¿Quién protege al crimen organizado en Ecuador?

El último toque de queda de mayo dejó resultados apenas superficiales: más de 5.000 aprehendidos por violar la medida y más de 700 supuestos criminales vinculados con el crimen organizado. Sin embargo, el número de muertes no disminuyó de manera significativa. Solo en abril de 2026 se registraron 673 muertes violentas, mientras que en febrero de 2026, antes de los toques de queda a escala nacional, el país contabilizó 682 homicidios.

Hasta abril de este año, Ecuador acumulaba 2.778 muertes violentas, un promedio de 23,3 homicidios diarios. Incluso el Departamento de Estado de Estados Unidos considera que los toques de queda no constituyen una estrategia efectiva contra la criminalidad, sino una medida de resguardo temporal “para esperar hasta que el fenómeno pase”. La tasa de homicidios en Ecuador se mantiene elevada debido a la capacidad de adaptación del crimen organizado y de sus facilitadores. En lugar de perpetrar asesinatos durante la noche, los grupos criminales ahora los ejecutan a plena luz del día o en horarios sin restricciones de movilidad.

Investigaciones como el caso de Dritan Gjika podrían ofrecer pistas sobre dónde deberían concentrarse los esfuerzos estatales para reducir la tasa de homicidios y enfrentar la crisis de inseguridad. De acuerdo con Organized Crime and Corruption Reporting Project (Occrp), los mensajes de Sky ECC, obtenidos tras el hackeo de la plataforma, revelaron el nivel de infiltración de policías, aduanas y autoridades portuarias en Ecuador y en puertos de destino, que facilitaban activamente el envío de contenedores de droga hacia Europa.

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La información sobre el caso Gjika evidencia, además, que la respuesta estatal debería enfocarse menos en los operativos masivos y más en los actores que, desde las propias instituciones, sostienen las economías criminales. Mientras las organizaciones delictivas continúen contando con redes de apoyo dentro de puertos, aduanas y fuerzas de seguridad, su capacidad de reorganización seguirá siendo mayor que la del Estado para desarticularlas.

El principal problema del crimen organizado no radica únicamente en los actores criminales, sino en las redes de apoyo que les permiten operar y en la limitada capacidad del Estado para llevar a esas personas ante la justicia. Sin embargo, el sistema judicial ha hecho poco para fortalecer el Estado de derecho y reducir los niveles de impunidad.

Por otro lado, los métodos de tráfico de droga utilizados por la mafia balcánica durante la operación de Dritan Gjika también revelan un problema estructural. Compañías legales con una actividad económica aparentemente legítima operaban, en realidad, con pérdidas constantes, mientras el flujo real de capital provenía del narcotráfico hacia el norte global. La facilidad para abrir y cerrar empresas debería ser una alerta para el desarrollo de estrategias más sofisticadas contra el lavado de activos. A ello se suma la escasa participación de la sociedad civil y de las cámaras de comercio en la generación de reportes sólidos sobre empresas sospechosas.

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Anna Sergi sostiene que los grupos de crimen organizado no solo operan dentro de la sociedad, sino que moldean activamente espacios sociales. Al hacerlo, crean entornos organizacionales en los que instituciones, actores colectivos e individuos se interconectan a través de intereses compartidos, valores y flujos de dinero. En el ámbito portuario, señala que ni la policía tradicional ni las medidas de seguridad, incluyendo la seguridad privada y los escáneres de carga, han demostrado ser particularmente eficaces para frenar el crimen organizado y el tráfico ilícito.

Pese a ello, la respuesta estatal en Ecuador continúa concentrándose, en gran medida, en operativos masivos, estados de excepción y restricciones temporales de movilidad: fórmulas de seguridad que ya demostraron resultados limitados en países como México. Mientras las economías criminales sigan encontrando protección dentro de las propias instituciones y mantengan la capacidad de integrarse a circuitos legales de comercio y financiamiento, la violencia difícilmente disminuirá de manera sostenible.

La crisis de seguridad ecuatoriana no responde únicamente a una disputa por control territorial, sino a un problema más profundo: la progresiva normalización de redes criminales dentro de estructuras políticas, económicas y estatales. Lo más preocupante, sin embargo, es la resistencia sistemática a investigar y confrontar a los verdaderos centros de poder que sostienen y financian a los grupos de delincuencia organizada. La pregunta de fondo sigue siendo la misma: ¿a quiénes se está protegiendo realmente?