Trump reconfigura las alianzas de EE.UU. y cambia el equilibrio de su política exterior
Cerca de dos años después de volver a la Casa Blanca, Donald Trump reconfigura las alianzas de EE.UU., tensionando vínculos tradicionales y priorizando acuerdos bilaterales, como el de Venezuela.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, se estrechan la mano en el Despacho Oval de la Casa Blanca en Washington, el 14 de julio de 2025.
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Yuri Gripas / EFE / EPA / POOL
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Cuando Donald Trump regresó a la Casa Blanca prometió “poner a Estados Unidos primero” en política exterior. Casi dos años después, esa consigna se ha traducido en una recomposición de alianzas que invierte buena parte de la arquitectura multilateral construida desde 1945.
Washington tensiona sus vínculos con los aliados democráticos tradicionales —Europa, Canadá, Japón, Australia y la propia OTAN— mientras profundiza acercamientos con regímenes autoritarios que históricamente se le han opuesto: Venezuela, Cuba y, con matices, China, Rusia y Corea del Norte.
No es solo un cambio de tono. Es, como advierte Dan Hamilton, experto del Instituto Brookings, un rechazo explícito a la idea misma de “orden internacional”, al que Trump describe como una “abstracción de castillos en el aire” que restringe el poder que, a su juicio, Estados Unidos debería ejercer sin cortapisas.
La ruptura con los aliados tradicionales tiene varios frentes. En Europa, Washington presiona a los socios de la OTAN para que asuman el reparto de cargas de defensa —la responsabilidad primaria sobre la seguridad convencional del continente y el liderazgo del apoyo a Ucrania—, reduciendo el papel de Estados Unidos al de “convocante” y “apoyo” de una red más amplia, según la Estrategia Nacional de Defensa 2026.
La revista Time documenta cómo Trump ha forzado a los europeos a elevar el gasto militar, exigido a Dinamarca entregar Groenlandia y amenazado con aranceles a casi todos los socios comerciales de Estados Unidos. Japón y Australia tampoco escapan a la lógica arancelaria ni a la exigencia de mayor autonomía defensiva frente a China, pese a ser pilares del sistema de seguridad del Pacífico. El resultado, según Foreign Policy, es una estrategia de alianzas descoordinada, por decisiones que Washington toma sin consultar a sus propios socios.
En el extremo opuesto, Trump busca tratos directos con los tres regímenes que Washington calificó durante décadas como rivales estratégicos. Quiere, según la analista Patricia Kim en Foreign Affairs, un acuerdo de paz con Putin para Ucrania, un pacto comercial con Xi Jinping y una cumbre con Kim Jong Un. Patricia Kim advierte, sin embargo, que ese eje autocrático es más frágil de lo que aparenta: China, Rusia y Corea del Norte “siguen siendo socios incómodos”, unidos por agravios compartidos y necesidad táctica, no por confianza ni valores comunes.
Pyongyang y Moscú sí han profundizado su cooperación militar —tropas norcoreanas en Kursk, misiles balísticos contra Ucrania, apoyo a Irán en su conflicto con EE.UU.— en un vínculo que, según Donggak Heo en Foreign Policy, ha terminado por complicar la propia estrategia de alianzas que Washington diseñó para Asia. Desde Beijing, el investigador chino Zhang Zhixin, del CICIR, resume el diagnóstico: la política exterior de Trump es errática y carece de brújula estratégica, juicio que, más allá de su origen, coincide con buena parte de la crítica académica occidental.
La “Doctrina Donroe” en acción
En América Latina, el giro autoritario de Washington tiene nombre propio: Delcy Rodríguez. Tras la captura de Nicolás Maduro en una operación militar estadounidense el 3 de enero de 2026, la entonces vicepresidenta de facto fue juramentada como presidenta encargada de Venezuela. Lejos de mantener la confrontación con Washington, Rodríguez giró hacia lo que Time describe como una transformación de leal a Maduro a apoderada de Trump: flexibilización cambiaria, reingreso al FMI, apertura petrolera a capital occidental y alivio de sanciones a cambio de estabilidad negociada.
