo que la ciudadanía despierte, el riesgo parece inminente.