La ruta del lavado de activos: en Ecuador circulan al menos USD 5.000 millones ilícitos
Con un volumen estimado que podría superar los USD 5.000 millones anuales —cerca del 4% del PIB—, el lavado de activos en Ecuador alcanza una dimensión comparable al tamaño de sectores productivos completos.
Empresario esconde dinero en efectivo en un sobre
- Foto
Canva
Autor:
Actualizada:
Compartir:
No se trata de recursos marginales ni aislados. Es una corriente económica de gran escala: capital que circula, se invierte y se integra en actividades formales. Este fenómeno no solo tiene implicaciones penales, también distorsiona mercados y debilita la recaudación fiscal.
Aquí le explicamos la magnitud real del problema y los mecanismos que permiten su funcionamiento.
Medir lo que no se ve
Cuantificar el lavado de activos no es directo. Por definición, es un flujo que busca ocultarse. No existe una cifra oficial consolidada.
A nivel internacional, modelos econométricos como el Walker Gravity Model estiman que entre el 2% y el 5% del PIB global corresponde a dinero ilícito lavado cada año.
En términos simples, el lavado de activos tiende a concentrarse en economías donde el dinero puede mezclarse con facilidad: sistemas financieros amplios, mercados dinámicos y controles débiles o vulnerables.
En una investigación exclusiva para Gestión, se construyó una estimación basada en los principales mercados ilícitos que operan en el Ecuador, cuyos flujos terminan integrándose a la economía formal.
El narcotráfico, el punto de partida
El narcotráfico constituye la principal expresión de la criminalidad en Ecuador.
Según el Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado (OECO), en su Informe de Caracterización del Crimen Organizado 2025, entre enero y septiembre del año pasado se incautaron 166,31 toneladas de droga, lo que equivale a unas 220 toneladas anuales.
Este dato, sin embargo, refleja solo una fracción del total que circula.
Si se asume —como es estándar en el análisis de economías ilícitas— que las incautaciones representan alrededor del 20% del flujo real, el volumen total que transita por el país superaría el millón de kilos anuales. A precios conservadores de USD 2.000 por kilo, esto implica unos USD 2.200 millones buscando ser lavados.
A este monto se suma la minería ilegal, que según el mismo informe ya es el segundo mercado ilícito del país y genera alrededor de USD 1.300 millones anuales.
Corrupción, el dinero dentro del Estado
El tercer componente es la corrupción asociada a la contratación pública.
La información oficial del Servicio Nacional de Contratación Pública (SERCOP) muestra que entre enero y julio de 2025 se adjudicaron cerca de USD 4.000 millones en contratos públicos, lo que anualizado equivale a aproximadamente USD 6.800 millones.
Con una estimación de entre 8% y 10% en pagos irregulares que involucrarían al menos la mitad de los contratos públicos, esto implica unos USD 300 millones. Aunque estimaciones del Gobierno sugieren que este monto podría alcanzar hasta USD 930 millones anuales.
La contratación estatal cumple un doble rol: no solo genera recursos ilícitos, sino que facilita su integración al sistema mediante pagos aparentemente legales, obras ejecutadas y contratos formalmente válidos.
Lo que sí se puede medir y lo que no se ve, pero existe
En conjunto, las tres principales actividades generadoras de dinero ilícito —narcotráfico, minería ilegal y corrupción— mueven alrededor de USD 4.000 millones y representan la mayor parte del flujo ilegal.
Sin embargo, el sistema criminal es más amplio.
Incluye actividades como extorsión, trata de personas, tráfico de migrantes, delitos financieros, economía informal ilícita y evasión tributaria, cuyos flujos no pueden medirse con la misma precisión, pero forman parte del dinero que se lava.
Se calcula que estos componentes representan un 20% del total, por lo que se estiman aproximadamente USD 1.000 millones adicionales.
El resultado: una economía paralela
En total, el dinero que ingresa a la economía ecuatoriana buscando ser lavado bordea al menos los USD 5.000 millones anuales, lo que equivale a cerca del 4% del PIB de 2025.
Más allá de una estimación puntual, este cálculo permite dimensionar la magnitud de un fenómeno que opera dentro de la economía ecuatoriana, pero fuera de sus reglas.
Un problema del tamaño de sectores completos
El lavado de activos en Ecuador no solo es relevante por su dimensión penal, sino por su peso económico.
Con una estimación cercana a los USD 5.000 millones anuales y un PIB preliminar calculado por el Banco Central, de USD 130.320 millones, el fenómeno equivale aproximadamente al 4% de la economía.
Su magnitud se refleja en el siguiente Gráfico; es similar al tamaño del sector de la construcción, supera actividades como la pesca y el turismo, y no está lejos de sectores estratégicos como el petróleo, la minería y el mercado inmobiliario.
Incluso representa cerca de la mitad del valor agregado de la agricultura, uno de los principales motores productivos del país.
En términos económicos, si el lavado de activos fuera una actividad productiva, estaría entre las más relevantes de la economía ecuatoriana. Es una economía paralela que opera dentro del sistema.
Cómo se lava el dinero en Ecuador
El lavado de activos no ocurre en abstracto. Se materializa en operaciones concretas que permiten que el dinero ilícito se mezcle con la economía formal.
En Ecuador, estos mecanismos no siempre son sofisticados. Muchos operan a través de actividades cotidianas, aprovechando vacíos de control, altos niveles de informalidad y sectores con gran circulación de efectivo.
