El empleo adecuado no siempre impulsa la economía y esa es otra paradoja productiva del Ecuador
En Ecuador, más de la mitad de los trabajadores opera en el sector informal, pero son precisamente los territorios con mayor empleo formal los que muestran menor sofisticación productiva. Un hallazgo que obliga a repensar qué significa realmente desarrollarse.

Trabajador viendo papeles en su oficina
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Durante décadas, la formalización del empleo ha sido presentada como una condición casi necesaria para el desarrollo económico. La lógica es sencilla: un trabajador formal tiene contrato, accede a seguridad social, paga impuestos y contribuye a una economía más ordenada y productiva. Desde esa perspectiva, más formalidad debería traducirse en más capacidad productiva, más innovación y, en definitiva, economías más sofisticadas.
Sin embargo, la economista Ana Campoverde, en su tesis titulada “Relación entre la sofisticación productiva de las parroquias del Ecuador y sus características poblacionales”, encontró algo que contradice esa intuición: en las parroquias del Ecuador, una mayor tasa de empleo formal está asociada estadísticamente con una menor complejidad económica. El coeficiente es negativo, significativo, y se mantiene estable a lo largo del período 2018 a 2022. No es ruido estadístico. Es una señal de cómo funciona realmente la estructura productiva ecuatoriana a nivel local.
El Índice de Complejidad Económica: medir lo que el PIB no ve
Para entender la paradoja, primero hay que entender qué mide el Índice de Complejidad Económica (ICE). Desarrollado por el académico César Hidalgo y el economista Ricardo Hausmann, en 2009, el ICE no se pregunta cuánto produce un territorio, sino qué produce y cuántos otros territorios pueden producir lo mismo.
Un bien complejo es aquel que requiere conocimiento especializado, coordinación entre múltiples industrias y capacidades difíciles de replicar. Un territorio con alto ICE no solo produce mucho: produce cosas que pocos pueden hacer.
En la investigación de Campoverde, el ICE fue calculado a nivel parroquial utilizando datos de ventas por industria del Servicio de Rentas Internas (SRI). La metodología siguió los pasos clásicos: se calculó la Ventaja Comparativa Revelada de cada parroquia por industria, se construyó una matriz binaria ciudad-producto y, a partir de los conceptos de diversidad y ubicuidad, se derivó el índice mediante el segundo vector propio de la matriz de co-ocurrencia.
El resultado ubica a la mayoría de parroquias ecuatorianas entre 0 y 1 en una escala que va de -2 a 2. Las parroquias con ICE más alto y sostenido durante los cinco años del estudio pertenecen casi exclusivamente a la provincia de Pichincha, y se concentra en Quito. El resto del país muestra estructuras productivas poco diversificadas, centradas en productos de bajo valor agregado y alta ubicuidad: lo que cualquier otro territorio también puede producir.
La informalidad que no se va, el contexto estructural
Antes de analizar la paradoja, es necesario entender el peso que tiene la informalidad en la economía ecuatoriana. Según los datos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU), el sector informal ha representado consistentemente más de la mitad del empleo total del país. Entre enero de 2023 y febrero de 2026, la tasa de empleo en el sector formal osciló entre el 38,4% y el 44,5%, mientras que el sector informal se mantuvo entre el 51,3% y el 58,0%.
Lo que revelan estos datos no es solo la magnitud de la informalidad, sino su persistencia. A pesar de los ciclos económicos y los cambios de gobierno, la proporción de trabajadores informales apenas se mueve. En diciembre de 2024 se registró el punto más bajo del período para el empleo formal, con apenas un 38,4%, mientras que el informal llegó al 58%. Esta rigidez estructural sugiere que la informalidad en Ecuador no es un fenómeno transitorio ni un resultado exclusivo de falta de regulación: es parte constitutiva del modelo productivo.
En ese contexto, el hallazgo de Campoverde cobra una dimensión diferente. Si la informalidad es tan persistente y tan extendida, y si las parroquias con más empleo formal muestran menor sofisticación, entonces la pregunta no es solo cómo formalizar más, sino qué tipo de actividades alberga cada sector.
El empleo formal vive en los sectores más tradicionales
Aquí es donde los datos de la ENEMDU se vuelven especialmente reveladores. Al analizar las diez ramas de actividad con mayor proporción de empleo adecuado o pleno según la ENEMDU anualizada 2025, el patrón es claro: la formalidad se concentra en sectores que, por su naturaleza, producen bienes y servicios de baja complejidad o que dependen directamente del Estado.
Las actividades de organizaciones extraterritoriales encabezan la lista con un 98,3% de empleo adecuado. Le siguen la administración pública, defensa y seguridad social, con 97,3%, y las actividades financieras y de seguros, con 93,5%. Más abajo aparecen el suministro de electricidad y gas, con 85,4%, la enseñanza, con 85,0%, la distribución de agua y alcantarillado, con 84,1%, y la explotación de minas y canteras, con 80,7%.
¿Qué tienen en común muchos de estos sectores? Los datos muestran que las ramas con mayor proporción de empleo adecuado corresponden en su mayoría a sectores públicos, extractivos o de servicios regulados. Este patrón es consistente con lo que Campoverde encuentra en su modelo: la tasa de formalidad presenta un coeficiente negativo y estadísticamente significativo sobre el ICE, lo que indica que “un mayor nivel de formalidad laboral está asociado a una menor complejidad económica”.
Por qué la sofisticación emerge desde los márgenes
Campoverde plantea en su investigación varias hipótesis para explicar la relación inversa entre formalidad y complejidad económica, todas ellas derivadas de sus hallazgos empíricos.
La primera hipótesis señala que “las actividades económicas más complejas en ciertos territorios suelen estar vinculadas a sectores innovadores o emergentes que operan bajo condiciones más flexibles e informales, lo que les permite adaptarse rápidamente a los cambios y fomentar la diversificación”. Desde esta perspectiva, la flexibilidad operativa de ciertos sectores puede ser una condición que acompaña su desarrollo en etapas tempranas.
La segunda hipótesis apunta a la composición del empleo formal. Según Campoverde, “las zonas con alta formalidad pueden estar dominadas por sectores tradicionales o públicos, caracterizados por una baja diversificación y un menor dinamismo, lo que limita la capacidad de la región para desarrollar sectores más sofisticados”. Esta observación es consistente con la distribución del empleo adecuado por rama que muestran los datos de la ENEMDU anualizada 2025.
La tercera hipótesis tiene que ver con el entorno regulatorio. La investigadora señala que “la formalidad laboral a menudo implica un entorno regulatorio más estricto, con normativas laborales y fiscales que reducen la flexibilidad empresarial, desincentivando la innovación y la diversificación productiva”. Campoverde no descarta este factor como parte del conjunto de condiciones que explican el resultado, aunque reconoce que la heterogeneidad dentro de los sectores dificulta la captura de un efecto claro en el modelo.
Campoverde también advierte sobre los límites de su propio análisis: “la medición de complejidad a nivel parroquial enfrenta desafíos en términos de disponibilidad y calidad de datos, lo cual podría subestimar el valor real del ICE en zonas rurales”. Asimismo, reconoce que “factores no observados, como redes empresariales, gobernanza local o acceso a infraestructura, podrían estar influyendo en los resultados, generando un sesgo de variable omitida”.
Lo que revela el año 2020
Uno de los hallazgos temporales más llamativos de la investigación de Campoverde es el comportamiento del ICE durante 2020. El modelo estimado muestra un coeficiente de 0,527 para el efecto año 2020, el más alto de todo el período 2018 a 2022 y estadísticamente muy significativo.
Campoverde interpreta este resultado señalando que el aumento del ICE en 2020 “podría estar relacionado con cambios estructurales en la economía durante la pandemia, como la aceleración de ciertos sectores digitales o de servicios que contribuyeron a una mayor complejidad”.
Sin embargo, también documenta que este impulso no se sostuvo. En 2022, el coeficiente del efecto año deja de ser estadísticamente significativo, lo que la lleva a concluir que “su sostenibilidad dependerá de políticas públicas orientadas a consolidar estos avances”. El retorno a la ausencia de significancia estadística en 2022 es, para la investigadora, una señal de que los cambios observados durante la pandemia fueron en parte coyunturales.
Es importante recalcar que el hallazgo de Campoverde no es un argumento contra el empleo formal. La formalización laboral protege a los trabajadores, reduce la vulnerabilidad y es un objetivo legítimo de cualquier política económica, pero sí obliga a separar dos preguntas que con frecuencia se confunden: ¿cómo proteger mejor a los trabajadores? y ¿cómo hacer más sofisticada la economía de un territorio?
En Ecuador, los datos sugieren que estas dos preguntas tienen respuestas distintas, al menos en el estado actual del desarrollo productivo del país. Políticas orientadas exclusivamente a elevar las tasas de formalización, sin atender simultáneamente la diversificación productiva, pueden generar más empleo formal en sectores de baja complejidad sin mover la aguja en términos de sofisticación.
Lo que el análisis de las parroquias ecuatorianas revela es que la complejidad económica se construye desde la acumulación de capacidades productivas, desde la experimentación y desde la diversificación.
Reconocer la tensión entre la protección laboral, que exige la formalidad, y la flexibilidad, que parece necesitar de sofisticación, es el primer paso para diseñar políticas que no elijan entre el trabajador de hoy y la economía del mañana, sino que encuentren la manera de construir ambas cosas al mismo tiempo. Ecuador, con su persistente informalidad y sus marcadas brechas territoriales, tiene aún mucho camino por recorrer en esa dirección.
(*) Economista, analista económica Gestión Digital.
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