La crisis del cuidado infantil en Ecuador es estructural y tiene en el centro a la pobreza
La pérdida del cuidado familiar no responde a una sola causa. La pobreza, el empleo precario, la violencia intrafamiliar, la sobrecarga de cuidados y la ausencia de servicios públicos pueden acumularse hasta colocar a niñas, niños y adolescentes en riesgo de separación.
Dos niños acompañan a sus padres en la venta de productos en Quito, el 28 de octubre de 2021.
- Foto
API
Autor:
Actualizada:
Compartir:
El estudio CRSA 2026 evidencia que entre el 93% y el 94% de las personas atendidas en acogimiento institucional durante los primeros cinco meses de 2026 estaban clasificadas en situación de pobreza, pobreza extrema o vulnerabilidad. El dato refleja una profunda concentración de desventajas socioeconómicas, pero no significa que la pobreza sea, por sí misma, una causa legítima para separar a una familia.
La pérdida del cuidado familiar ocurre cuando una niña, niño o adolescente deja de contar con la atención y protección cotidiana de su familia de origen. Detrás pueden encontrarse hechos graves como violencia, abandono o consumo problemático de sustancias, pero también condiciones estructurales que reducen progresivamente la capacidad de los hogares para cuidar: desempleo, informalidad, ingresos insuficientes, problemas de salud mental, falta de vivienda y ausencia de servicios públicos o redes de apoyo.
El estudio Análisis de la situación de los derechos de niñas, niños, adolescentes y jóvenes que han perdido el cuidado familiar o están en riesgo de perderlo en Ecuador, denominado CRSA 2026, fue elaborado por la Universidad Andina Simón Bolívar y Aldeas Infantiles SOS Ecuador. Una de sus principales conclusiones es que la separación familiar constituye un fenómeno multicausal y acumulativo, relacionado con las condiciones económicas, sociales, familiares, comunitarias, territoriales e institucionales que rodean a cada hogar.
Esta perspectiva impide explicar el problema a partir de una sola causa. No toda familia que atraviesa dificultades económicas ha dejado de cuidar a sus hijos y no toda carencia material constituye negligencia. Sin embargo, la combinación de pobreza, violencia, precariedad laboral y falta de apoyo puede generar escenarios en los que la capacidad familiar de cuidado se deteriora.
“No hay una causa específica o única para que un niño, niña o adolescente pierda el cuidado familiar”, explica Valeria Chiriboga, coordinadora de Planificación de Aldeas Infantiles SOS Ecuador, en entrevista para GESTIÓN. El desafío consiste en identificar los riesgos y apoyar a las familias antes de que la separación se convierta en la única alternativa disponible.
Una pérdida atravesada por pobreza, empleo precario y violencia
El CRSA 2026 muestra que las condiciones económicas de las familias deben analizarse más allá de sus ingresos. Una persona puede superar formalmente la línea de pobreza y, aun así, enfrentar privaciones simultáneas en empleo digno, seguridad social, vivienda, educación, salud o acceso a servicios básicos.
Los datos evidencian dos brechas importantes. La primera es territorial: mientras la pobreza multidimensional alcanzó el 29,9% en las ciudades, llegó al 66,9% en las zonas rurales. Esto significa que aproximadamente dos de cada tres personas del área rural enfrentaban privaciones simultáneas en dimensiones esenciales de su bienestar.
La segunda brecha está en el mercado laboral. Aunque el empleo adecuado llegó al 37,1% de la población ocupada al cierre de 2025, el 53,4% continuaba trabajando en el sector informal. Tener una ocupación, por tanto, no garantiza estabilidad, ingresos suficientes ni acceso a la seguridad social.
Estas condiciones repercuten en la organización familiar. Cuando una persona debe combinar varias actividades, trabajar durante jornadas prolongadas o aceptar ocupaciones inestables, disminuye el tiempo disponible para el acompañamiento, la supervisión y el cuidado cotidiano.
