Avance del programa del Ecuador con el FMI: lo que se cumplió, lo que falta y el efecto del petróleo
El Fondo Monetario Internacional aprobó un nuevo desembolso a Ecuador, pese a un incumplimiento fiscal en 2025. El Gobierno de Daniel Noboa ajusta medidas en 2026, con el petróleo como alivio temporal.
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El 22 de abril, el Directorio del Fondo Monetario Internacional (FMI) concluyó la quinta revisión del programa de Servicio Ampliado del Fondo (SAF), lo que permitió el desembolso de unos USD 394 millones (equivalente a USD 280,5 millones de DEG). Con eso, Ecuador habría recibido un total de USD 3.724 millones de los aproximadamente USD 5.000 millones comprometidos en mayo de 2024, cuando el gobierno de Daniel Noboa firmó un acuerdo de 48 meses que expira en mayo de 2028.
La recepción de desembolsos ha tenido un ritmo sostenido, que no ha estado exento de turbulencias.
El tropiezo fiscal de finales de 2025
El dato más incómodo que subyace al comunicado del FMI es que hubo un desempeño fiscal inferior al acordado a finales de 2025. El organismo lo reconoce sin rodeos. La meta cuantitativa de desempeño fiscal incluía un balance primario del presupuesto del gobierno central de USD -875 millones, y el valor real fue de USD -1.197 millones; el balance general del presupuesto y de las cuentas petroleras debía ser de USD -1.272 millones, y se alcanzó un déficit de USD -1.952 millones; igualmente, se incumplieron dos metas indicativas fiscales.
El boletín de prensa del FMI destaca que “las autoridades han adoptado medidas para racionalizar los gastos tributarios, fortalecer los ingresos y mejorar la eficiencia del gasto público con el fin de abordar el desempeño fiscal inferior al previsto a finales de 2025 y volver a la senda de consolidación fiscal del programa, al tiempo que se amplía el espacio para el gasto social prioritario y la inversión”, lo cual permitiría corregir el bajo rendimiento fiscal de finales de 2025.
¿Qué salió mal? El programa exige una consolidación fiscal gradual pero sostenida, con metas anuales que implican reducir el déficit primario y aumentar los ingresos. Ecuador había subido el IVA del 12% al 15% como uno de los primeros pasos del ajuste, lo que contribuyó a que el Servicio de Rentas Internas (SRI) registrara una recaudación récord. El IVA fue el principal motor de la recaudación con USD 11.078 millones en 2025, un crecimiento del 10,3% frente al año anterior, consolidándose como el impuesto de mayor peso y el que los consumidores pagan directamente en cada compra. Pero incluso esa cifra no fue suficiente para cumplir todas las metas del programa, lo que obligó al gobierno a adoptar nuevas medidas correctivas en los primeros meses de 2026.
Las medidas de ajuste adoptadas en 2026
La principal corrección en el frente de ingresos ha sido la racionalización de exenciones del IVA. Durante años, Ecuador mantuvo una lista extensa de bienes y servicios gravados con tarifa 0%, que incluía alimentos procesados, entre otros. En marzo de 2026, el SRI aclaró que al menos 60 alimentos procesados que se vendían con tasa del 0% deben pagar el 15%: leches deslactosadas y saborizadas, sopas instantáneas, fideos precocidos y carnes procesadas, entre otros.
Se estima que esta medida podría representar una recaudación adicional de unos USD 400 millones anuales (hubo una confusión inicial sobre el IVA de la leche descremada y otros productos con procesamiento mínimo, incluyendo varios tipos de panes, que volvió a cero).
El gasto tributario en IVA representa la mayor parte del sacrificio fiscal del Estado ecuatoriano: en 2023 sumó USD 4.180 millones, de los cuales, el 88,3% correspondía a bienes y servicios con tarifa 0%. Reducir ese universo de exenciones era una de las reformas estructurales pendientes.
El FMI lo había incluido en el acuerdo como “racionalización de los gastos fiscales ineficientes”. El Gobierno tenía la meta de implementar esa reforma hasta finales de diciembre de 2025. Que su aplicación efectiva se haya completado recién en los primeros meses de 2026 es, precisamente, parte de la explicación del tropiezo fiscal que el FMI señala.
En paralelo, el Gobierno cumplió dos hitos que el FMI había establecido como indicadores clave. El organismo destacó el cumplimiento de dos indicadores estructurales relativos al régimen fiscal del sector minero y al marco de lucha contra el blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Estos no son detalles menores: el régimen minero tiene implicaciones directas sobre la base impositiva de este sector, y el marco antilavado es condición sine qua non para mantener relaciones bancarias internacionales en una economía dolarizada. La entidad indica que las autoridades “continúan avanzando en el desarrollo de los mercados locales de crédito y deuda y en el fortalecimiento de los marcos de supervisión y resolución financiera”. Esto incluye mejoras en la supervisión, aumento de los requerimientos de reserva y cambios en los mecanismos de “resolución” de las cooperativas (medida adoptada recientemente).