El “pitufeo”: fragmentar para ocultar
Uno de los mecanismos identificados en el Informe de Caracterización del Crimen Organizado es el denominado “pitufeo”: la fragmentación de grandes sumas de dinero en múltiples transacciones pequeñas para evitar controles y alertas del sistema financiero.
A través de depósitos sucesivos, transferencias de bajo monto o el uso de terceros, los recursos se dispersan para luego reingresar al sistema con apariencia de legalidad.
El sistema financiero ha fortalecido sus controles en los últimos años, lo que ha dificultado el ingreso directo de grandes montos ilícitos. Sin embargo, precisamente por eso, el “pitufeo” se convierte en uno de los mecanismos más complejos de detectar: no por su sofisticación, sino por su volumen y fragmentación.
Bienes raíces y negocios en efectivo
Otro canal frecuente es la inversión en bienes raíces. La compra de terrenos, departamentos o proyectos inmobiliarios permite introducir grandes cantidades de dinero en la economía, especialmente cuando se utilizan pagos en efectivo o estructuras societarias que dificultan identificar al beneficiario final.
También se utilizan negocios intensivos en efectivo —como restaurantes, comercios minoristas o actividades de servicios— donde es posible inflar ingresos y justificar flujos de dinero sin que exista una correspondencia real con la actividad económica.
Apuestas, vehículos y otras vías de integración
A estos mecanismos se suman actividades como juegos de azar, apuestas en línea y la comercialización de vehículos, que pueden ser utilizadas para dar apariencia de legalidad a recursos de origen ilícito, mediante la simulación de ganancias, la sobrevaloración de transacciones o la rotación de activos.
Nuevas rutas: el papel de las criptomonedas
En paralelo, el uso de activos digitales ha abierto nuevas rutas para el movimiento de dinero. Las criptomonedas permiten transferencias rápidas, transfronterizas y, en ciertos casos, con niveles de anonimato superiores a los del sistema financiero tradicional.
Si bien no son el canal dominante, su creciente adopción introduce nuevos desafíos para la supervisión y el control de flujos ilícitos.
Las consecuencias: inseguridad y presión fiscal
El lavado de activos tiene efectos directos sobre la seguridad y las finanzas del Estado.
El crecimiento del crimen organizado en Ecuador está vinculado a los flujos de dinero ilícito que circulan en la economía. En 2025 se registraron más de 9.200 homicidios, con una tasa superior a 50 por cada 100.000 habitantes, una de las más altas del mundo.
Este deterioro ha ubicado al país entre los diez más violentos a nivel global. La evidencia muestra que, a mayor expansión de economías ilícitas, mayor disputa territorial y violencia.
El impacto fiscal: recursos que no llegan al Estado
El lavado de activos también tiene una dimensión fiscal.
Los recursos de actividades ilícitas no generan tributación efectiva. Al contrario, distorsionan el sistema económico: compiten con empresas formales, alteran precios y reducen la base imponible del Estado.
Con USD 5.000 millones anuales en circulación, el impacto es significativo. Incluso una tasa efectiva de tributación del 10% implicaría pérdidas potenciales de al menos USD 500 millones anuales.
Esto ocurre en un contexto de restricciones fiscales, presión sobre el déficit y crecientes necesidades de gasto social.
La ley existe, pero no se aplica
Desde el ámbito legal, el problema no radica en la falta de normas, sino en su aplicación.
La abogada Karolina Aguas Andriuoli, autora del libro Ética legal vital, advierte que en Ecuador existe una “violación sistemática reiterada” de la ley, donde los casos no se investigan ni se sancionan, aunque exista evidencia.
Esto ocurre pese a que el delito de lavado de activos está claramente tipificado en el artículo 317 del Código Orgánico Integral Penal (COIP), que sanciona conductas como ocultar o disimular el origen ilícito de bienes o realizar operaciones para darles apariencia de legalidad.
En este sistema, la Unidad de Análisis Financiero y Económico (UAFE) cumple un rol central: recibe y analiza reportes de operaciones sospechosas para detectar posibles casos de lavado de activos y remitirlos a las autoridades competentes.
A esto se suma el rol de otras instituciones. Notarios, registradores de la propiedad, entidades financieras y la propia Fiscalía están llamados a ser filtros del dinero ilícito, pero en la práctica estos controles no siempre se aplican con la rigurosidad necesaria.
El resultado: impunidad y normalización
La falta de acción institucional se combina con un fenómeno más profundo: la normalización de la ilegalidad. “Estamos viviendo una grave crisis moral”, señala la abogada Aguas, en la que prácticas como la corrupción o el uso de dinero sin justificar se vuelven cotidianas.
En ese contexto, el lavado de activos no solo se sostiene por mecanismos financieros, sino por dos factores clave: la impunidad y la falta de conciencia social.
A pesar de la magnitud del fenómeno, la respuesta del sistema de justicia es claramente insuficiente. Un análisis del Observatorio Ecuatoriano de Crimen Organizado evidencia que apenas 1 de cada 10 procesados por lavado de activos recibe una sentencia condenatoria, mientras la mayoría de los casos queda sin resolución o termina sin sanción.
En la práctica, esto envía una señal clara: delinquir tiene bajo costo, lo que incentiva la repetición de estas conductas criminales y consolida un ciclo de violencia y corrupción.
Compartir: