¿Quién paga realmente la jubilación? La sostenibilidad de los sistemas de Ecuador, España y Estados Unidos
Menos de un tercio de los ecuatorianos en edad de jubilarse recibe hoy una pensión del IESS. El resto —la inmensa mayoría— llega a la vejez sin ese ingreso, víctima de una economía donde más del 60% de los empleados trabaja sin aportar a la seguridad social.
Imagen referencial de la matriz del IESS en la Avenida 10 de Agosto, en el norte de Quito, el 12 de septiembre de 2025.
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Este artículo, complementario al análisis comparativo de pensiones publicado el 22 de julio, se concentra en la pregunta que más incomoda a los tres sistemas: ¿de dónde sale realmente el dinero, y hasta cuándo alcanzará?
Quién aporta, y cuánto
En Ecuador, el trabajador privado aporta el 9,45% de su salario y el empleador el 11,15%, para un total de 20,60%. De ese conjunto, solo una parte financia específicamente la pensión de vejez, invalidez y muerte (IVM): aproximadamente 6,74 puntos del aporte personal y 4,32 puntos del patronal, es decir, 11,06% del salario en total. Esto significa que, de lo que efectivamente se destina a pensiones, cerca del 61% proviene del bolsillo del trabajador y el 39% del empleador, antes de contar el aporte estatal.
En España, la cotización por contingencias comunes —que financia la jubilación junto con otras prestaciones— es del 28,30%: 23,60% a cargo de la empresa y 4,70% del trabajador, más el 0,90% del Mecanismo de Equidad Intergeneracional (0,75% empresa, 0,15% trabajador). Del total cotizado para pensiones, apenas el 16,6% corresponde al trabajador; el 83,4% restante lo asume el empleador, una proporción muy distinta a la ecuatoriana.
En Estados Unidos, el Social Security se financia con el impuesto FICA: 6,2% del salario para el trabajador y 6,2% para el empleador (12,4% en total para el seguro de vejez y sobrevivientes, OASDI). Aquí la división es simétrica: 50% y 50%.
El subsidio estatal: la singularidad ecuatoriana
La diferencia más relevante entre los tres sistemas no está en las tasas de aporte, sino en el papel del Estado como financista directo. El Ecuador es, de los tres, el único donde la ley establece una contribución estatal explícita: el fisco cubre hasta el 40% de las pensiones que paga el IESS, un mecanismo que en teoría busca compensar la brecha entre lo que se recauda y lo que se paga, pero que en la práctica se ha traducido en atrasos, deuda del Estado con el Instituto y la necesidad de desinvertir reservas del BIESS para cuadrar las cuentas, como se detalló en el artículo anterior.
Si se combina esa cifra con la estructura de aportes, se obtiene una fotografía aproximada de quién financia la pensión promedio de un jubilado ecuatoriano: cerca del 40% proviene del subsidio estatal, un 36% del propio trabajador a lo largo de su vida laboral, y 24% del empleador. Según Augusto de la Torre, integrante de la comisión de evaluación del IESS, los jubilados reciben hasta cinco veces más del monto que aportaron durante su vida laboral.
En España y Estados Unidos no existe un subsidio estatal equivalente y generalizado: el sistema español recurre a transferencias del Tesoro y a un Fondo de Reserva solo cuando el balance contributivo no alcanza, mientras que el Social Security estadounidense se financia, por diseño, exclusivamente con el impuesto a la nómina y los intereses de su tenencia de bonos del Tesoro, sin una partida equivalente del presupuesto general. No obstante, en promedio, un empleado recibe más que el monto que aportó.
¿Alcanza la pensión para vivir?
En junio de 2026, la Canasta Familiar Básica en Ecuador —el costo mínimo mensual para un hogar de cuatro personas— se ubicó en USD 824,85. La pensión promedio del IESS, estimada en alrededor de USD 750 mensuales a partir del presupuesto de pensiones para 2026 dividido para el número de pensionistas, cubriría el 91% de esa canasta, un porcentaje ajustado que deja poco margen si se trata del único ingreso del hogar.
La comparación funciona distinto en los otros dos países, donde se usa el umbral de pobreza en lugar de la canasta básica. En España, el umbral de pobreza para un hogar unipersonal se ubicó en 1.018 euros mensuales en 2025; la pensión media del sistema (1.367 euros) lo supera en un 34%. En Estados Unidos, el umbral de pobreza federal para una persona en 2026 es de USD 1.330 al mes; el beneficio promedio del Social Security (USD 2.083) lo excede en un 57%. La pensión ecuatoriana, en cambio, apenas roza el costo de la canasta básica familiar, sin margen para imprevistos.
