Ecuador hacia 2040 y la apuesta para romper el estancamiento económico
La Agenda de Crecimiento 2040 propone una hoja de ruta para la economía ecuatoriana, aunque parte de una expansión promedio cercana al 2,7%. El desafío consiste en transformar estabilidad, exportaciones y recuperación de la inversión en crecimiento sostenido.
Imagen referencial de dinero en efectivo. Ecuador fue escogido como país elegible para desarrollar un programa compacto de la Corporación del Desafío del Milenio.
- Foto
Freepik
Autor:
Actualizada:
Compartir:
Ecuador vuelve a discutir cómo crecer. La Agenda de Crecimiento 2040, impulsada por el Gobierno, fue analizada en Koyuntura, publicación del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito (USFQ), por Pablo Lucio Paredes, director de esa unidad académica.
El análisis examina una estrategia de largo plazo orientada a fortalecer la institucionalidad, mejorar la sostenibilidad fiscal, elevar la competitividad, atraer inversión y profundizar el sistema financiero, al tiempo que identifica avances y limitaciones estructurales de la economía ecuatoriana.
El punto de partida, sin embargo, abre una discusión importante. La Agenda proyecta un crecimiento promedio cercano al 2,7% en el mediano plazo, apenas por encima del crecimiento potencial histórico de aproximadamente 2,3% registrado durante la década previa. La pregunta no es únicamente si Ecuador puede seguir creciendo, sino si esa velocidad resulta suficiente para modificar de manera perceptible las condiciones de empleo, ingresos y productividad.
Según Pablo Lucio Paredes, director del Instituto de Economía de la USFQ, una economía como la ecuatoriana debería aspirar a crecer entre 4% y 5% anual y sostener esa trayectoria durante varios años. La explicación va más allá de una meta estadística: crecer con mayor velocidad permite absorber a quienes ingresan al mercado laboral, mejorar las condiciones de quienes ya participan en él y elevar la productividad.
Los datos del Banco Central del Ecuador (BCE) muestran que esa trayectoria ha sido difícil de alcanzar. Desde 2015, la economía ha atravesado años de crecimiento reducido, una fuerte contracción en 2020 y posteriores períodos de recuperación. En 2025 el PIB creció 3,7%, mientras que en el segundo trimestre de 2026 la expansión interanual se ubicó en 2,1%.
La discusión alrededor de la Agenda 2040 se concentra entonces en una cuestión central: Ecuador no solo necesita crecer, necesita hacerlo con suficiente intensidad y continuidad para que esa expansión se traduzca en inversión, productividad y mejores condiciones laborales.
Crecer al 2,7% no alcanza para transformar la economía
La primera diferencia entre la Agenda 2040 y la visión planteada por Paredes está en la magnitud del crecimiento necesario.
Para el economista, una expansión de entre 4% y 5% anual tiene una lógica concreta. Si una economía crece alrededor de 5%, el ingreso podría duplicarse aproximadamente en 14 años. Con un crecimiento de 4%, el proceso tomaría cerca de 18 años. A tasas cercanas al 2,5%, la duplicación podría requerir aproximadamente 28 años. La diferencia importa porque determina cuánto debe esperar una generación para percibir una mejora significativa en sus condiciones materiales.
Existe también una segunda explicación. Paredes plantea que el crecimiento debe cumplir tres funciones simultáneas:
- La primera es incorporar a quienes ingresan cada año al mercado laboral.
- La segunda consiste en mejorar el empleo y los ingresos de quienes ya forman parte de la economía.
- La tercera es aumentar la productividad, condición necesaria para que los ingresos puedan crecer de manera sostenible.
En su estimación, cada uno de estos componentes podría demandar alrededor de 1,5 puntos de crecimiento, lo que ubicaría el objetivo general cerca de 4,5%.
La experiencia reciente muestra lo difícil que ha sido para Ecuador sostener una expansión elevada durante varios años. En 2020, la economía se contrajo 9,2%, mientras que en 2021 registró un crecimiento de 9,4%, marcado en buena medida por el efecto rebote posterior a la pandemia. En 2022 la expansión se moderó a 5,9% y en 2023 descendió a 1,8%. Para 2024, las cifras revisadas del Banco Central muestran una contracción de 1,9%, seguida por una recuperación de 3,7% en 2025.
La información trimestral permite observar con mayor claridad esa irregularidad. Durante 2025, el PIB creció 3,4% interanual en el primer trimestre, 3,5% en el segundo, 3,0% en el tercero y 5,0% en el cuarto. El impulso perdió fuerza nuevamente en 2026: tanto en el primer como en el segundo trimestre el crecimiento interanual se ubicó en 2,1%.
La economía logra alcanzar tasas superiores al 4% en determinados períodos, aunque todavía no consigue mantenerlas de manera continua, que es precisamente el punto central del planteamiento de una senda de crecimiento de entre 4% y 5%. El BCE reporta actualmente un crecimiento anual de 3,7% para 2025 y un crecimiento interanual de 2,1% en el segundo trimestre de 2026.
La inversión sigue lejos del nivel necesario para despegar
El segundo desafío se encuentra en la inversión. La Agenda reconoce que durante la última década cambió la composición entre inversión pública y privada. Entre 2014 y 2023, la inversión pública redujo su participación en el PIB, mientras la inversión privada aumentó su peso relativo.
Para Paredes, el cambio en la composición de la inversión constituye una señal positiva. La dificultad aparece al observar su peso total dentro de la economía. En su criterio, Ecuador debería acercarse a una inversión equivalente a entre 25% y 27% del PIB para sostener una trayectoria de crecimiento más elevada. En los datos trimestrales del BCE, esa proporción se ha mantenido generalmente alrededor del 18%-21% durante los últimos años.
La serie muestra una caída importante durante 2020 y una recuperación posterior. En el primer trimestre de 2021, la Formación Bruta de Capital Fijo representó 18,5% del PIB y cerró ese año en 19,6%. Durante 2022 superó el 21% en los dos primeros trimestres y finalizó el cuarto trimestre en 19,8%. En 2023 y 2024 se mantuvo generalmente entre 18% y 20% del PIB.
En 2025, la inversión se mantuvo cerca del 20% del PIB: representó 19,7% en el primer trimestre, 19,8% en el segundo, 20% en el tercero y 20,3% en el cuarto. Durante 2026 se observa una recuperación moderada, con una FBKF equivalente a 20,8% del PIB tanto en el primer como en el segundo trimestre. La brecha frente al rango de 25%-27% planteado por Paredes continúa siendo amplia.
La discusión tampoco debería concentrarse únicamente en la inversión extranjera directa. Paredes plantea que antes de preguntarse por qué los inversionistas extranjeros no colocan más capital en Ecuador, conviene analizar por qué la inversión de los propios agentes nacionales sigue siendo limitada. En su lectura, la percepción de inseguridad, incertidumbre jurídica, dificultades regulatorias y condiciones del mercado laboral influye directamente en la disposición de las empresas para contratar, ampliar operaciones o desarrollar nuevos proyectos.
El riesgo que frena la inversión va más allá del riesgo país
Ecuador también presenta fortalezas que podrían contribuir a una recuperación más sólida. Paredes reconoce el comportamiento favorable de las exportaciones, el peso creciente de las remesas y la reducción del riesgo país.
En Koyuntura, destaca especialmente el desempeño exportador. Petróleo, camarón, banano, cacao, minería y productos pesqueros concentran una parte importante de las ventas externas, mientras que productos no tradicionales como flores, frutas y madera también han ganado dinamismo.
Estas señales permiten mejorar la posición externa del país y aportan divisas a una economía dolarizada. La reducción del riesgo país también contribuye a fortalecer la percepción sobre la capacidad del Estado para cumplir sus obligaciones financieras. Aun así, existe una diferencia entre el riesgo que observan los mercados internacionales y el que enfrenta una empresa dentro de Ecuador.
Paredes distingue claramente ambos ámbitos. El riesgo país refleja principalmente la percepción de los inversionistas respecto de la posibilidad de que el Estado cumpla sus obligaciones de deuda. La decisión de invertir dentro del territorio está condicionada por un conjunto más amplio de factores: inseguridad, normativa laboral, estabilidad tributaria, seguridad jurídica y previsibilidad regulatoria.
Dentro de ese conjunto, la inseguridad ocupa un lugar prioritario.
Desde el lado de la oferta, una empresa puede decidir no abrir un nuevo establecimiento, aplazar una inversión o evitar nuevas contrataciones si percibe que existe una probabilidad elevada de sufrir extorsiones, robos o violencia. Desde la demanda ocurre algo parecido: las personas modifican patrones de consumo, evitan determinados horarios o reducen desplazamientos cuando sienten que hacerlo implica un riesgo.
El efecto económico es relevante porque limita simultáneamente la oferta y la demanda. Una economía puede exhibir una mejora en determinados indicadores financieros y, al mismo tiempo, mantener un ambiente poco favorable para invertir.
Esta dimensión ayuda a entender por qué la reducción del riesgo soberano no necesariamente desemboca de manera inmediata en una expansión fuerte de la inversión productiva.
El empleo se recupera, mientras la informalidad sigue siendo estructural
La discusión sobre crecimiento adquiere mayor sentido cuando se observa el mercado laboral.
Los datos del INEC muestran una recuperación del empleo adecuado después del deterioro registrado alrededor de la pandemia. En 2018, este indicador representaba 40,2% de la población económicamente activa. En 2019 descendió a 38,3% y en 2021 llegó a 32,5%.
Desde entonces se produjo una mejora gradual. El empleo adecuado alcanzó 34,4% en 2022, 36,3% en 2023, 35,9% en 2024 y 37,1% en 2025. El avance existe, aunque todavía no permite recuperar el nivel observado en 2018.
La informalidad muestra una dificultad adicional. En 2018, el 46,8% de las personas ocupadas trabajaba en el sector informal. La proporción aumentó a 49,5% en 2021, alcanzó 52,5% en 2023 y se ubicó en 51,5% en 2025.
Los indicadores tienen denominadores estadísticos distintos: el empleo adecuado se calcula sobre la población económicamente activa, mientras que el empleo en el sector informal se calcula respecto de la población ocupada. Leídos conjuntamente, permiten observar una característica persistente del mercado laboral ecuatoriano: una proporción significativa de trabajadores continúa vinculada a actividades informales, al mismo tiempo que el empleo adecuado avanza con lentitud.
Ese escenario conecta directamente con el argumento de Paredes sobre la velocidad del crecimiento. Una expansión del 2% o 3% puede generar actividad económica, aunque deja un margen reducido para atender simultáneamente la incorporación de nuevos trabajadores, la mejora de los empleos existentes y el aumento de productividad.
El problema no se limita, por tanto, a reducir el desempleo. También importa la calidad del empleo que se genera y la capacidad de la economía para ofrecer ocupaciones con ingresos suficientes, estabilidad y acceso a mecanismos de protección social.
El verdadero reto es convertir la Agenda 2040 en una política de Estado
La Agenda enfrenta finalmente un desafío institucional: sobrevivir a varios gobiernos. Una estrategia diseñada hasta 2040 necesariamente atravesará diferentes administraciones, mayorías legislativas y prioridades políticas. Para Paredes, eso exige que la hoja de ruta trascienda al Gobierno que la presentó y logre convertirse en una referencia compartida por actores políticos, empresariales, laborales, académicos y sociales.
Su cuestionamiento se dirige precisamente hacia la falta de una discusión suficientemente amplia y prolongada. Una agenda de largo plazo necesita apropiación. No basta con que exista un documento técnicamente elaborado; quienes toman decisiones durante los siguientes años deben reconocerlo como una guía legítima y útil.
Paredes plantea diez campos de intervención que considera esenciales: inseguridad, calidad de la justicia, calidad de la política, reforma del Estado, educación y salud, reforma del sistema de jubilación, petróleo, minería y energía, reforma laboral, apertura comercial y apertura financiera. La amplitud de esa lista obliga a priorizar.
Su propuesta consiste en avanzar de manera concreta en uno de esos grandes problemas cada año, antes que acumular una extensa cantidad de objetivos sin suficiente capacidad de implementación. Bajo esa lógica, diez años de reformas sostenidas podrían producir cambios más importantes que una agenda cargada de metas difíciles de ejecutar simultáneamente.
También existe una brecha entre algunos objetivos de la Agenda y el desempeño observado. Petróleo, minería y energía aparecen como áreas relevantes para impulsar el crecimiento. Paredes cuestiona que esa prioridad no se refleje todavía con claridad en los resultados, especialmente en la producción petrolera. De manera similar, considera que la institucionalidad no debería analizarse únicamente desde la perspectiva de atraer inversión, ya que la calidad de la justicia, la política y el funcionamiento del Estado afectan múltiples dimensiones de la economía y la vida social.
La Agenda 2040 tiene, en cualquier caso, un mérito importante: vuelve a situar el crecimiento económico en el centro de la discusión. Ecuador necesita estabilidad fiscal, inversión, exportaciones y acceso a financiamiento. También requiere seguridad, instituciones previsibles, un mercado laboral capaz de generar empleos de calidad y políticas que aumenten la productividad.
Los datos muestran una economía que ha recuperado parte del terreno perdido. En 2025 volvió a crecer, la inversión muestra una recuperación durante 2026 y el empleo adecuado se encuentra por encima del nivel registrado en 2021. Las exportaciones también se mantienen como una de las principales fortalezas de la economía. La distancia frente a una transformación estructural, sin embargo, sigue siendo amplia.
El verdadero examen de la Agenda 2040 estará en su capacidad para modificar de forma sostenida tres grandes variables: crecimiento, inversión y calidad del empleo. Si en los próximos años Ecuador logra acercarse de manera consistente a una expansión de entre 4% y 5%, elevar la inversión hacia niveles próximos al 25% del PIB y reducir la informalidad al mismo tiempo que aumenta el empleo adecuado, podrá hablarse de un cambio de trayectoria.
De lo contrario, el país habrá acumulado una nueva hoja de ruta sin resolver el desafío que atraviesa buena parte de su historia económica reciente: convertir estabilidad, recursos y oportunidades en un crecimiento suficientemente fuerte para mejorar de manera tangible la vida de la población.
(*) Analista económica de Gestión Digital, economista.
Compartir: