¿Cuál será el costo a largo plazo para el Ecuador de no contar con estadísticas de empleo y pobreza actualizadas?
Ecuador conoció cómo estaba su mercado laboral hasta mayo de 2026 y su pobreza por ingresos hasta diciembre de 2025. Mientras las nuevas cifras no aparecen, el debate económico continúa, pero con una fotografía cada vez más antigua de la realidad social.
Imagen de una persona vendiendo comida en las calles del norte de Quito, de manera informal, el 29 de agosto de 2019
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Jonathan Machado
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El costo no se limita a la incertidumbre: sin información oportuna, diseñar, focalizar y evaluar políticas públicas se vuelve más difícil.
La economía no deja de moverse porque una estadística tarde en publicarse. Las personas encuentran o pierden trabajo, cambian sus ingresos, los hogares ajustan sus gastos y las condiciones de pobreza pueden mejorar o deteriorarse. Lo que se pierde cuando los datos no llegan es la capacidad de medir esos cambios oportunamente.
Ese es el problema que enfrenta Ecuador con una de sus principales fuentes de información social. Al 10 de septiembre de 2026, el portal del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) mantiene como última publicación mensual de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) la correspondiente a mayo de 2026. La página institucional enumera resultados para enero, febrero, marzo, abril y mayo, pero no incorpora todavía junio ni julio.
La ausencia es especialmente relevante porque la ENEMDU no solo permite conocer desempleo, subempleo y empleo adecuado. También constituye la fuente oficial para medir la pobreza por ingresos, cuya última información publicada corresponde a diciembre de 2025. Entonces, la pobreza nacional alcanzó el 21,4% y la pobreza extrema el 8,3%.
La ENEMDU de junio estaba prevista para el 22 de julio de 2026 y debía incorporar además la actualización semestral de pobreza. Los datos correspondientes al segundo trimestre debían difundirse el 31 de julio. Posteriormente, el 25 de agosto también pasó la fecha prevista para la información de julio sin que esta apareciera.
No se trata, por tanto, de afirmar que Ecuador se haya quedado sin estadísticas. El INEC continúa produciendo y publicando otras operaciones estadísticas. La cuestión es más concreta: algunos de los indicadores más importantes para conocer las condiciones laborales y sociales de los hogares dejaron de actualizarse dentro de las fechas previstas.
La fotografía del empleo terminó en mayo y la de pobreza en diciembre
La última fotografía oficial disponible sobre el mercado laboral corresponde a mayo de 2026. En ese mes, el empleo adecuado o pleno representó el 36,6% de la población económicamente activa (PEA), mientras que el subempleo alcanzó el 18,3%. Un año antes, en mayo de 2025, estos indicadores se ubicaron en 35,2% y 20,9%, respectivamente.
Sin embargo, el propio INEC advierte que las diferencias observadas entre mayo de 2025 y mayo de 2026 en la composición del empleo no son estadísticamente significativas.
Donde sí se observa una variación estadísticamente significativa es en el desempleo. La tasa nacional pasó de 4,1% en mayo de 2025 a 3,1% en mayo de 2026, una reducción de un punto porcentual. El INEC señala expresamente que existe suficiente evidencia estadística para considerar diferente el resultado entre ambos períodos, con un nivel de confianza del 95%.
En términos absolutos, en mayo de 2026 Ecuador registró una PEA de 8,94 millones de personas, de las cuales 8,67 millones tenían empleo. Dentro de ese grupo, 3,27 millones tenían empleo adecuado o pleno, mientras que alrededor de 1,64 millones estaban en situación de subempleo.
La última medición también evidencia uno de los problemas estructurales del mercado laboral ecuatoriano: el 52,8% de las personas con empleo se encontraba en el sector informal de la economía. En mayo de 2025 la proporción había sido de 51,8%, pero el INEC precisa que la diferencia entre ambos períodos tampoco es estadísticamente significativa.
Una política puede cumplir su meta y no resolver el problema
Según Alberto Acosta Espinosa, analista económico, la ausencia de información oportuna tiene consecuencias que trascienden el retraso de una publicación. “Una economía y una democracia tienen que tener suficiente información de calidad, oportuna”, explica a GESTIÓN. Para Acosta, cuando los datos dejan de estar disponibles aumenta la incertidumbre y se debilita la posibilidad de evaluar adecuadamente la situación económica y social del país.
Hay, además, un efecto más operativo: el diseño mismo de la política pública. El analista económico Anthony Flores explica a GESTIÓN que una condición fundamental para ejecutar la agenda de cualquier gobierno es comprender el contexto económico y social sobre el que pretende intervenir. Esa información permite definir tanto objetivos realistas como los resultados que deberían alcanzarse en el corto y largo plazo.
Flores propone mirar el problema desde la lógica de los resultados. Una política orientada, por ejemplo, a fortalecer financieramente al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) podría plantearse como una de sus metas reducir el desempleo, bajo la expectativa de que más personas trabajando significará también más afiliados y aportantes.
Pero esa relación no es automática. Una persona puede dejar de estar desempleada y pasar al subempleo, al trabajo por cuenta propia o a una actividad informal sin que ello se traduzca necesariamente en una nueva afiliación al sistema de seguridad social. En ese escenario, el indicador escogido podría mejorar y, sin embargo, el problema que justificó la política (ampliar la base de aportantes del IESS) permanecer prácticamente intacto.
Para Flores, allí está uno de los riesgos de trabajar con un diagnóstico incompleto: confundir el cumplimiento de una meta con la solución del problema público que se buscaba atender. Una política puede ejecutar sus acciones, alcanzar el indicador previsto y aun así tener un efecto limitado sobre las condiciones que pretendía modificar.
Si no sabemos quién empeora, también se dificulta reducir desigualdades
El problema se vuelve todavía más sensible cuando una política busca disminuir pobreza o desigualdad. Los promedios nacionales pueden ocultar realidades muy distintas. El último dato de pobreza disponible muestra un ejemplo: mientras la incidencia era de 13,8% en las zonas urbanas, alcanzaba el 37,6% en las rurales. La diferencia era de casi 24 puntos porcentuales.
Una política social necesita saber no solamente cuántas personas son pobres, sino dónde están, qué características tienen, qué cambió en sus ingresos y qué grupos están mejorando o deteriorándose más rápidamente.
Flores advierte que una política diseñada sin conocer adecuadamente esas condiciones puede terminar sin beneficiar a quienes requieren atención prioritaria. En el largo plazo, la consecuencia es que recursos públicos limitados pueden dirigirse hacia diagnósticos que ya no representan completamente la realidad.
Eso afecta la capacidad del Estado para corregir desigualdades. Acosta coincide desde otra perspectiva. Los sectores sociales más afectados, sostiene, pueden volverse menos visibles cuando falta información capaz de mostrar cómo las decisiones económicas inciden en sus condiciones de vida. Además, señala que sin estadísticas suficientes “la ciudadanía se queda sin información” para ejercer rendición de cuentas.
La literatura académica identifica un vínculo similar entre las estadísticas y el funcionamiento del Estado. D. Tim Holt, en su artículo “Estadísticas oficiales, políticas públicas y confianza pública”, publicado en Journal of the Royal Statistical Society: Series A, sostiene que la confianza depende de la “confianza pública en el sistema estadístico en su conjunto”, es decir, no solo de la credibilidad de una cifra aislada, sino de la confianza que genere todo el sistema encargado de producir, publicar y utilizar la información estadística.
La relevancia del argumento está en que la credibilidad no se construye únicamente alrededor de una cifra individual. También depende de la institución que la produce, de la continuidad de sus publicaciones, de sus metodologías y de la posibilidad de utilizarlas consistentemente para formular políticas basadas en evidencia.
El costo de largo plazo: políticas construidas sobre una realidad antigua
Los efectos más importantes pueden no aparecer el primer mes que una publicación se retrasa.
Flores advierte que, si la falta de datos actualizados se vuelve recurrente, puede construirse progresivamente una visión “inconsistente o inexacta de la economía ecuatoriana”. En ese escenario, las decisiones públicas seguirían adoptándose, pero sobre condiciones iniciales cada vez menos precisas.
Ese riesgo afecta tres etapas distintas.
- Primero, la planificación. Sin una buena línea de base es más difícil fijar objetivos que correspondan con la magnitud real del problema.
- Segundo, la ejecución. Los recursos pueden llegar a poblaciones o territorios que ya no representan las prioridades más urgentes.
- Y tercero, la evaluación. Si no existen mediciones periódicas, un Gobierno puede mostrar el cumplimiento administrativo de actividades o indicadores sin poder demostrar que cambió efectivamente la condición social que justificó la política.
Acosta advierte incluso que un gobierno sin suficiente información podría terminar “tomando decisiones a ciegas”, con consecuencias potenciales sobre la utilización de recursos públicos. Pero el costo de largo plazo no recae únicamente sobre el sector público.
Las empresas también utilizan información laboral, de ingresos, consumo y pobreza para evaluar mercados. Las universidades requieren series consistentes para investigar. Los organismos multilaterales necesitan estadísticas para elaborar diagnósticos y evaluar programas. Y la ciudadanía necesita cifras para contrastar los resultados del Gobierno con sus objetivos. La ausencia prolongada deteriora precisamente esa capacidad de contraste.
¿Qué puede hacerse mientras una estadística definitiva se retrasa?
Flores plantea una alternativa: que, en situaciones excepcionales, puedan divulgarse reportes preliminares o proyecciones, construidos sobre información disponible y claramente identificados como estimaciones, acompañados siempre de una ficha metodológica que permita conocer cómo fueron producidos.
También considera que información proveniente de gremios empresariales, organizaciones sociales, fundaciones u otras fuentes privadas puede complementar temporalmente el diagnóstico, siempre que exista un proceso de revisión y depuración. La distinción es fundamental: esos insumos no sustituirían las cifras oficiales definitivas.
Una estadística oficial no está llamada a confirmar el discurso de un gobierno ni a reforzar la interpretación de quienes lo cuestionan. Su función es ofrecer una base común para comprender la realidad, medir los problemas públicos y evaluar si las decisiones adoptadas producen los resultados esperados. Sin información oportuna, el margen de error aumenta: una política puede partir de un diagnóstico desactualizado, fijar objetivos que no responden al problema real o destinar recursos sin saber con suficiente precisión dónde son más necesarios.
Por eso, el retraso estadístico no es un asunto menor ni exclusivamente técnico. También afecta la calidad de la gestión pública, la capacidad de corregir desigualdades y la posibilidad de exigir cuentas sobre los resultados. Los datos pueden confirmar una tendencia, desmentirla o mostrar una realidad más compleja de la esperada; justamente ahí está su valor. Cuando llegan a tiempo, permiten contrastar los relatos con evidencia. Cuando no llegan, los relatos ocupan el lugar de los datos.
(*) Economista, analista económica Gestión Digital.
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