Las estrategias de prevención del lavado de activos (AML) alrededor del mundo, según varios expertos, comparten un denominador común: no funcionan. Como sostiene John Cassara, exagente de la CIA y de la Red de Control de Delitos Financieros de EE. UU. (FinCEN), existen intereses creados tanto en el gobierno como en la industria, particularmente en la industria del cumplimiento normativo en materia de prevención del lavado de activos y en las asociaciones que se benefician económicamente del statu quo.

Las estimaciones oficiales suelen situar el lavado de activos entre el 3 % y el 5 % del PIB mundial. Sin embargo, estas cifras se basan principalmente en transacciones sospechosas detectadas únicamente en el sistema financiero formal, dejando de lado otros métodos de lavado de dinero ilícito, como el lavado de activos basado en el comercio internacional, las criptomonedas y el sistema hawala. Como resultado, estas estimaciones ofrecen una visión limitada de la verdadera magnitud del problema. Por ende, se mantiene mi apreciación de que en la región de América Latina el lavado representa un estimado del 30%-40% del PIB. En Ecuador, fácilmente el 40% del PIB proviene de diferentes métodos de lavado, como de diferentes mercados criminales.

La facilidad con la que se lavan activos en América Latina y en el mundo quedó aún más en evidencia con la investigación de los Panama Papers. Esta reveló cómo el bufete panameño Mossack Fonseca había constituido más de 200.000 sociedades offshore, es decir, empresas registradas en jurisdicciones extranjeras, que servían como mecanismos para ocultar el patrimonio y los ingresos de políticos corruptos y otras personas.

Por otro lado, las Islas Vírgenes Británicas, ampliamente conocidas como un centro financiero offshore, ofrecen otro ejemplo de la brecha entre la magnitud de las actividades financieras ilícitas y la respuesta de los organismos de control. A pesar de su relevancia en el mundo de las sociedades offshore, registraron apenas una condena por lavado de activos en 2014.

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A escala mundial, la tasa de éxito en el procesamiento judicial de quienes ocultan patrimonio de origen ilícito sigue siendo inferior al 1 %. Incluso en Estados Unidos, que cuenta con uno de los marcos regulatorios más sólidos en materia de prevención del lavado de activos, Cassara estima que quienes cometen este delito enfrentan menos de un 5 % de probabilidades de ser condenados. Esta situación guarda relación con la realidad ecuatoriana, donde el índice de impunidad en los casos de lavado de activos alcanza el 95% según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado, por ende, en su último reporte mencionan que 3 de cada 4 procesos de lavado de activos no registran sentencia.

El Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO) señala que las extorsiones se han convertido en un mecanismo particularmente relevante para el lavado de activos, cuya incidencia ha aumentado significativamente en los últimos años. Esto se explica por la posibilidad de introducir los recursos obtenidos mediante extorsiones en circuitos económicos aparentemente legales, a través de esquemas piramidales o préstamos ilegales.

En 2025, las provincias que concentraron la mayor proporción de casos de usura y captación ilegal de dinero fueron Tungurahua, con el 29,2 % del total, seguida de Pichincha, con el 12,7 %; Guayas y Chimborazo, con el 12 % cada una; y Loja, con el 6 %. Una de las principales limitaciones del reporte es que considera las extorsiones como una modalidad de captación ilegal de dinero, pero no incorpora los flujos financieros ni otras metodologías más contemporáneas de lavado de activos.

Finalmente, a las trabas administrativas y a los engorrosos procedimientos establecidos en la legislación ecuatoriana se suma una limitación en los procesos de investigación: los esquemas de lavado de activos suelen abordarse de manera que su responsabilidad sea atribuible a una sola persona o criminal, sin identificar la red de facilitadores que hace posible su funcionamiento. Sin embargo, el lavado de activos difícilmente puede ejecutarse de manera individual o con la participación de unas pocas personas. Por el contrario, requiere de múltiples actores y, en ocasiones, de la complicidad de instituciones públicas y privadas, a través de redes de corrupción.

Al final, el problema es que seguimos persiguiendo a quienes lavan el dinero, pero no estamos investigando a toda la red de complicidades que hace posible que ese dinero circule, se oculte y termine integrado en la economía legal.