La crisis en Paraguay: los banqueros y la política
Fellow en Estudios Latinoamericanos del Instituto Cato. Entre 2006-2026 escribió para El Universo (Ecuador). Es autora de En busca de la libertad: Vida y obra de los próceres liberales en Iberoamérica (Editorial Planeta, 2025).
Actualizada:
Es difícil para un ecuatoriano que supera la edad promedio no sentir un déjà vu al presenciar los incidentes de esta semana en Paraguay: grupos económicos importantes, cada uno con sus jugadores políticos y medios de comunicación, atacándose por el control del poder. En algunos países, las reglas del juego hacen que los banqueros encuentren más rentable cultivar relaciones con los políticos que con los clientes.
Lo acontecido con Ueno Bank no se explica por un solo banquero deshonesto, sino por un contexto de incentivos perversos. Cuando los reguladores y políticos tienen amplios poderes para intervenir en el mercado, un banco puede crecer más rápido cortejando a quienes están en el poder que compitiendo por clientes ofreciendo mejores servicios a un mejor precio. Quienes favorecen a un banco desde el Estado tienen el incentivo de beneficiarse personalmente a costa de otros.
En estos contextos es común la puerta giratoria entre los directorios de los bancos privados y el banco central. Carlos Carvallo fue presidente de la financiera Ueno (que luego se convirtió en Ueno Bank) hasta antes de asumir el cargo de director del Banco Central de Paraguay (BCP) en 2023. Santiago Peña fue accionista de Ueno Holding, la sociedad del grupo dueño del banco, hasta principios de 2025. Es decir, siguió siendo accionista durante sus primeros 19 meses en la Presidencia. El presidente del Ueno Bank al momento de su disolución esta semana, Juan Pablo Gustale, fue miembro titular del Banco Nacional de Fomento y “ocupó cargos clave” en el BCP.
Pareciera que el Ueno Bank no creció principalmente por ganarse a más clientes, sino gracias a favores políticos. Un año clave fue 2024, año en que el BCP viabilizó la fusión de Ueno con el Visión Banco y le permitió diferir a 20 años la pérdida por una cartera incobrable de aproximadamente $300 millones que contenía este último. Gustale dijo que el BCP “hace este tipo de operación caso por caso en cada fusión”.
Un cambio en las normas del Instituto de Previsión Social (IPS) a fines de octubre de 2023 allanó el camino para que el IPS destinara cada vez más fondos de los afiliados al Ueno Bank. La participación de Ueno en las inversiones del IPS en Certificados de Depósito de Ahorro (CDAs) en guaraníes pasó de 1% en 2023 a 8,4% en 2024 y 19,7% en 2025. Para junio de 2026, el Ueno Bank, un banco con apenas tres años de vida, había llegado a tener 2,9 millones de clientes, o 63% de la población adulta.
Había reglas para evitar lo sucedido, pero las reglas no importan cuando hay captura regulatoria. La Superintendencia de Bancos y el BCP ambos parecían estar trabajando para favorecer a un actor vinculado con el director del BCP y el gobierno.
La disciplina no vino de la competencia en el mercado, sino de la competencia por el poder entre facciones del Partido Colorado: la del expresidente Horacio Cartes contra la de Santiago Peña, quien acaba de renunciar a la presidencia.
Finalmente, está la característica más preocupante: el riesgo moral de actuar con irresponsabilidad ante la expectativa de que el Estado cubrirá las pérdidas. El Congreso paraguayo aprobó urgentemente una ley para adelantar pagos a los ahorristas con el Fondo de Garantía de Depósitos y ya hay presiones para usar ese mismo fondo, financiado por los clientes de todos los bancos, para cubrir los depósitos del IPS. Nuevamente, se pretende socializar las pérdidas de decisiones particulares.
Este es el clásico capitalismo de compadres que tanta mala fama le ha dado al liberalismo en América Latina.
En Ecuador, esa peligrosa complicidad entre banca y política se vio severamente limitada con la dolarización. Sin la posibilidad de emitir moneda para rescatar bancos, los actores tienen menos razones para esperar un salvataje ante un comportamiento irresponsable. Tal vez por eso, desde que adoptaron el dólar, ninguna de las tres economías dolarizadas de América Latina (Ecuador, El Salvador y Panamá) ha sufrido una crisis bancaria sistémica, salvo la de Panamá en 1988, provocada por el enfrentamiento entre el régimen de Noriega y Estados Unidos.
Pero la moneda no cambia al regulador ni al administrador de los fondos de pensiones. Por eso, estaríamos más a salvo de un incidente como el de Ueno Bank si el ahorro de los trabajadores no estuviese monopolizado por el IESS y ellos tuvieran libertad para elegir en qué se invierte, así como si el sistema financiero estuviese integrado al resto del mundo.