Chiriboga señala que las familias se enfrentan simultáneamente a ingresos limitados, sobrecarga de trabajo, violencia intrafamiliar y ausencia de apoyos estatales o comunitarios. Una dificultad económica puede combinarse con conflictos familiares, problemas de salud mental, movilidad humana o falta de redes hasta generar una crisis.
El estudio incorpora también la violencia territorial como factor de riesgo. El microtráfico, las amenazas, la extorsión, el desplazamiento interno y la exposición a grupos delictivos afectan a las familias y colocan en una situación especialmente compleja a los adolescentes.
Según Chiriboga la escalada de violencia “pone en riesgo principalmente a adolescentes, pero también a niños y niñas, y puede obligarlos a separarse de su núcleo familiar”. La pérdida del cuidado no puede analizarse únicamente desde lo que sucede dentro de la vivienda: también influyen el territorio, el mercado laboral, la presencia estatal y las redes comunitarias.
Pobreza y negligencia no son categorías equivalentes
La negligencia aparece como el principal motivo registrado para el ingreso de niñas, niños y adolescentes al acogimiento institucional en Ecuador. De acuerdo con los datos recogidos por el CRSA 2026, esta categoría representó el 44% de los casos en diciembre de 2022 y alcanzó su punto más alto en diciembre de 2025, con el 50,7 %. Para abril de 2026 se ubicó en el 48,9%.
Esto significa que, en los últimos cortes analizados, aproximadamente uno de cada dos ingresos al acogimiento institucional fue clasificado como negligencia. Entre diciembre de 2022 y abril de 2026, su participación aumentó 4,9 puntos porcentuales.
Sin embargo, el dato debe interpretarse con cautela. El registro muestra la categoría utilizada para identificar el motivo de ingreso, pero no permite conocer por sí solo todas las condiciones económicas, familiares e institucionales que antecedieron a cada caso. Chiriboga advierte que las carencias materiales pueden ser incorporadas dentro de esta categoría sin que se examine suficientemente su origen.
“Muchas veces, por la rapidez o por la necesidad de clasificar el caso, el limitado acceso a servicios o recursos se confunde con negligencia”, explica Chiriboga.
Esta observación es especialmente relevante porque el propio CRSA identifica la pobreza, la precariedad laboral, los ingresos insuficientes, la ausencia de servicios estatales y la falta de redes comunitarias entre los factores que pueden debilitar la capacidad familiar de cuidado.
Una niña o un niño puede presentar alimentación insuficiente, inasistencia escolar, falta de atención médica o periodos prolongados sin supervisión. No obstante, antes de calificar estas situaciones como negligencia, es necesario determinar si responden a una decisión de abandono de las responsabilidades de cuidado o a condiciones como desempleo, jornadas laborales extensas, pobreza, ausencia de servicios públicos o problemas de salud mental no atendidos.
Para Chiriboga, la diferencia se encuentra precisamente en las condiciones que rodean al hogar. La pobreza y la pobreza extrema responden a factores estructurales y “no siempre tienen que ser un determinante para que un niño, una niña o un adolescente pierda el cuidado familiar”.
El apoyo familiar se duplica, pero el acogimiento familiar casi desaparece
Los registros administrativos evidencian una transformación en las respuestas del sistema de protección entre diciembre de 2019 y mayo de 2026. El número de personas atendidas mediante apoyo y custodia familiar pasó de 1.047 a 2.144, lo que representa un crecimiento del 104,8%. En contraste, el acogimiento institucional disminuyó de 1.869 a 1.459 personas, mientras el acogimiento familiar cayó de 64 a solo 19 usuarios.
El apoyo y custodia familiar superó al acogimiento institucional por primera vez en diciembre de 2020: registró 1.749 personas frente a 1.743. Su cobertura continuó creciendo hasta alcanzar un máximo de 2.257 usuarios en 2024. Aunque luego descendió ligeramente, en mayo de 2026 todavía atendía a 2.144 personas.
Esta modalidad busca fortalecer o preservar el cuidado dentro de la familia de origen o ampliada. Su expansión sugiere que el sistema ha aumentado las respuestas dirigidas a evitar la separación. Sin embargo, el CRSA advierte que los registros no permiten seguir las trayectorias individuales ni determinar si quienes salieron del acogimiento institucional fueron incorporados a estos programas. Por ello, el crecimiento observado no demuestra por sí solo que exista un proceso consolidado de desinstitucionalización.
Chiriboga sostiene que la intervención debería producirse antes de que la separación resulte necesaria. “No se debería llegar al momento en el que se necesita la separación, sino trabajar mucho antes con esa familia, porque no es una familia que se quiere separar por voluntad, sino una familia que puede no tener la capacidad económica o incluso la salud mental adecuada para criar a sus hijos”, explica.
El acogimiento institucional, por su parte, se redujo en 410 personas entre diciembre de 2019 y mayo de 2026, una disminución del 21,9 %. No obstante, todavía atendía a 1.459 personas en el último corte, lo que confirma que continúa siendo una respuesta central dentro del sistema.
El dato más crítico corresponde al acogimiento familiar. Esta modalidad permite que una niña, niño o adolescente que temporalmente no puede permanecer con sus progenitores sea cuidado por otra familia. Pese a su importancia como alternativa a la institucionalización, el número de usuarios cayó un 70,3%: pasó de 64 personas en 2019 a apenas 19 en mayo de 2026.
Chiriboga explica que una familia interesada debe atravesar un proceso de acreditación y cumplir determinados criterios. “No todas las familias que tienen la voluntad de ser una familia acogiente pueden serlo”, señala. Por eso considera necesario difundir la modalidad, explicar las responsabilidades que implica y fortalecer los apoyos que proporciona el Estado.
La adolescencia y las mujeres tienen mayor presencia
En la primera infancia, la distribución por sexo permanece relativamente equilibrada y cambia entre periodos. En mayo de 2026, las niñas representaron el 52 % del grupo de 0 a 3 años y el 54 % del grupo de 4 a 6 años. Las diferencias se vuelven más visibles desde los siete años: la participación femenina en el grupo de 7 a 11 años pasó del 53,4 % en 2019 al 56,2 % en mayo de 2026.
La brecha más persistente aparece entre los 12 y 17 años. Durante todo el periodo analizado, las mujeres representaron entre el 62,4 % y el 67,7 % de las personas adolescentes en acogimiento institucional. El máximo se registró en diciembre de 2022 y, en mayo de 2026, la proporción se situó en el 65,9 %. Es decir, aproximadamente dos de cada tres adolescentes acogidos eran mujeres.
El CRSA sí advierte que esta composición exige respuestas diferenciadas y sensibles al género, la edad y las trayectorias particulares. Según Chiriboga, el acompañamiento tampoco debe terminar de manera abrupta cuando los jóvenes egresan del acogimiento residencial. El sistema debe garantizar apoyos progresivos en empleabilidad, educación, formación, vivienda, acompañamiento y salud mental.
Estas necesidades adquieren especial relevancia ante la elevada presencia de mujeres adolescentes. Las entidades deben contar con capacidades para atender situaciones de violencia, salud mental, salud sexual y reproductiva, continuidad educativa y preparación para la autonomía.
El CRSA 2026 deja una conclusión central: proteger a niñas, niños y adolescentes no significa actuar únicamente después de que han perdido el cuidado familiar. También implica garantizar condiciones para que las familias puedan cuidarlos de manera segura y sostenible.
Los datos muestran una elevada vulnerabilidad socioeconómica, la persistencia del acogimiento institucional, una presencia mayoritaria de adolescentes y una sobrerrepresentación de mujeres dentro de este grupo.
La respuesta requiere analizar cada trayectoria, distinguir pobreza de negligencia e intervenir antes de que las dificultades se conviertan en una crisis. En palabras de Chiriboga, el primer paso es invertir en prevención; el segundo, articular y fortalecer el sistema de protección; y el tercero, garantizar apoyos sostenidos tanto para las familias como para los jóvenes que transitan hacia una vida independiente.
(*) Economista, analista económica Gestión Digital.
Compartir: