Acorralado por un pedido de juicio político, el presidente de Paraguay, Santiago Peña, confirmó su renuncia al cargo, en medio de crisis política por cierre del banco Ueno Bank, que ha dejado a miles sin sus depósitos. 

La salida de Peña del poder en Paraguay ocurrió este 5 de noviembre, poco antes de ser sometido a un juicio político en el Congreso, que incluso era apoyado por el partido de gobierno. 

Todo se desató tras la intervención de Ueno bank, una entidad privada a la que Peña ha sido vinculado, y que durante su gestión recibió millonarios recursos de entidades públicas.

A raíz de la crisis, Peña debió suspender su participación en la XXX Cumbre Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno, que se celebra en Madrid.

La intervención a Ueno Bank

El Banco Central del Paraguay (BCP) ordenó el martes un proceso de resolución o cierre de Ueno, una entidad que durante la gestión de Peña recibió millonarios recursos de entidades públicas.

La entidad emisora detectó que el índice de solvencia del banco, con 2,9 millones de clientes en un país de 6,1 millones de habitantes, había caído por debajo del 50% del mínimo exigido, "como consecuencia de ajustes realizados a sus estados financieros durante el proceso de regularización".

La decisión ha desatado una crisis ante los reclamos de miles de usuarios preocupados por sus ahorros, mientras se ha conocido que millonarios recursos de entidades oficiales están en esa entidad, que además patrocina a equipos locales de fútbol y eventos como la etapa en el país del Mundial de Rally.

Peligran las pensiones

La acusación contra Peña advierte de un supuesto conflicto de intereses, una presunta cooptación del Estado y el desmantelamiento del marco legal sobre puertas giratorias. Entre los argumentos menciona los vínculos de Peña con Ueno Holding, un conglomerado que agrupa distintas empresas, entre ellas Ueno bank.

El mandatario vendió sus acciones en ese grupo en abril de 2025.

Además, menciona la designación en 2023 de Carlos Carvallo como titular del BCP, quien presidió la Financiera Ueno, de la que nació la entidad intervenida en una operación, según el texto, autorizada por el Directorio del emisor "83 días después de ese nombramiento".

Igualmente, se denuncia una "injerencia presidencial indebida en el Instituto de Previsión Social (IPS) y el favorecimiento de Ueno".

Lo riesgoso es que el IPS maneja el sistema de pensiones de la mayoría de los trabajadores en el país, es decir, posee unos USD 355 millones en la entidad hoy cerrada, según reconoció la gerente financiera de esa institución, Gladys Vera.