El 16 de octubre, en un mitin en Georgia, Donald Trump resumió su política hacia Venezuela sin eufemismos: ganamos la guerra y, “al vencedor le pertenecen los botines de guerra”. La frase explica la lógica de los acuerdos petroleros que Washington ha tejido con Caracas desde la captura de Nicolás Maduro, el 3 de enero.

Un acuerdo menos sólido de lo anunciado

El 28 de agosto Trump anunció “el mayor acuerdo petrolero de la historia mundial”. La Casa Blanca precisó que North American Blue Energy Partners (NABEP), empresa del venezolano Alejandro Betancourt, operaría 17 campos con unos 65 mil millones de barriles de reservas probadas, y que Washington tendría 35% de la matriz, derecho a comprar 20% de la producción al costo y preferencia sobre el resto (S&P Global).

Los detalles se desdibujan al examinarlos. Una investigación de The Guardian halló que el Pentágono habla ante el Congreso de “warrants”, derechos de compra y no de acciones; que la ley venezolana no admite concesiones de más de 25 años, y que el propio gobierno venezolano habla de 25 años, no de 100; y que la oficina del Pentágono implicada carece, según expertos, de autoridad para tomar participaciones accionarias.

El Departamento de Estado insiste en que es “un acuerdo privado con una empresa privada”, no con el gobierno interino. Un exdiplomático lo comparó con “el gran y hermoso muro que pagará México”. Exxon calificó a Venezuela de “no invertible” en enero; según The Guardian, el esquema no aportará capital nuevo ni repondrá pronto la reserva estratégica estadounidense, y un empresario del sector afirma que “el único ganador discernible” es Betancourt.

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Las cifras tampoco son firmes. NABEP promete hasta US$100 mil millones; la presidenta Delcy Rodríguez habló de casi US$76 mil millones en cinco años, 250 taladros y 61 acuerdos, y de una producción en Zulia que subió de 70.000 a 370.000 barriles diarios (Reuters). Rystad Energy estima que volver a tres millones diarios hacia 2040 exigiría US$183 mil millones (World Oil). Paul Krugman llamó al plan, en su columna de Substack, “una estafa vil y profundamente estúpida”: vil, porque valida lo que la izquierda latinoamericana siempre dijo del imperialismo; estúpida, porque aun con un margen generoso de US$20 por barril, 65 mil millones de barriles valdrían US$1,3 billones extraídos en muchos años, menos de 1% de la riqueza estadounidense.

Los flujos, en cambio, ya se mueven

Según ABC, las refinerías estadounidenses pasaron de 137.000 barriles diarios de crudo venezolano a fines de 2025 a 701.000 en julio: un aumento de 412% y el mayor volumen desde 2017, antes del acuerdo de agosto. El barril costó US$71,28 desembarcado, frente a US$77,87 del promedio importado, es decir, “por debajo del coste medio” de lo que EE.UU. compra afuera. Pero el crudo venezolano es mayormente pesado y sulfuroso, y frente a similares, como el Maya mexicano, la ventaja se reduce considerablemente. Ese matiz es decisivo para el Ecuador.

Legitimidad, corrupción y ambiente

La fragilidad es política. En una columna para Project Syndicate, Cristina Ramírez observa que una concesión de un siglo presupone que el arreglo sobrevivirá a varias administraciones (en los dos países), y que Trump convierte la oportunidad democrática en “el camino no tomado”. Betancourt es el eslabón más débil: The Guardian recoge acusaciones de más de una década, que su abogado niega, y The New York Times reporta que María Corina Machado lo responsabiliza de “corrupción obscena”, a lo que él responde que nunca ha sido acusado de delito alguno.

Machado, que aventaja 52% a 19% a Rodríguez en una encuesta de Bloomberg, dice que los contratos que cumplan la ley venezolana “serán respetados”: un futuro gobierno quizá los revise, no los rompa. EnergiesNet muestra el riesgo: un contrato sobre el campo Bare pasó en horas a GeoPark por acciones de US$515 millones, sin que el Estado recibiera nada. “El acceso es el activo”, resume. Exxon y ConocoPhillips ganaron sus arbitrajes tras 15 a 18 años; un contrato sin legitimidad es un potencial laudo en el futuro.

