Consejo de la Judicatura hace oficial la denuncia por el asesinato de la jueza Lady Pachar, en Machala
La presidenta de la Judicatura, Mercedes Caicedo, se reunió con las autoridades de justicia de El Oro. Se instalarán mesas técnicas desde la siguiente semana para evaluar el tema seguridad para jueces y fiscales, tras el asesinato de Lady Pachar.
Mercedes Caicedo, presidenta del Consejo de la Judicatura, en la presentación de la denuncia el 15 de mayo de 2026.
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Consejo de la Judicatura.
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Redacción Primicias
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La presidenta del Consejo de la Judicatura (CJ) se traslado a la ciudad de Machala para presentar una denuncia ante la Fiscalía por el crimen de la jueza de Machala, Lady Pachar, ocurrido el 12 de mayo de 2026.
La funcionaria arribó a la provincia de El Oro el viernes 15 de mayo para reunirse con las autoridades de justicia de la provincia y adoptar medidas de protección para jueces y fiscales que operan en esa localidad.
"No podemos morir por nuestras decisiones judiciales, eso no se tolera"
Mercedes Caicedo, presidenta del Consejo de la Judicatura
Durante su estadía mantuvo un encuentro con el fiscal provincial Carlos Franco y con el presidente de la Corte Provincial, Carlos Cabrera y otros jueces de Machala, que expresaron su preocupación por la creciente violencia.
Caicedo aseguró a los magistrados que "no están solos en la lucha contra la corrupción y el crimen organizado. Estamos aquí para respaldar y aportar en todo lo necesario en favor de la administración de justicia" , sostuvo.
Durante la reunión la presidenta Caicedo informó que el pleno del CJ ha adoptado medidas relacionadas con la seguridad institucional. Entre ellas, anunció la instalación de mesas técnicas que abordarán este tema desde la semana entrante.
Durante esta semana, el CJ trabajó en varios lineamientos orientados a preservar la integridad de los servidores y usuarios del sistema judicial.
Por ejemplo, dispuso que las direcciones provinciales de la institución remitan a las autoridades nacionales un informe urgente y detallado sobre las dependencias y servidores que han sido objeto de violencia.
Además, se propuso la creación de una instancia de coordinación con el Ministerio del Interior, para dar seguimiento a las solicitudes de seguridad de funcionarios judiciales.
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