Tres maneras de envejecer: el sistema de pensiones en Ecuador, España y Estados Unidos
Un ecuatoriano necesita al menos 15 años de aportes para jubilarse; un español, también 15; un estadounidense, 10. Pero detrás de esa aparente generosidad se esconde una verdad incómoda: los tres sistemas reparten hoy lo que cotizan los trabajadores de hoy, no lo que ahorró cada jubilado.
Adultos jubilados conversando
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Este análisis compara requisitos, montos y, sobre todo, la salud financiera de tres modelos de reparto que envejecen al mismo ritmo que sus poblaciones, y los contrasta con el modelo chileno de capitalización individual.
Los tres países comparten un mismo ADN institucional: sus pensiones públicas son sistemas de reparto, o “pay-as-you-go”, en los que las cotizaciones de los trabajadores activos financian directamente las pensiones de los jubilados actuales, sin una cuenta individual que acumule ahorro propio. Ese modelo contrasta con la capitalización individual que Chile adoptó a partir de 1981.
En Ecuador, 15 años bastan, pero el sistema se descapitaliza
El Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social (IESS) exige un mínimo de 15 años de aportaciones (180 imposiciones) y 65 años de edad para la jubilación por vejez, aunque también permite retirarse sin límite de edad con 40 años de aportes, o a los 60 con 30 años cotizados. La pensión se calcula sobre el promedio de los cinco mejores años de sueldo aportado, multiplicado por un coeficiente que crece con los años cotizados: con 40 años se llega al 100% de ese promedio; con 15, el porcentaje es bastante menor. El IESS fija cada año pensiones mínimas y máximas según el tiempo de aportación y el salario básico unificado, con un máximo de USD 2.585 al mes. La pensión jubilar promedio ronda por los USD 700.
La sostenibilidad es el talón de Aquiles ecuatoriano. Para 2026, el IESS proyecta un gasto en pensiones cercano a USD 7.552 millones, frente a ingresos por aportes de apenas USD 3.437 millones —brecha de USD 4.281 millones que obliga a desinvertir USD 1.407 millones de las reservas del BIESS—, más un masivo subsidio del 40% del Estado, lo cual no es sostenible.
La relación de cotizantes por pensionista cayó de 9 a uno en 2012, a 4,5 a uno hoy. Como parte del acuerdo con el FMI, el gobierno se comprometió a publicar un estudio actuarial auditado del IESS antes de diciembre de 2026.
En España, la edad sube mientras la cotización se alarga
La edad legal ordinaria de jubilación en España en 2026 es de 66 años y 10 meses, salvo que el trabajador acredite 38 años y 3 meses cotizados, en cuyo caso puede retirarse a los 65; esa edad seguirá subiendo hasta los 67 en 2027. El mínimo para acceder a una pensión contributiva son 15 años de cotización —de los cuales al menos dos deben estar dentro de los 15 años previos al retiro—, y con ese mínimo el pensionista solo cobra el 50% de la base reguladora. Para el 100% se requieren entre 36 y 38 años cotizados.
La base reguladora se calcula como el promedio de las bases de cotización de los últimos 25 años (300 meses), dividido entre 350. La pensión máxima para 2026 es de 3.359,60 euros mensuales, mientras las mínimas oscilan entre 965 y 1.466 euros mensuales según la situación familiar. La pensión media del sistema ronda los 1.367 euros mensuales.
El sistema español, también de reparto, enfrenta un déficit estructural cubierto con transferencias del Estado, deuda de la Tesorería y el Mecanismo de Equidad Intergeneracional, cotización adicional creada para nutrir el Fondo de Reserva. Esa “hucha de las pensiones” alcanzó 15.267 millones de euros en marzo de 2026, su nivel más alto en una década, aunque analistas advierten que ese monto apenas cubriría un año de mayor gasto por revalorización y nuevos pensionistas.
Estados Unidos: pocos años de aporte, un fondo que se agota
La Seguridad Social de EE.UU. exige apenas 40 créditos trimestrales —10 años de trabajo formal— y permite retirarse desde los 62 años, con una reducción permanente del beneficio. La edad plena de jubilación es de 67 años para quienes nacieron en 1960 o después; postergar el retiro hasta los 70 incrementa el beneficio mensual.
El cálculo parte del promedio de los 35 años de mayores ingresos indexados a la inflación salarial, sobre el cual se aplica una fórmula progresiva que favorece a los trabajadores de menores ingresos.
