El Seguro Joven del IESS suma 16.500 afiliados, pero la informalidad le gana la carrera
Las modalidades de afiliación para jóvenes emprendedores y de seguro voluntario juvenil del IESS reunían cerca de 16.500 personas a inicios de 2026. Aunque la cifra muestra una incorporación relevante, sigue siendo limitada frente al más de un millón de jóvenes ocupados en un mercado laboral caracterizado por la precariedad.
Afiliado al IESS accediendo al sistema del Seguro Social en línea, el 8 de enero de 2020.
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En marzo de 2024, mediante la Resolución No. C.D. 670, el Consejo Directivo del IESS aprobó el Programa de Afiliación Joven, que contempla dos segmentos de afiliación dirigidos a jóvenes sin cobertura de seguridad social: Jóvenes en Emprendimiento y Voluntario Joven.
El programa empezó a implementarse desde abril de 2024: el segmento de jóvenes en emprendimiento, para adolescentes y jóvenes de 15 a 24 años con 11 meses, y el segmento juvenil del Régimen Especial de Seguro Voluntario, para mayores de 18 años bajo el mismo límite etario.
Ambas modalidades mantienen para 2026 un aporte mínimo mensual de USD 54,85. Aunque aplican la misma tasa de aportación del 17,60%, su base mínima es menor que la de la afiliación voluntaria general y la de los afiliados independientes. Un afiliado voluntario adulto o un afiliado independiente (adulto) que aporta sobre el salario básico unificado de USD 482 paga al menos USD 84,83 mensuales.
Así, el programa reduce en USD 29,98, alrededor de un 35%, el pago mínimo exigido a los jóvenes emprendedores y voluntarios de hasta 24 años y 11 meses, facilitando así su incorporación al sistema de seguridad social.
Elisa Lanas Medina, analista experta en temas de seguridad social, explica a GESTIÓN que el producto no nació de un cálculo improvisado: hubo estudios previos, incluso con aportes de organismos internacionales, para definir cuánto podía pagar este grupo etario sin dejar de cubrir los valores básicos del seguro de salud, pensiones y riesgos del trabajo.
Su lectura, sin embargo, es que ese esfuerzo quedó aislado, porque en Ecuador no existe una cultura consolidada de previsión y protección social. Patricia Borja, también analista en temas de seguridad social, añade un matiz técnico previo a cualquier balance de resultados: “En sentido estricto, este programa no es un régimen nuevo ni autónomo, sino un aporte reducido dentro de figuras de afiliación que ya existían”.
Esa precisión normativa, junto con las cifras del Registro Estadístico de Empleo en la Seguridad Social (REESS), elaborado por el INEC con información del IESS, ordena el análisis que sigue.
Un diseño técnico construido sobre figuras ya existentes
Borja detalla que la Resolución No. C.D. 670 no creó un régimen especial nuevo, sino dos segmentos de afiliación con un aporte inferior dentro de la afiliación independiente y el seguro voluntario, ya reconocidos desde antes en los artículos 2 y 152 de la Ley de Seguridad Social.
Señala, además, que la denominación “jóvenes en emprendimiento” es imprecisa, porque el segmento incluye a adolescentes desde los 15 años, mientras que la Ley Orgánica de las Juventudes define como joven únicamente a quien tiene entre 18 y 29 años.
La distinción tiene consecuencias prácticas sobre el alcance del beneficio. Según explica Borja, ambos segmentos cubren todas las contingencias previstas por la ley: salud, riesgos del trabajo, pensiones; excepto el seguro de cesantía y desempleo, y tampoco incluyen la extensión de cobertura para hijos u otros dependientes, que sí aplica en el régimen general. Es, en la práctica, un aseguramiento con un aporte reducido.
Crecimiento del sistema, pero con menos jóvenes dentro
Los datos del tabulado de indicadores laborales del INEC, con corte a abril de 2026, permiten poner en perspectiva la cifra de afiliación juvenil. Ese mes, el empleo total registrado en la seguridad social ecuatoriana llegó a 3.401.010 personas. De ellas, 298.873 tenían entre 15 y 24 años, un 8,8% del total.
La proporción es menor que al inicio de la serie: en enero de 2009, ese mismo grupo etario representaba el 14,7% del empleo registrado. En 17 años, mientras el número absoluto de empleos formales casi se duplicó, la participación de los jóvenes dentro de ese total bajó de forma sostenida.
Dentro de esos 298.873 jóvenes con empleo registrado, el propio tabulado desagrega la condición laboral: 285.945, el 95,7%, son asalariados en relación de dependencia, es decir, ya están cubiertos por el régimen general porque la ley obliga a su empleador a afiliarlos. 12.455 figuran como trabajadores por cuenta propia y 473 como patronos; en conjunto, 12.928 jóvenes de 15 a 24 años aparecen en el REESS como independientes formales, el segmento al que apunta específicamente el Seguro Joven.
