Donald Trump dirige una polémica batalla legal de cara a las elecciones legislativas del 3 de noviembre

Aunque la Corte Suprema frenó esta semana el intento de Donald Trump de restringir el voto por correo, su administración aún conserva una batería de opciones para tomar el control de las elecciones legislativas del próximo 3 de noviembre y sembrar dudas sobre el proceso electoral.

Desde la presión legal para exigir datos confidenciales de los votantes hasta recortes a las agencias de ciberseguridad encargadas de proteger el proceso, la administración mantiene desplegada una ofensiva en múltiples frentes para sembrar dudas sobre la elegibilidad del padrón y la integridad del sufragio.

Se trata de una ofensiva vital para Trump, en momentos en que las encuestas indican que el Partido Republicano pudiera perder el control de la Cámara y tal vez del Senado, abriendo la puerta a un bloqueo total de la oposición demócrata a la agenda "MAGA".

Trump nunca ha admitido su derrota ante Joe Biden en las elecciones presidenciales de 2020, que perdió por más de siete millones de votos, y desde entonces repite, sin prueba alguna, que le fueron robadas.

Más de 60 demandas judiciales presentadas en Estados Unidos tras las elecciones de 2020 alegaron fraude electoral en el proceso pero nunca pudieron demostrarlo y tanto funcionarios electorales como miembros de la propia administración de Trump han rechazado reiteradamente sus afirmaciones.

Las teorías de la conspiración le han salido muy caras incluso a los medios que han repetido las denuncias de Trump, como Newsmax, que tuvo que pagarle USD 40 millones a la empresa británica de software electoral Smartmatic, acusada de haber manipulado los resultados, o Fox News, demandada por la misma empresa por USD 2.700 millones.

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Un cambio de estrategia: de los tribunales al terreno previo

Sin embargo, la administración Trump ajustó su estrategia para este ciclo electoral. En lugar de cuestionar los resultados, el foco se ha desplazado hacia la fase previa: la impugnación del padrón electoral, del proceso de votación, la manipulación de distritos representativos y el cuestionamiento de la integridad del proceso.

A esta ofensiva legal se suma el impacto del discurso en la opinión pública. La persistencia en la narrativa del supuesto "fraude" ha erosionado la confianza institucional en amplios sectores del electorado.

Desconfianza social

Una encuesta reciente de The Associated Press y el Centro de Investigación de Asuntos Públicos NORC halló que sólo el 34% de los electores estadounidenses "confía mucho" o "bastante" en que los resultados electorales certificados sean verdaderos, mientras que el 32% tiene "poca" o "ninguna confianza".

El 33% tiene una confianza "moderada" en los resultados.

Las personas encuestadas entre el mes de julio y agosto pasado también dijeron que encontrar información sobre el proceso electoral, por ejemplo registrarse para votar, se ha vuelto más difícil desde 2024.

Lejos de replegarse tras el freno de la Corte Suprema al tema del voto por correo, la Casa Blanca he prometido seguir interviniendo en el proceso electoral haciendo "todo lo que esté al alcance de esta administración para garantizar que haya elecciones libres y justas", según dijo el secretario de Justicia y exabogado personal de Trump, Todd Blanche.

Entre los frentes de intervención federal en el proceso electoral aún abiertos destacan los datos personales de los votantes, la presión financiera e intimidación a los funcionarios locales, y el desmantelamiento de la ciberseguridad electoral.

"Listas de ciudadanos" y captura de datos sensibles

El pilar jurídico de esta estrategia se libra desde el Departamento de Justicia (DOJ) liderado por Blanche, que ha presentado demandas contra 30 estados exigiendo la entrega de padrones electorales con información personal de los votantes, como sus números de permiso de conducir o de seguridad social, reporta el diario The New York Times.

Este esfuerzo está vinculado a otro del gobierno federal por obtener acceso a las bases de datos de agencias como el departamento de Seguridad Interior o del Seguro Social, que les permita crear "listas de ciudadanos" para enviar a los estados, que tendrían prohibido enviarles papeletas de votación a quienes no estén incluidas en ellas.

"Sin embargo, sabemos que estas listas se van a basar en datos muy imprecisos. Por lo tanto, el riesgo que existe de privar de derecho al voto en estos casos está claro", dijo Jules Torti, de la organización sin fines de lucro Protect Democracy, en entrevista con la radio pública NPR.

El gobierno federal, por su parte, admite que las "listas de ciudadanos" podrían tener información incorrecta al haber previsto por decreto un procedimiento para "actualizarlas o corregirlas".

El decreto, firmado por Trump el pasado mes de marzo, también amenaza con procesar judicialmente a funcionarios que envíen papeletas a personas no elegibles, así como a quien participe en la impresión, producción, envío o distribución de las boletas.

Presión financiera e intimidación penal

La presión no solo se ejerce en los juzgados, sino también en las arcas locales.

El pasado mes de julio varias ciudades y condados en Tennessee, Texas y Ohio demandaron al gobierno federal por condicionar la entrega de fondos del Programa de Subvenciones de Seguridad Nacional (HSGP), que financia medidas de seguridad y para protección contra el terrorismo, a que hicieran cambios en sus procesos electorales.

"El Congreso no creó el HSGP para darle el poder al gobierno federal para controlar los procesos electorales estatales y locales. Sin embargo, la administración secuestró el programa con esos fines", indica la demanda.

"Las condiciones abarcan casi todos los aspectos del proceso electoral: el equipo de votación y los medios a través de los cuales los votantes emiten su sufragio, las auditorías postelectorales, la conciliación de papeletas, las verificaciones de ciudadanía en el censo electoral y la comprobación de ciudadanía del personal e interventores electorales", agrega el recurso.

Según los demandantes, los fondos que el gobierno federal amenaza con retener si no se cumplen sus condiciones ascienden a más de USD 200 millones.

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Desmantelamiento de la ciberseguridad electoral

Aunque la Administración Trump cuestiona abiertamente la confiabilidad de las máquinas de votación, ha desmantelado la infraestructura de seguridad electoral.

La Agencia de Ciberseguridad y Seguridad de las Infraestructuras (CISA), que tiene como misión proteger al país de amenazas como ciberataques, propaganda extranjera, ransomware, desinformación o amenazas a la seguridad de los trabajadores electorales, fue diezmada por recortes presupuestarios bajo la actual administración, denunció la representante demócrata Chrissy Houlahan, que representa al estado de Pennsylvania.

"A los pocos meses de asumir el cargo en 2025, la administración había destituido o forzado la salida de casi un tercio de todos los empleados de la CISA, siendo el personal de seguridad electoral el que enfrentó los recortes más drásticos", aseguró Houlahan en un comunicado esta semana.

"En abril de 2026, la Casa Blanca propuso reducir la financiación de la CISA en 700 millones de dólares y despedir a otros 900 empleados. Estos drásticos recortes en la plantilla de la CISA suponen un grave riesgo, debilitando a la agencia en un momento en que la confianza pública en las elecciones es baja y las amenazas a la seguridad electoral son generalizadas", agregó la diputada.

El nuevo paradigma: impugnar antes de las urnas

En conjunto, el uso coordinado de demandas federales, condicionamientos financieros y el debilitamiento de la infraestructura de ciberseguridad confirma un cambio de paradigma en la estrategia electoral del Partido Republicano, que, según las encuestas, puede perder el control de Cámara y quizás Senado en las legislativas.

La batalla ahora busca condicionar el acceso a las urnas en noviembre y preparar el terreno para impugnar preventivamente cualquier resultado que no le sea favorable.