Es el llamado “modelo Delcy”, que —según reportes recogidos por Lawfare— la propia CIA habría instado a replicar en Cuba. La paradoja es evidente: Trump no restauró la democracia venezolana, sino que pactó con la cúpula chavista sobreviviente, aplicando a un régimen autoritario el mismo trato transaccional que niega a sus aliados formales.
En Cuba, la Casa Blanca ensaya una versión más cruda del mismo libreto. Desde enero de 2026, Washington impuso un cerco energético que aceleró el colapso económico de la isla, exigió la renuncia de Miguel Díaz-Canel y amenazó con una “toma amistosa” del país. En medio de esa presión ha emergido como canal de diálogo Raúl Guillermo Rodríguez Castro, “El Cangrejo” o “Raulito”, nieto y jefe de escolta de Raúl Castro, quien declaró que “puedo negociar con cualquiera que designe Estados Unidos”.
El director de la CIA, John Ratcliffe, viajó a La Habana para trasladar ese mensaje a la cúpula castrista, en una apuesta —documentada por el analista Javier Corrales— que busca replicar el desenlace venezolano. No existe todavía una alianza formal, pero sí un canal de negociación en ciernes que, de prosperar, repetiría en Cuba el acomodo con el autoritarismo ya ensayado en Caracas. Se ha abandonado el principio de fomentar la democratización y las libertades civiles.
Con sus vecinos formales, Trump optó por la presión abierta. Amenazó repetidamente con atacar a los cárteles mexicanos en territorio nacional: “si ellos no van a hacer el trabajo, nosotros lo haremos”, advirtió en mayo, tras publicar la Estrategia Antiterrorista 2026 que equipara al narcotráfico con el terrorismo islámico.
El 1 de julio de 2026, al vencer el plazo de revisión conjunta del T-MEC, Washington decidió no renovarlo: en su lugar impuso revisiones anuales unilaterales con México y Canadá, fórmula que el representante comercial Jamieson Greer había anticipado como alternativa a la ruptura total. A eso se suman aranceles del 25% a México y Canadá, y gravámenes adicionales a buena parte de los socios comerciales tradicionales de Estados Unidos, bajo el argumento de la falta de control del tráfico de fentanilo, la migración y el déficit comercial.
Esa misma lógica de alianzas selectivas se desplegó semana en Sudamérica. Entre el 8 y el 11 de septiembre, el secretario de Estado Marco Rubio recorrió Colombia, Ecuador y Perú —tres gobiernos de derecha alineados con Trump— para sellar su incorporación al Escudo de las Américas, la coalición de seguridad hemisférica que ya suma 15 países y que Washington promueve oficialmente contra el narcotráfico, aunque con la mirada puesta, según CNN, en contener la influencia de China en la región.
Rubio firmó memorandos sobre minerales críticos y cooperación nuclear con Colombia, calificó a Ecuador como “el mejor aliado” regional contra el crimen transnacional y celebró la incorporación de Perú al Escudo bajo Keiko Fujimori. La jurista Justina Uriburu advierte que la segunda administración Trump está transformando las relaciones interamericanas al reclamar y ejercer abiertamente un derecho de intervención en los asuntos internos de los países latinoamericanos y caribeños, en ruptura con el principio de no intervención de la Carta de la OEA de 1948.
La Embajada de China en Perú afirmó que “el hemisferio occidental no es el patio trasero de nadie”, en un comunicado que no mencionaba a Rubio, pero que se difundió en vísperas de su visita. China señaló que los países latinoamericanos tienen el “derecho soberano a elegir libremente a sus socios” y expresó su disposición a trabajar con Perú y otros países de la región.
Para Ecuador y sus vecinos andinos, el mensaje es doble: Washington ofrece cooperación militar y económica a cambio de alineamiento político, pero la misma administración que corteja a Bogotá, Quito y Lima capturó a un presidente venezolano, presiona al borde del colapso a Cuba y amenaza con bombardear territorio mexicano.
La doctrina Trump no distingue entre aliado y adversario según su régimen político, sino según su disposición a negociar en los términos de Trump. Esa es, quizás, la lección más incómoda para las democracias latinoamericanas que hoy se suman al Escudo de las Américas: la lealtad se compra con resultados, no se garantiza por afinidad ideológica ni por historia de acuerdos y alianzas compartidas.
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