Entre planes y convenios de seguridad, siguen los asesinatos de funcionarios judiciales en Ecuador
Los asesinatos de un defensor público en Manta y un secretario de la Fiscalía en Salinas reactivan las alarmas sobre la seguridad judicial en Ecuador. Frente a casos de atentados, amenazas y asesinatos, el Estado responde con planes y el uso de avatares virtuales para los jueces.
Escena del crimen del asesinato de un defensor público asesinado en Manta, el 14 de agosto de 2026.
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La violencia contra los operadores de justicia en el país sumó dos nuevos casos: los asesinatos registrados en Manabí y en Santa Elena en los últimos cuatro días. Estos crímenes evidencian la indefensión en territorio de los funcionarios encargados de aplicar la ley.
La noche del 14 de agosto de 2026, el defensor público Lenín Zambrano, de 37 años, fue acribillado en Manta por hombres armados en una camioneta. La Policía encontró 17 casquillos en el sitio, confirmando el deceso del abogado.
Tres días después, la mañana del 17 de agosto de 2026, el secretario José Luis Merchán fue asesinado en Salinas. Varios disparos de sicarios en motocicleta impactaron su vehículo en los exteriores de la dependencia judicial. La Fiscalía anunció que investiga y rechazó el hecho.
En este contexto, en las últimas semanas, el Consejo de la Judicatura ha respondido con la adopción de dos resoluciones. Estas medidas administrativas buscan salvaguardar la integridad de los jueces ante el incremento de amenazas.
Pero los crímenes de Zambrano y Merchán no son aislados. El 22 de mayo de 2026, los secretarios de la Fiscalía César Velásquez y Víctor Pico fueron baleados.
Velásquez falleció en el sitio del atentado en el barrio Jocay, mientras que Pico murió un día después. Semanas después, el 14 de junio de 2026, la agente fiscal Alexandra Bravo fue asesinada en Manta.
Bravo y su hermana Olinda Emperatriz fueron atacadas en el sector Flavio Reyes tras salir de una cafetería. La fiscal llevaba causas por delincuencia organizada y el incendio de 27 embarcaciones ocurrido el 6 de junio de 2026.
La Fiscalía de Manabí ha sufrido también la baja de otros fiscales como Luz Marina Delgado y Marcelo Vásconez en los últimos años. Registros previos muestran que al menos 10 servidores judiciales fueron atacados en esa provincia desde 2022.
Las resoluciones de la Judicatura para frenar el asedio
Frente a este asedio criminal, el Pleno del Consejo de la Judicatura emitió la Resolución 162-2026 el 6 de agosto de 2026. Este acto administrativo aprobó de forma unánime el Plan de Seguridad Integral de la Función Judicial.
Un diagnóstico de seguridad de mayo de 2026, que sirvió como base, determinó que 184 dependencias judiciales poseen seguridad y 116 carecen de ella. El informe, además, reveló que 127 servidores reportaron amenazas y 23 sufrieron violencia en sus cargos.
Previamente, el Observatorio de Derechos y Justicia había denunciado una desprotección estructural de los operadores. El organismo social registró 43 atentados contra servidores judiciales y 25 víctimas mortales entre 2020 y 2026.
El plan aprobado establece pautas excepcionales para autorizar la modalidad de teletrabajo con base en el nivel de riesgo. Un riesgo del 0% al 30% permite hasta 30 días, mientras que un nivel del 90% al 100% otorga hasta 365 días.
La solicitud de protección por teletrabajo exige una denuncia formal en la Fiscalía y el trámite de un informe policial de amenazas. También se incorporó una guía clínica de primeros auxilios psicológicos para los funcionarios.
Además, el Consejo de la Judicatura firmó un convenio de cooperación con el Ministerio del Interior el 8 de julio de 2026. Este acuerdo coordinará el despliegue de hasta un máximo de 200 servidores policiales en las dependencias.
La segunda medida de protección tecnológica es la Resolución 164-2026, aprobada el 7 de agosto de 2026. Esta norma regula el uso de avatares digitales institucionales durante el desarrollo de audiencias telemáticas.
El protocolo técnico protege los rasgos faciales, la estructura ósea y la gesticulación de los jueces frente al reconocimiento facial. La medida extraordinaria aplica en casos de terrorismo, narcotráfico, secuestro y extorsión.
El diseño del avatar institucional debe transmitir sobriedad, imparcialidad y solemnidad en Zoom o Google Meet. Queda prohibido usar figuras caricaturescas, humorísticas o comerciales en las comparecencias virtuales.
La posición de la Judicatura
En entrevista con PRIMICIAS, la presidenta del Consejo de la Judicatura, Mercedes Caicedo, abordó la seguridad de los funcionarios. La funcionaria de la institución judicial detalló las limitaciones que enfrentan en territorio.
Caicedo aclaró que la entidad no dispone de agentes policiales para entregar protección directa a los juzgadores. El Consejo de la Judicatura carece de esa competencia, por lo que implementó una unidad de enlace con otras carteras.
La presidenta destacó la búsqueda de cooperación internacional tras concretar reuniones técnicas con el Consejo de la Magistratura en Italia. El intercambio analizó la experiencia de los encargados de la protección para crear protocolos.
La Judicatura también impulsa el acompañamiento de las familias de los servidores a través del Programa de Víctimas y Testigos de la Fiscalía. Esta medida busca dar seguimiento a las amenazas dirigidas al núcleo familiar de los jueces.
Mercedes Caicedo ratificó que realizan el seguimiento penal del asesinato de Lady Pachar para evitar la impunidad. El crimen de la magistrada de 41 años ocurrió en Machala el 11 de mayo de 2026 y conmocionó al sistema judicial.
La jueza de lo penal del cantón Santa Rosa poseía un nivel de riesgo medio tras figurar en panfletos amenazantes en octubre de 2025. A pesar de contar con dos custodios policiales, ninguno la acompañaba al momento del ataque armado.
Uno de sus escoltas realizaba capacitaciones en Quito, mientras el otro argumentó que la jueza se acogió al teletrabajo. El uniformado mantenía contacto únicamente por vía telefónica al instante en que ella fue interceptada en su auto.
El atentado contra Pachar motivó el pronunciamiento de la Corte Constitucional el 14 de mayo de 2026. La magistratura constitucional advirtió sobre las graves condiciones de riesgo bajo las cuales laboran los juzgadores penales del país.
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