El beneficio promedio en 2026 ronda los USD 2.083 mensuales; el máximo, reservado a quien cotizó siempre sobre el tope salarial gravable y se retira a los 67 años, llega a USD 4.207. Dado que el ingreso per cápita de EE.UU. (USD 92.000) es 12 veces superior al de Ecuador (USD 7.125), llama un poco la atención que la pensión máxima sea apenas 1,6 veces mayor (o el Ecuador es demasiado generoso o EE.UU. es muy tacaño).
La solvencia también genera alarma: según el informe de los fideicomisarios de 2026, el fondo de retiro (OASI) se agotará en el cuarto trimestre de 2032, un trimestre antes de lo previsto en 2025 (debido a la ley aprobada por Trump y los Republicanos en 2025). A partir de entonces, los ingresos corrientes por nómina solo cubrirían el 78% de los beneficios prometidos, un recorte automático cercano al 22% si el Congreso no actúa antes.
Puentes entre Quito y Madrid, y jubilados americanos en Ecuador
Ecuador mantiene convenios de seguridad social con 12 países, entre ellos España, que permiten “totalizar” los aportes de ambos sistemas para cumplir el tiempo mínimo de cotización, e incluso acceder a doble pensión. Más de 3.600 ecuatorianos ya la reciben, y cerca del 97% corresponde al convenio con España, reflejo de la intensa migración de las últimas dos décadas. Ecuador negocia convenios similares con Canadá y Suiza, y mantiene acercamientos iniciales con Estados Unidos e Italia.
En sentido inverso, un jubilado estadounidense puede residir en Ecuador sin perder su beneficio: la Seguridad Social paga a ciudadanos que viven en la mayoría de países extranjeros, y Ecuador no figura entre la corta lista de naciones excluidas de los pagos —Cuba, Corea del Norte y varias exrepúblicas soviéticas—. Esa combinación de bajo costo de vida y compatibilidad de beneficios explica buena parte del atractivo de Cuenca, Vilcabamba, Manta o Cotacachi para los retirados norteamericanos.
El contraste chileno: cuentas individuales, no fondo común
Los tres sistemas descritos comparten la lógica del reparto: el dinero de quien cotiza hoy paga la pensión de quien se jubiló ayer, sin relación directa entre ahorro individual y beneficio recibido. Chile rompió con ese esquema en 1981, al reemplazar su sistema de reparto por cuentas de capitalización individual administradas por las AFP.
Allí cada trabajador deposita el 10% de su salario en una cuenta propia, invertida en el mercado de capitales, cuyo saldo final —capital más rentabilidad— determina la pensión, sin fondo común ni solidaridad intergeneracional directa.
El Índice Global de Pensiones Mercer CFA Institute 2025 califica al sistema chileno con nota B+ (76,6 puntos), por encima de España (C+, 63,8) y Estados Unidos (C+, 61,1). Chile destaca en sostenibilidad, porque sus fondos están invertidos y no dependen de la relación entre cotizantes y pensionistas, pero la tasa de reemplazo ha decepcionado a buena parte de los afiliados —especialmente mujeres y trabajadores con carreras discontinuas—, lo que explica las sucesivas reformas y protestas de la última década.
La paradoja es clara: el sistema chileno es más sostenible en el agregado, porque no depende de suficientes cotizantes jóvenes financiando a los jubilados de hoy, pero traslada al individuo todo el riesgo de mercado, longevidad y lagunas laborales. Los sistemas de reparto de Ecuador, España y Estados Unidos, en cambio, socializan ese riesgo, pero quedan expuestos al mismo enemigo: el envejecimiento poblacional y la caída de la relación entre cotizantes activos y jubilados.
Para Ecuador, la lección es doble. La experiencia española y estadounidense demuestra que ni las economías más grandes escapan a la presión demográfica sobre el reparto. El estudio actuarial que el IESS debe entregar al FMI antes de fin de año será la primera oportunidad, en más de una década, de discutir con cifras auditadas qué combinación de edad, años de aporte y aportes estatales puede sostener el sistema.
Algunas reformas propuestas incluyen aumentar la edad de jubilación, aumentar el número de años para el promedio (pasar de 5 a 30 años, por ejemplo), reducir el porcentaje de reemplazo, focalizar el subsidio estatal en los sectores de menores ingresos.
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