Durante las últimas semanas hemos visto que las lluvias han provocado afectaciones gravísimas en las 24 provincias del país.

Con un fenómeno de El Niño, que está apenas en su fase inicial, el saldo preliminar ya es crítico: once personas fallecidas, cuatro en Azuay, tres en El Oro, dos en Guayas, una en Pichincha y otra en Galápagos; al menos cuatro heridos, más de 25 kilómetros de vías afectadas viales y miles de familias que han tenido que ver sus viviendas inundadas y sus muebles y objetos personales destruidos.

Sí así son los primeros estragos de este fenómeno que ya se ha advertido, podría ser el más devastador desde finales de los noventa, ¿qué puede esperar el país frente a un ciclo invernal que alcanzará sus meses más intensos entre enero y marzo, con suelos ya saturados y cuencas al límite?

La insípida respuesta institucional de los primeros efectos es preocupante.

La vulnerabilidad del territorio ha quedado en evidencia en distintas zonas, una de las más afectadas, la isla Santa Cruz, en Galápagos. Bastaron 48 horas de lluvia para que el principal polo turístico del archipiélago quedara incomunicado, con cortes de servicios básicos, dos mil familias perjudicadas y su infraestructura médica y de conectividad vial colapsada.

Las imágenes evidencian la magnitud de estas primeras lluvias en un territorio con alta exposición internacional pero con pocos planes de contingencia que lo protejan ante estos riesgos.

Lo que hemos visto estos días son los efectos climáticos de un país con una falta de previsión generalizada y con un gobierno que parece absolutamente desconectado de las urgencias de sus mandantes.

Mientras las redes sociales se llenaban de imágenes de sectores enteros inundados y familias haciendo esfuerzos sobrehumanos para rescatar algo de sus pertenencias en Guayas, Azuay, Galápagos y Los Ríos, la ausencia del Presidente de la República era notoria.

• El privilegio de hacer preguntas

Durante los cuatro días de feriado, varios cantones estuvieron en el absoluto abandono. Los noticieros y las redes compartían imágenes de gente desesperada, cuestionando la falta de respuesta estatal.

Esta no ha pasado de ser un trámite burocrático y distante, desde el poder central. El Ejecutivo se limitó a sesionar a través de comités y a ofrecer un bono de reparación económica que difícilmente podrá ser canalizado si hasta el momento no existe información clara sobre el levantamiento de un padrón de beneficiarios o mecanismos de entrega.

Es necesaria una coordinación que debe hacerse a través de los comités, sin embargo es insuficiente responder desde el escritorio. Se requiere maquinaria para despejar vías, albergues dignos y presencia en las zonas afectadas para ofrecer respuestas inmediatas mientras se planifican, con presupuesto, planes para las próximas lluvias que, se sabe, no cesarán hasta el primer trimestre del próximo año.

El inicio de este ciclo invernal deja al descubierto un Estado que reacciona a destiempo y que delega el costo de la imprevisión en la propia gente.

Si ante los primeros embates de las lluvias la conducción nacional opta por la ausencia y la falta de transparencia en la canalización del auxilio, la perspectiva para los meses de mayor intensidad climática es alarmante.

Gobernar una catástrofe exige liderazgo efectivo en el terreno, coordinación entre las instituciones estatales incluyendo las alcaldías y prefecturas, además de recursos operativos inmediatos. Esa responsabilidad recae sobre la figura del Presidente de la República que en momentos de crisis es el primer llamado a dar la cara y ofrecer soluciones inmediatas.