Empleo público en Ecuador: tamaño, composición y comparación internacional
El empleo público constituye una parte relevante de la estructura laboral de los países y adopta características distintas según su modelo institucional y de provisión de servicios. En Ecuador, la ENEMDU 2025 permite examinar su peso, composición y principales áreas de concentración dentro del mercado de trabajo.
La Comisión de Régimen Económico sesionó el 28 de agosto de 2026 para receptar el alcance de cifras de la Fiscalía General del Estado.
- Foto
PRIMICIAS.
Autor:
Actualizada:
Compartir:
“Estado obeso” se ha convertido en una de esas expresiones que funcionan mejor políticamente que estadísticamente. La imagen es sencilla: demasiados funcionarios, demasiado gasto y una estructura burocrática que termina siendo sostenida por quienes producen desde el sector privado. La solución, desde esa perspectiva, parece igualmente sencilla: reducir el Estado.
El problema surge cuando se mira fuera del Ecuador
Según Government at a Glance 2025, de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), el empleo en el gobierno general equivale al 30,1% del empleo total en Noruega, 28,2% en Suecia, 27,3% en Dinamarca y 25,2% en Finlandia. El promedio de la OCDE fue de 18,4% en 2023.
Ecuador aparece muy lejos de esos niveles. La propia OCDE calculó que en 2022 el empleo público ecuatoriano equivalía aproximadamente al 7% del empleo total, por debajo del promedio latinoamericano de 12% y del promedio OCDE utilizado en aquella edición, de 21%. Además, el indicador ecuatoriano había descendido desde 9,5% en 2011.
Los microdatos de la Encuesta Nacional de Empleo, Desempleo y Subempleo (ENEMDU) anual 2025 permiten actualizar la discusión. Procesando la base con su correspondiente factor de expansión, Ecuador tuvo aproximadamente 8,30 millones de personas con empleo, de las cuales unas 551.974 se identificaron como empleados de gobierno. Eso representa 6,65% del empleo nacional.
El empleo público en las economías desarrolladas
El primer error consiste en asumir que desarrollo económico y reducción del Estado avanzan necesariamente juntos. Los datos de la OCDE muestran una realidad mucho más heterogénea. Existen economías avanzadas con un empleo gubernamental relativamente reducido, pero también algunas de las sociedades con mayores niveles de ingreso, productividad y bienestar mantienen aparatos públicos que emplean directamente a una proporción importante de su población.
La diferencia tampoco puede interpretarse como prueba de que contratar empleados públicos vuelve desarrollado a un país. Sería confundir correlación con causalidad.
Thomas Cusack, Ton Notermans y Martin Rein, en su artículo “Aspectos político-económicos del empleo público”, publicado en European Journal of Political Research, estudiaron 17 países de la OCDE entre 1963 y 1983. Encontraron que el aumento de la riqueza contribuía significativamente al crecimiento del empleo público y observaron, además, un cambio en su composición: disminuía el empleo estatal asociado a bienes y servicios de mercado mientras aumentaban los servicios comunitarios y sociales.
Esto ayuda a entender una aparente paradoja: cuando una economía se desarrolla, la demanda social no se concentra exclusivamente en más bienes privados. También aumenta la demanda de educación, salud, seguridad, investigación, justicia, cuidados, regulación e infraestructura.
El funcionario público ecuatoriano
La ENEMDU permite dar un paso adicional. No basta con saber cuántas personas trabajan para el Estado. Hay que saber quiénes son y qué hacen. Los resultados de 2025 muestran una característica clara: el empleo público ecuatoriano está fuertemente concentrado en trabajadores con formación profesional.
Esto significa que más de siete de cada diez empleados de gobierno tienen educación superior. En el conjunto de los trabajadores ecuatorianos, la proporción con educación superior es aproximadamente 21%.
La importancia del Estado como empleador de capital humano también aparece al observar el dato desde la perspectiva contraria: aproximadamente 22,9% de todas las personas ocupadas con educación superior trabajan como empleados de gobierno. La estructura ocupacional confirma el fenómeno.
Casi 46 de cada 100 empleados públicos son profesionales científicos e intelectuales.
Por tanto, hablar de una reducción general, sin analizar los puestos concretos puede resultar engañoso. Una nómina pública no está formada exclusivamente por funcionarios administrativos: incluye médicos, docentes, investigadores, ingenieros, policías, militares, técnicos, jueces y otros trabajadores encargados de servicios que el Estado decidió proporcionar directamente.
Jairo Rivera, en su estudio “Retornos a la educación en Ecuador: entre brechas salariales y mercados especializados”, elaborado en la Universidad Andina Simón Bolívar a partir de ENEMDU 2003-2014, muestra también diferencias importantes entre la estructura salarial pública y privada. Rivera explica que para la educación universitaria los retornos podían ser mayores en el sector privado, entre otras razones porque las escalas públicas establecen límites remunerativos mientras el mercado privado permite una dispersión mucho mayor en los ingresos de trabajadores altamente cualificados.
Nueve de cada 10 empleados públicos están concentrados en tres grandes áreas
Quizás el hallazgo más importante de la ENEMDU aparece cuando se observa la rama de actividad.
Administración pública, defensa y seguridad social; educación; y salud concentran conjuntamente alrededor del 89% de todo el empleo gubernamental ecuatoriano. Solo enseñanza representa aproximadamente un tercio.
Esta composición es esencial para comprender las diferencias internacionales. La OCDE advierte que el peso del empleo gubernamental depende de cómo cada sociedad decidió organizar sus servicios públicos. En algunos países, la mayoría de profesores, trabajadores sanitarios y personal de emergencia son contratados directamente por el gobierno; en otros, esos mismos servicios pueden recibir financiamiento estatal pero ser proporcionados por empresas privadas u organizaciones sin fines de lucro.
Karin Gottschall y Markus Tepe, en el capítulo “El Estado de bienestar como empleador”, del Oxford Handbook of the Welfare State, utilizan precisamente el concepto de “regímenes de empleo público” para explicar por qué las trayectorias laborales del Estado difieren entre las economías de la OCDE dependiendo del modelo de bienestar y de economía política adoptado.
La consecuencia es importante: dos Estados pueden gastar recursos públicos en garantizar salud o educación y, sin embargo, mostrar cantidades muy diferentes de empleados gubernamentales porque uno presta directamente el servicio y el otro lo compra o concierta con terceros. Por ello, tampoco puede concluirse que Noruega sea cuatro veces “más burocrática” que Ecuador simplemente porque su indicador de empleo gubernamental sea cuatro veces mayor. Buena parte de esa diferencia refleja qué funciones realiza directamente el Estado.
Los datos de la ENEMDU 2025 dejan al menos una conclusión clara: Ecuador no destaca internacionalmente por tener una proporción extraordinariamente alta de empleados públicos. Aproximadamente 6,65% de sus trabajadores son empleados de gobierno, mientras el promedio de las economías de la OCDE supera ampliamente esa proporción y los países nórdicos llegan a entre una cuarta parte y casi un tercio de su empleo. Aunque tampoco se desprende de aquello que Ecuador deba copiar esas proporciones. Lo que sí queda cuestionado es el uso de “Estado obeso” como diagnóstico económico suficiente.
Si casi nueve de cada 10 empleados públicos ecuatorianos se concentran en administración y seguridad, educación y salud, cualquier reforma destinada a reducir la nómina debe identificar previamente dónde existe exceso y dónde existe déficit. Un puesto redundante y un médico que falta en un hospital aparecen de la misma manera en una cuenta presupuestaria, pero sus efectos sobre la economía y el bienestar son exactamente opuestos.
El desafío, por tanto, no es construir el Estado más grande posible ni el más pequeño posible. Es construir uno capaz. Ecuador debería dejar de preguntarse cuánto pesa su Estado y comenzar a preguntarse dónde necesita músculo, dónde acumula grasa y, sobre todo, qué resultados obtiene de cada dólar y de cada servidor que sostiene.
(*) Economista, analista económica Gestión Digital.
Compartir: