Negligencia y maltrato han empujado a más de 1.400 menores al sistema de protección del Estado

La negligencia de los tutores es la causa principal por la que casi la mitad de menores de edad en Ecuador terminan en casas de acogida. El último reporte del Ministerio de Desarrollo Humano revela que el descuido de los padres supera al maltrato físico, la violencia sexual y el abandono como el principal detonante para que los jueces ordenen separar a los niños de sus hogares.

Esta realidad del sistema de protección especial volvió al debate público tras el escape de ocho niños de la Casa Hogar María Campi de Yoder en Conocoto. Aunque las autoridades ya localizaron a seis de ellos, el caso encendió las alarmas sobre la vulnerabilidad de los 1.472 menores que viven en las casas hogar de Ecuador, las cuales albergan mayoritariamente a mujeres (61%) y a adolescentes de entre 12 y 17 años (50%).

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Los otros motivos por los que los menores ingresan a estas instituciones estatales son el maltrato, la violencia sexual, el abandono y la trata, entre otros, como se ve en la siguiente tabla.

Sybel Martínez, directora de Grupo Rescate Escolar y abogada especializada en derechos de niños, niñas y adolescentes, explica que algunos de los aspectos que se consideran para hablar de negligencia son la falta de escolaridad, atención médica, psicológica, higiene, nutrición adecuada o vestimenta de los menores.

El Consejo de Protección Integral de Derechos de Guayaquil también añade la falta de supervisión por parte de un adulto, la falta de atención problemas emocionales, la exposición de los menores a situaciones peligrosas y vivir en condiciones inseguras.

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¿Cómo llega un niño al acogimiento institucional?

Los 1.472 menores de edad que estaban en acogimiento institucional a mayo de 2026, según cifras del Ministerio de Desarrollo Humano, están distribuidos en 65 unidades de atención, o casas hogar. De estas, nueve están bajo administración directa del Gobierno, entre las que consta la Casa Hogar María Campi de Yoder. Las otras 56 existen bajo convenios con organizaciones sociales, gobiernos autónomos descentralizados u otras entidades.

Los niños y adolescentes que llegan a estas instituciones, explica Martínez, lo hacen después de que un juez lo dispone, porque "no puede vivir con su familia, sea porque viva maltrato, abandono, violencia o cualquier otra situación que ponga en riesgos u integridad".

Esto, aclara, ocurre "siempre y cuando no exista una familia ampliada que no es capaz, esté en la posibilidad o no quiera cuidar al niño, niña o adolescente".

La abogada indica que para llegar a esa instancia, un juez toma la decisión después de una denuncia de algún vecino, docente, médico o familiar que acuda a la Fiscalía o a una de las Juntas de Protección de Derechos de Niñez y Adolescencia, generalmente adscritas a los municipios del país.

El juez, a su vez, toma la decisión tras revisar exámenes biopsicosociales e informes psicológicos.

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Según el Código de la Niñez y Adolescencia de 2003, que no pudo ser reformado en la Asamblea en 2025 por falta de votos, el acogimiento institucional es una medida transitoria que tiene que ser usada como último recurso.

Berenice Cordero, exministra del entonces Ministerio de Inclusión Económica y Social, recuerda que el acogimiento institucional debe ser la última medida a tomar, y de forma excepcional, pues el mismo Código indica que todo menor tiene derecho a tener una familiar, aunque esta también está obligada a dar un clima de respeto a sus otros derechos y desarrollo integral.

¿Problemas también dentro de las Casa Hogar?

Martínez, así como la Alianza de Derechos Humanos, instan a que las autoridades investiguen las razones que rodean al escape de los ocho niños de la Casa Hogar Campi de Yoder en Conocoto, en medio de un contexto en el que en los últimos años la Asamblea y la Defensoría del Pueblo han investigado incidentes en otras casa de acogida.

Uno de estos ocurrió en 2024, cuando un adolescente se suicidó y otros jóvenes trataron de hacer lo mismo en el Centro de Acogimiento Buen Vivir de Macas, en la provincia de Morona Santiago. Esta situación crítica motivó a que en agosto de 2025 la Comisión de la Niñez de la Asamblea concluyera que se necesita una mayor fiscalización de las casa de acogida, así como una mayor asignación de presupuesto.

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Un segundo caso que recuerda la Alianza de Derechos Humanos es el de 21 adolescentes de la Casa Hogar Enríquez Gallo, que en 2025 denunciaron maltrato en esta institución que también funciona bajo administración directa del Gobierno. En un informe, la Defensoría del Pueblo señaló la falta de un psicólogo, de un acompañamiento den salud mental y testimonios de los jóvenes que afirmaban en ocasiones no les daban comida como medio de castigo.

Además, Cordero acota que los mismos jueces que dictan las medidas de acogimiento institucional también están en capacidad de revisarlas y pedir informes respecto a la situación de los menores de edad, al enfocarse en el reciente caso de los niños que escaparon de la casa de acogida de Conocoto.

La movilidad humana como elemento de riesgo adicional en niños

De los 29 menores de edad que han sido asignados a la Casa Hogar María Campi de Yoder, en Conocoto, cinco son venezolanos, según cifras del MDH actualizadas a mayo de 2026. Dos de ellos serían Darianyelis Valeria Rosales y Luis Eduardo Torres, ambos de nacionalidad venezolana, que son los únicos que hasta la fecha no han sido encontrados por las autoridades.

Los mismos registros del Ministerio indican, además, que de los 91 niños de nacionalidad extranjera que están bajo acogimiento institucional en Ecuador, 57 son de Venezuela. Otros 26 son de Colombia, siete de Perú y uno de Panamá.

Estimaciones del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) hechas en diciembre de 2024 señalan que 1 de cada cuatro personas en movilidad humana en el mundo es niño, niña o adolescente, aunque esa cifra aumenta a 1 de cada 3 migrantes en el caso de Ecuador.

La misma organización internacional indicaba entonces que más de 2.000 niños y niñas habían llegado al país solos o separados de sus familia.

De acuerdo con la Organización Internacional para la Migración (OIM), algunos de los mayores riesgos a los que están expuestos los niños migrantes en el mundo son la violencia, la explotación y los abusos tanto durante sus viajes como en los lugares de destino.

Esa misma fuente indica que los menores también pueden ser objetos de "conductas de indiferencia o abuso" por parte de funcionarios del Estado, ya sea desde la Policía, los agentes fronterizos o el personal de los centro de acogida o detención.