La magnitud de la brecha se observa al comparar el mercado laboral con el empleo registrado en la seguridad social. En abril de 2026, la ENEMDU estimó que Ecuador tenía 8,86 millones de personas económicamente activas, de las cuales 8,58 millones estaban ocupadas. En ese mismo mes, el Registro Estadístico de Empleo en la Seguridad Social contabilizó 3,40 millones de personas con empleo registrado.
Aunque ambas fuentes utilizan metodologías diferentes, la primera se basa en una encuesta de hogares y la segunda en registros administrativos. La comparación permite dimensionar la amplia distancia entre la población que trabaja y aquella que consta en los registros formales de la seguridad social.
En abril de 2026, ese grupo sumaba 743.077 personas con empleo registrado, un 21,8% del total. De ellas, 702.290 (el 94,5%) eran asalariadas en relación de dependencia, 38.803 trabajaban por cuenta propia y 1.984 figuraban como patronos.
La proporción se repite con pocas variaciones respecto del grupo de 15 a 24 años: en ambos recortes etarios, la afiliación al régimen general llega casi automáticamente a los jóvenes con un empleador formal, mientras que el universo de independientes —el que busca incorporar a la Afiliación Juvenil— es comparativamente reducido dentro del propio empleo registrado, y más pequeño aún frente al conjunto de jóvenes que no aparece en ningún registro laboral.
La precariedad marca el empleo juvenil
La Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) del INEC, con datos anuales de 2025, permite medir en qué condiciones trabajan los jóvenes ecuatorianos más allá de su registro en la seguridad social.
De los 1.193.804 jóvenes de 15 a 24 años ocupados, apenas el 23,9% tiene empleo adecuado o pleno. El 25,9% se encuentra en alguna forma de subempleo, el 27,7% en otro empleo no pleno y el 22,4% trabaja sin remuneración, generalmente como ayuda en negocios o labores familiares. En contraste, entre los 25 y 34 años, el empleo adecuado sube al 44,6%, y la proporción de trabajo no remunerado cae al 5,6%.
Esa precariedad se refleja en el sector donde se insertan. El 55,5% de los jóvenes de 15 a 24 años trabaja en el sector informal, frente al 39,8% que lo hace en el formal. La proporción se invierte a partir de los 25 años: entre los 25 y 34, el 55,8% está en el sector formal y el 39,8% en el informal. Es decir, la formalidad laboral crece con la edad, pero los jóvenes arrancan su vida productiva mayoritariamente fuera de ella.
Esos números ponen en escala los 16.500 afiliados al programa. Su universo potencial no se limita a los 12.928 jóvenes independientes que ya aparecen en el REESS, sino que se extiende a una población de más de un millón de jóvenes ocupados, gran parte de ellos vinculados a la informalidad, el subempleo o el trabajo no remunerado.
La transición a los 25 años: el punto de mayor fricción del diseño
La Resolución No. C.D. 670, suscrita el 5 de marzo de 2024, establece que, al cumplir 24 años y 11 meses, el IESS notificará al joven a fin de que proceda a realizar el cambio en la base de aportación correspondiente al total del salario básico unificado al cumplir los 25 años. Si no lo hace, según detalla Borja, el propio IESS ejecutará el cambio de forma automática y la base de aportación pasará a la tasa general: 17,60% sobre el salario básico de USD 482 vigente en 2026, es decir, un aporte mínimo de USD 84,83 mensuales.
La normativa contempla una salida frente a la interrupción de los pagos: si el afiliado deja de pagar durante 60 días, el IESS generará automáticamente el aviso de salida con lo que pasará a estar cesante. Mientras permanezca dentro del rango de edad previsto y cumpla los requisitos correspondientes, podrá volver a afiliarse a uno de los dos segmentos juveniles.
No obstante, Lanas advierte que el sistema continúa exigiendo a los trabajadores independientes una cotización calculada sobre una base mínima, lo que puede resultar difícil de sostener para quienes tienen ingresos bajos o inestables. Esta estructura evidencia que la normativa todavía enfrenta el desafío de adaptarse mejor a las trayectorias laborales variables de jóvenes emprendedores e independientes.
Una política sostenida por normativa
Lanas atribuye parte del estancamiento de las afiliaciones a un problema de comunicación y continuidad institucional. Recuerda que, durante el lanzamiento del programa en 2024, el IESS desarrolló actividades de socialización en colegios y otros espacios juveniles, además de impulsar convenios institucionales. Estas acciones contribuyeron al crecimiento inicial de las afiliaciones, pero no se mantuvieron con la misma intensidad en el tiempo.
Su diagnóstico coincide con el estudio Análisis comprehensivo de la situación de los trabajadores independientes en Ecuador y recomendaciones para extender su cobertura de seguridad social, publicado por la Organización Internacional del Trabajo en 2022 y cuya edición general estuvo a cargo de la propia Lanas.
La investigación no estuvo dirigida exclusivamente a jóvenes, sino a trabajadores independientes que no cotizaban a la seguridad social. Según el documento, entre 2014 y 2019 los trabajadores independientes representaron entre el 34,6% y el 38,6% de la población ocupada, pero su afiliación o cobertura no superó el 22%.
El estudio identificó una falta de comunicación entre el IESS y la población, así como desconocimiento sobre las funciones, beneficios y condiciones de la afiliación. La información institucional tampoco resultaba fácilmente accesible: solo el 22,6% de las personas consultadas acudía a la página oficial del IESS, mientras que el 42,2% buscaba información en Google y otro grupo recurría a familiares o conocidos.
A partir de estos hallazgos, la OIT propuso una estrategia permanente y diferenciada de sensibilización, no una campaña limitada al lanzamiento de un producto específico.
El trasfondo actuarial
La discusión sobre el Seguro Joven trasciende al producto en sí y toca un problema de fondo: la sostenibilidad del sistema de pensiones. Los cálculos actuariales habituales estiman que se necesitan aproximadamente ocho aportantes activos para financiar la pensión de un solo jubilado, como lo explica Lanas.
Ecuador enfrenta una tendencia de envejecimiento poblacional, una menor tasa de natalidad y una mayor esperanza de vida que incrementan la presión sobre la sostenibilidad del sistema de pensiones. Borja advierte que estos segmentos también pueden plantear desafíos para la sostenibilidad del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte, debido a que los aportes se calculan sobre una base reducida.
La normativa dispuso que las áreas técnicas (direcciones de los distintos seguros especializados) y actuariales del IESS definan las condiciones y la calificación para la entrega de las prestaciones a estos afiliados.
Los datos del REESS confirman ese cuello de botella en la población joven: el 95,7% de los jóvenes de 15 a 24 años con empleo registrado en abril de 2026 son asalariados dependientes, cubiertos porque la ley obliga a su empleador a registrarlos, no por una decisión propia de aseguramiento.
Este programa de Afiliación Juvenil se dirige principalmente a quienes emprenden o trabajan por cuenta propia y no están cubiertos mediante una relación de dependencia. Entre ellos pueden encontrarse jóvenes vinculados a plataformas digitales, aunque las estadísticas disponibles no permiten identificar por separado a todo ese colectivo.
Ahí aparece el desafío pendiente que plantea Lanas: ampliar la cobertura efectiva de la seguridad social entre quienes trabajan mediante plataformas digitales y otras formas emergentes de ocupación. El caso del reparto mediante plataformas lo ilustra con claridad: aunque pueden existir seguros privados de salud, estos no generan aportes que se acumulen para una futura jubilación.
Lanas considera que la afiliación debería promoverse inicialmente y avanzar posteriormente hacia su obligatoriedad, tanto para proteger a estos trabajadores frente a riesgos como para garantizar su incorporación al sistema de pensiones.
Borja añade que la solución pasa también por crear modalidades contractuales que permitan a los jóvenes una inserción laboral formal temprana, acompañada de orientación vocacional, en lugar de depender únicamente de que un emprendedor adolescente decida afiliarse por su cuenta.
La afiliación juvenil mediante estos dos segmentos surgió como una respuesta a la baja cobertura de seguridad social entre jóvenes, aunque su diseño también requirió ajustes normativos para diferenciar la afiliación de adolescentes de la aplicable a mayores de edad. La serie mensual del REESS evidencia los límites de una estrategia basada principalmente en la afiliación voluntaria e independiente. Entre enero de 2020 y abril de 2026, el empleo registrado total pasó de aproximadamente 3,3 a 3,4 millones de trabajadores, mientras la participación de los jóvenes de 15 a 24 años se mantuvo alrededor del 8,8%.
Los cerca de 16.500 afiliados al programa representan una ampliación de la cobertura, aunque siguen siendo una cifra limitada frente al universo de jóvenes que permanece fuera de los registros de la seguridad social. Su aporte al sistema no debería evaluarse únicamente por el número de nuevas afiliaciones, sino también por la claridad de las reglas aplicables, las condiciones de acceso a las prestaciones y los efectos que una cotización reducida puede tener sobre la sostenibilidad del Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte.
El reto, por tanto, no consiste solo en incorporar más jóvenes, sino en consolidar un esquema jurídicamente claro, técnicamente sostenible y adaptado a las distintas formas de inserción laboral juvenil.
(*) Economista, analista económica Gestión Digital.
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