La cobertura: el verdadero talón de Aquiles ecuatoriano
Más allá de los montos, el problema estructural de Ecuador es de cobertura. Solo el 27% de la población mayor de 65 años recibe una pensión contributiva del IESS, excluyendo el Seguro Social Campesino. Es decir, menos de uno de cada tres adultos mayores. La causa principal es la informalidad: en mayo de 2026 apenas el 36,6% de los ocupados tenía empleo adecuado, mientras cerca de dos tercios permanecía en la informalidad o el subempleo, sin aportar un solo dólar al sistema. A eso se suma el requisito de al menos 15 años de aportaciones, una barrera que deja fuera a quienes tuvieron trayectorias laborales intermitentes. Un estudio del BID documentó incluso que muchos ecuatorianos se formalizan recién a los 50 años, una estrategia racional frente a un sistema que exige 15 años de aporte para acceder al beneficio a los 65 años.
En España y Estados Unidos la cobertura contributiva de adultos mayores supera el 90%, reflejo de mercados laborales mucho más formalizados; el problema de esos países no es cuántos reciben pensión, sino cuánto durará el dinero para pagarlas.
Las reformas sobre la mesa
Los tres países discuten variaciones del mismo menú de opciones, con distinto grado de avance:
Aumentar la edad de jubilación. España ya lo hizo de forma gradual desde 2013 y llegará a 67 años en 2027. En Estados Unidos hay propuestas para llevar la edad plena de 67 a 68 o incluso 70 años; en Ecuador, el presidente Daniel Noboa ha descartado ese camino para Ecuador por ahora, aunque es probable que el estudio actuarial del IESS que deberá hacerse hasta diciembre recomiende esta medida, entre otras.
Ampliar los años de sueldo que entran en el cálculo. El IESS analiza pasar del promedio de los cinco mejores años a un rango de 20 o 25 años, e incluso a toda la vida laboral, como ocurre en España (25 años) y, de facto, en Estados Unidos (35 años). Cuantos más años entran en el promedio, menor tiende a ser la pensión resultante, porque diluye el peso de los años de mayor salario.
Reducir la pensión respecto al promedio de sueldos. Es la otra cara de extender el período de cálculo: bajar la tasa de reemplazo implícita, algo que ya analizan tanto el IESS como el Social Security estadounidense. Actualmente, con 40 años de aporte en Ecuador, se accede al 100% del promedio de los cinco mejores años (con un límite máximo de USD 2.585 al mes).
Focalizar el subsidio estatal. En Ecuador se ha planteado, aunque sin consenso, dirigir el 40% de aporte fiscal hacia los jubilados de menores ingresos en lugar de aplicarlo de forma pareja a toda la nómina de pensionistas, liberando recursos para ampliar cobertura.
Otras vías. El IESS baraja separar la administración de salud y pensiones, mejorar la rentabilidad de las inversiones del BIESS y apostar por la formalización laboral juvenil. En Estados Unidos, algunos congresistas han propuesto crear un fondo de inversión de largo plazo para el Social Security en lugar de solo recortar beneficios o subir impuestos. España, por su parte, ha optado por encarecer gradualmente la cotización mediante el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, que ya se ubica en 0,90% del salario en 2026 y seguirá subiendo hasta 2050.
Ningún país ha resuelto el dilema de fondo: envejecer significa, en un sistema de reparto, que cada vez menos cotizantes sostienen a más pensionistas. Ecuador enfrenta la versión más urgente de ese problema, agravada por la informalidad; España y Estados Unidos, la versión más gradual, pero igualmente inevitable, del envejecimiento poblacional. La única solución sostenible a largo plazo, como se mencionó en el artículo anterior, es pasar a un sistema de capitalización individual.
Impacto de la IA en el mercado laboral
Otro aspecto de política pública al que se ha prestado poca atención es el potencial impacto de los agentes de inteligencia artificial (IA) en el mercado laboral, y, por consiguiente, en los fondos de pensiones.
Algunos analistas, e incluso líderes de la industria de la IA, han señalado que podría desplazar a una parte significativa de la fuerza laboral, y a diferencia de procesos de transformación anteriores del mercado laboral, el impacto se sentirá principalmente en profesionales altamente calificados (programadores, analistas financieros, asesores legales, traductores e intérpretes, consultores empresariales, periodistas, etc.).
El impacto podría ser doble: aumentar significativamente el desempleo, pero también reducir las contribuciones a los sistemas de seguridad social. Algunos analistas, y nuevamente, algunos líderes de la propia industria, han propuesto establecer impuestos específicos al uso de IA y de robots; y proveer un ingreso mínimo universal.
Trato más sobre este tema en el capítulo “Respuestas de política pública” de mi libro “Cómo usar la IA para Mejorar y Conservar tu trabajo”.
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