El error metodológico es negar que el lavado de activos pueda representar el 40% del PIB ecuatoriano

Cada vez que se afirma que el lavado de activos equivale aproximadamente al 40% del PIB del Ecuador, aparecen las mismas objeciones: que no existe evidencia, que la estimación es metodológicamente incorrecta o académicamente débil y, más sorprendente aún, que la Red de Control de Delitos Financieros del Departamento del Tesoro (Financial Crimes Enforcement Network, FINCEN) debería publicar un desglose de las operaciones, como si la inteligencia financiera funcionara con recibos de compra y venta. La realidad es otra: se trata de inteligencia nacional cuya naturaleza impide su divulgación pública. En otras palabras, el último argumento es ridículo: exigir que FINCEN revele información de inteligencia para demostrar la existencia del lavado equivale a desconocer cómo funciona la inteligencia financiera.

Lo más llamativo es que muchas de estas críticas provienen de personas con "señoría" que nunca han estudiado seriamente la prevención del lavado de activos (AML) o de voces con trayectoria que siguen analizando el fenómeno con marcos conceptuales de otra época.

Vale la pena hablar del lavado de activos en el Ecuador de 2026. Aunque el país aún no enfrenta esquemas tan sofisticados como los observados en Chile, Colombia o Brasil, donde el lavado mediante criptoactivos mueve volúmenes cada vez mayores, esa realidad todavía no caracteriza al Ecuador. Sin embargo, llegará más temprano que tarde.

En Ecuador existen múltiples mecanismos de lavado de activos que, en conjunto, permiten sostener una estimación cercana al 40% del PIB. John Cassara, exagente de FINCEN, señaló que "El lavado de activos en Estados Unidos equivale aproximadamente al 15% del PIB. En América Latina esta proporción aumenta hasta el 30%-40%, simplemente porque existe corrupción, las unidades de inteligencia financiera son muy débiles y, en términos generales, no hay interés suficiente para enfrentarlo".

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En el caso ecuatoriano, el crecimiento acelerado del crimen organizado en pocos años, sumado a la dolarización, permite sostener que el lavado de activos representa aproximadamente el 40% del PIB. Plantear una cifra superior, sin evidencia adicional, sí sería metodológicamente deficiente.

El lavado de activos adopta múltiples modalidades. Ocurre mediante el trade-based money laundering (lavado de dinero basado en el comercio), en la banca formal e informal, y a través del comercio de productos de contrabando y operaciones espejo, entre otras.

Según Kramer, de Vries y Blokland, los esquemas contemporáneos de lavado de activos suelen involucrar transferencias transfronterizas de fondos ilícitos, empresas de fachada (shell companies) e inversiones en bienes raíces en el extranjero. Estos esquemas requieren facilitadores, o brokers, quienes, sin participar directamente en el narcotráfico, aportan las redes de contacto y la experiencia necesarias para hacer posible el lavado.

Estos intermediarios desempeñan un papel central en la integración de recursos ilícitos en la economía legal. Cuando organizaciones criminales nacionales e internacionales buscan invertir sus ganancias en bienes inmuebles, recurren a mecanismos como los préstamos de retorno (loan-back schemes), que terminan convirtiéndose en fraude hipotecario para ocultar el origen de los fondos. Este tipo de esquemas es más frecuente en países con marcos de AML desactualizados y altos niveles de corrupción.

He sostenido durante años que combatir el lavado como el crimen organizado en Ecuador exige ir más allá de perseguir a quienes cometen los delitos. Es indispensable desmantelar las estructuras económicas y políticas que permiten a las organizaciones criminales operar. En otras palabras, hay que ir detrás de los intermediarios, facilitadores, “brokers”.

En materia de lavado de activos, esos intermediarios son esenciales. A través de sistemas de banca clandestina que equilibran débitos y créditos, transfiriendo valor sin mover físicamente el dinero. En muchos casos, las transacciones se compensan con mercancías comercializadas en mercados informales, como en La Bahía, o en circuitos en los que el control tributario es flexible.

Las organizaciones que generan recursos ilícitos deben integrarse a la economía formal. Para lograrlo recurren a la compra de bienes inmuebles, empresas de fachada y estructuras documentales que ocultan el origen de los fondos. Todo ello requiere la participación activa de agentes inmobiliarios, notarios, contadores, abogados y asesores financieros. Son estos intermediarios quienes convierten el dinero criminal en dinero con apariencia de legalidad.