El retorno a los mercados internacionales de capital
Uno de los logros más visibles del programa ha sido el regreso de Ecuador a los mercados de deuda soberana, por primera vez desde 2019. En enero de 2026, el país emitió bonos por USD 4.000 millones, incluida una operación de recompra de deuda por cerca de USD 3.000 millones, lo que ayudó a mejorar la liquidez gubernamental y a reducir los riesgos de financiamiento, aunque aumentando el servicio de la deuda a largo plazo.
El FMI había identificado este retorno como uno de los objetivos centrales del acuerdo SAF, y su materialización refuerza la señal de que los mercados perciben un riesgo soberano más manejable. Las autoridades destacan que el riesgo país bajó de más de 1.900 puntos básicos en abril 2025 a 404 el 22 de abril 2026.
A marzo de 2026, las Reservas Internacionales ascendían a USD 10.481 millones, según datos del Banco Central del Ecuador, un nivel histórico que el FMI atribuyó a los continuos superávits de cuenta corriente (cabe mencionar que Perú ha superado los USD 100 mil millones). Este colchón de reservas es esencial para sostener la dolarización, el ancla del sistema financiero ecuatoriano. Sin reservas suficientes, la dolarización pierde credibilidad; con ellas, el país tiene margen para absorber choques externos.
El viento de cola del petróleo y sus límites
Un elemento que el FMI introdujo con cautela, pero con claridad en su comunicado, es el impacto del precio del petróleo. Se señala que “se espera que los elevados precios mundiales del petróleo respalden los balances fiscal y externo”, en un entorno externo incierto y complejo. El barril de crudo más caro significa más ingresos para Petroecuador y, por ende, más recursos para el presupuesto, al menos en la medida en que la producción nacional se mantenga o aumente.
Sin embargo, el representante alterno de Ecuador ante el FMI, Bernardo Acosta, quien participó como segundo vicepresidente en la reunión de primavera del G-24 en Washington el 14 de abril de 2026, matizó este punto. Acosta señaló que el choque del precio del petróleo crearía espacio para inversión pública responsable y quizás muy necesaria, pero subrayó que los países que enfrentan ese choque positivo deben reafirmar su compromiso con políticas macroeconómicas sostenibles y hacer un uso responsable de ese margen. Dicho de otro modo: el precio del crudo puede aliviar presiones, pero no reemplaza las reformas estructurales pendientes.
Hay una arista adicional que complica el diagnóstico. Ecuador no es solamente exportador de petróleo: también importa diésel y otros derivados para su funcionamiento interno. Un conflicto en el Medio Oriente que eleve los precios de los combustibles tiene, por lo tanto, una doble transmisión sobre la economía: mejora los ingresos fiscales por las exportaciones de crudo, pero al mismo tiempo encarece los insumos energéticos de la actividad productiva y los costos de transporte, con efectos inflacionarios que recaen sobre la población. Dado que el ajuste de precios de los combustibles se limita a 5% mensual, también incrementa el subsidio fiscal, al menos temporalmente.
Lo que falta por cumplir
El programa SAF tiene vigencia hasta 2028 y quedan por completar varias revisiones adicionales. Las metas pendientes más relevantes se concentran en tres frentes.
El primero es continuar con la consolidación fiscal. El programa exige que Ecuador obtenga recursos adicionales equivalentes al 1,3% del PIB —alrededor de USD 1.400 millones— entre 2025 y 2027. Con la medida de exenciones del IVA y la mejora en el precio del petróleo, parte de esa brecha puede cerrarse, pero la sostenibilidad del ajuste depende de que las medidas no sean revertidas políticamente, algo que históricamente ha sido el punto débil de los programas de ajuste en Ecuador.
El segundo frente es la eficiencia del gasto público. Las autoridades continúan avanzando en su agenda de reformas estructurales para salvaguardar la estabilidad financiera, mejorar la gobernanza y atraer inversión privada generadora de empleo. Esto incluye mejorar la focalización del gasto social para proteger a los grupos vulnerables, al tiempo que se reduce el gasto improductivo. El equilibrio entre ajuste y protección social es siempre políticamente tenso, y más aún en un año de elevada incertidumbre global. Aparte de los ajustes al IVA, se busca “endurecer los controles sobre las devoluciones del IVA, fortalecer el régimen de anticipos y retenciones del impuesto sobre la renta y restringir el uso de créditos fiscales para cumplir con las obligaciones tributarias.”
El tercer frente es la posición externa. Aunque la cuenta corriente registra superávits y las reservas están elevadas, el entorno internacional es volátil. La guerra comercial desatada por Trump, las tensiones en el Medio Oriente y el debilitamiento del comercio multilateral —temas que dominaron la agenda del G-24 en Washington— crean un contexto adverso para los países exportadores de materias primas con baja diversificación productiva. Ecuador, en suma, está avanzando en el cumplimiento de lo acordado, aunque con ajustes sobre la marcha. El FMI lo califica de “progreso significativo”. La pregunta de fondo es si las reformas estructurales en curso son suficientemente profundas para que el ajuste sea duradero una vez que el acuerdo con el Fondo expire en 2028. La historia pasada de los programas del FMI en Ecuador invita a la prudencia.
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