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El costo ambiental, ausente de los comunicados, es visible en el Lago de Maracaibo. CBC reporta que ni Washington ni Caracas han mencionado su limpieza; un pescador estima que sus capturas cayeron 40% por los derrames, y Azul Ambientalistas pide destinar 5% de los nuevos ingresos a sanearlo.

Venezuela supuestamente posee 303 mil millones de barriles de reservas (cerca del 18% del total mundial de reservas), pero aporta apenas 1% de la oferta mundial, con una producción que cayó casi dos tercios desde inicios de los 2000, y NABEP promete duplicarla en dos años. Duplicar la producción sin remediar lo heredado sería contabilizar la renta y externalizar el daño.

Implicaciones para América Latina

Para la política exterior regional el mensaje es doble. Primero, el control de los ingresos funciona como condicionalidad: el secretario de Energía, Chris Wright, admitió que “controlamos la venta de petróleo fuera de su país”, por lo cual los venezolanos están “obligados a trabajar en sociedad con nosotros” (Common Dreams).

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Segundo, hay reconfiguración geopolítica: NABEP asumió campos antes operados por empresas chinas y una rusa, y aliados de Washington, como el Paraguay de Santiago Peña, normalizan el trato con el régimen chavista. Paul Krugman anticipa que Washington pagará el costo diplomático durante décadas. Los gobiernos de la región deberán decidir si se acomodan a una Doctrina Donroe energética o diversifican socios y reglas.

Ecuador: el crudo pesado en la mira

Ecuador exporta Oriente, semipesado, que representa cerca de 60% de los envíos, y Napo, más pesado, cerca de 40% (Primicias). El Napo compite de frente con el barril venezolano. En febrero, Primicias reportó descuentos de hasta US$16,50 por barril, cuatro veces el descuento promedio de 2025: con WTI a US$63,96, el Napo quedaba en US$47,46, ante la competencia de crudos pesados de Venezuela y Canadá.

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La guerra en Medio Oriente ha enmascarado el problema. En el primer semestre, el precio promedio del crudo ecuatoriano subió 25,6%, hasta US$76,68, pero los volúmenes cayeron 9,8%: el Estado cobra más por menos, gracias a un viento de cola geopolítico. 

Cuando la prima de guerra se disipe y Venezuela escale de 701 mil barriles diarios hacia el millón, las refinerías de la Costa del Golfo tendrán más oferta con la que negociar. Como Petroecuador vende referenciado al WTI menos un diferencial, será ahí donde se pague la factura: cada dólar adicional de castigo resta unos US$11 millones a los 10,8 millones de barriles adjudicados para agosto-octubre.

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¿Qué hacer? Diversificar compradores y plazos: Petroecuador ha anunciado contratos de largo plazo para hasta 40% de su crudo y ventas directas a Emiratos Árabes Unidos (Primicias). Reducir los costos logísticos que restan competitividad al Napo. Y cuidar el contraste institucional: mientras Caracas otorga concesiones sin licitación y de legalidad dudosa, el Ecuador puede ofrecer reglas más claras que resistan los cambios de gobierno (si bien bajo Alfredo Palacio y Rafael Correa se desconocieron varios contratos, lo cual llevó a arbitrajes – la mayoría de los cuales perdió el Ecuador).

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La historia aporta una medida. En 1997 Venezuela enviaba 1,6 millones de barriles diarios a Estados Unidos; en julio de 2026, 701.000 (ABC). La recuperación es real, pero descansa sobre contratos de legitimidad disputada. El petróleo barato de hoy puede ser el arbitraje caro de mañana, y la lección para el Ecuador es no confiar en que la guerra de Medio Oriente pague las cuentas.

(*) Analista de Gestión Digital, experto en Desarrollo Sostenible y Financiación Climática.