Desigualdad de género en Quito: menos brecha salarial, pero la violencia y la carga del hogar persisten

Quito tiene un problema que los números describen con precisión y que la política pública todavía no ha resuelto de fondo. Las mujeres del Distrito Metropolitano de Quito (DMQ) alcanzan niveles educativos comparables o superiores a los de los hombres, participan cada vez más en el mercado laboral y ocupan espacios institucionales que hace una década les estaban vedados.

Sin embargo, detrás de esos avances parciales persiste una arquitectura de desigualdad que se reproduce en el empleo, en los hogares, en los cuerpos y en las salas donde se toman las decisiones. El reporte Quiteñas en Cifras 2026, elaborado por el Instituto de Investigaciones de la Ciudad del Municipio de Quito con el apoyo de la Friedrich-Ebert-Stiftung Ecuador (FES-ILDIS), lo documenta con datos oficiales y un argumento que incomoda: esto no es una suma de desventajas individuales, es una estructura.

El mercado laboral crece, pero no para todas por igual

La participación de las mujeres en el mercado laboral del DMQ ha crecido de manera sostenida en los últimos años. Sin embargo, ese crecimiento no ha sido suficiente para cerrar la distancia que las separa de los hombres. En 2019, la brecha de participación en el empleo formal registrado en la seguridad social era de 28,4 puntos porcentuales: 511.798 hombres frente a 366.291 mujeres. Para 2025, esa diferencia se redujo a 26,6 puntos, con 487.859 hombres y 357.993 mujeres en el empleo formal. La reducción existe, pero es lenta.

Lo que estos números no muestran de manera directa es por qué la brecha persiste con tanta tenacidad. María Belén Proaño, directora ejecutiva del Instituto de Investigaciones del Municipio de Quito, en entrevista para GESTIÓN, lo explica con claridad: “A pesar de tener la misma educación o inclusive mejor que los hombres, las mujeres no tienen la oportunidad de insertarse en el mercado laboral de la misma manera. El porcentaje de mujeres que no estudia ni trabaja es mucho más alto, y cuando ya ingresan en la fuerza laboral existe esta decisión de no entrar a buscar trabajo, seguramente porque experimentan otro tipo de cargas que no están visibilizadas”.

Esa carga invisible a la que se refiere Proaño es el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado, que actúa como un muro silencioso entre las mujeres y el empleo formal. No es una barrera de capacidades sino de tiempo y de una organización social que distribuye de manera desigual las responsabilidades del hogar.

Los salarios se acercan, pero la desigualdad se esconde en los sectores

Uno de los datos que el reporte presenta como un avance es la reducción de la brecha salarial en el empleo formal. En 2019, los hombres ganaban en promedio USD 920,8 frente a USD 877,2 de las mujeres, una diferencia del 4,74%. Para 2025, los salarios promedio llegaron a USD 997,4 para hombres y USD 978,8 para mujeres, reduciendo la brecha al 1,87%. La convergencia es real y sostenida a lo largo de seis años consecutivos.

Sin embargo, este número debe leerse con cautela. El promedio general puede ocultar desigualdades profundas dentro de los sectores. El reporte muestra que en actividades donde las mujeres son mayoría, como la enseñanza, las finanzas y la administración pública, los hombres siguen percibiendo salarios promedio superiores. Es decir, la feminización de un sector no garantiza igualdad salarial dentro de ese mismo sector.

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A eso se suma que los datos del empleo formal representan solo una parte de la realidad laboral femenina. El reporte señala que el 49,73% de las mujeres ocupadas no aporta a la seguridad social, lo que significa que casi la mitad de las mujeres que trabajan lo hacen en condiciones de informalidad o precariedad.

El cuidado, el nudo que nadie quiere desatar

Detrás de las brechas laborales hay un mecanismo que el reporte identifica como el nudo estructural del problema: el trabajo doméstico y de cuidados no remunerado. En el DMQ, la inactividad asociada a labores del hogar muestra una de las asimetrías más contundentes de todo el análisis. En 2025, el 47,95% de las mujeres inactivas declaró estarlo por desempeñarse como ama de casa, frente al 3,37% de los hombres en la misma condición. Esa brecha de más de 44 puntos porcentuales se mantiene estable a lo largo de toda la serie desde 2018, sin señales de reducción significativa.

Proaño subraya que este fenómeno no es solo una cuestión de preferencias individuales sino de una estructura que se reproduce desde la infancia, “Las mujeres tienen que asumir el rol de cuidadoras inclusive desde edades tempranas, donde se les asigna cuidar a sus hermanos, a sus abuelos, y después cuando ya se convierten en madres, de llevar a cabo las actividades relacionadas con el sostenimiento de la vida”.

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La directora del Instituto de Investigaciones de la ciudad, también pone en valor lo que Quito está haciendo al respecto: la ciudad cuenta con una política metropolitana de cuidados que reconoce esta sobrecarga y establece servicios especializados como centros de desarrollo infantil y espacios para adultos mayores.

Sin embargo, advierte que esos servicios no dan abasto cuando el problema tiene la magnitud que los datos revelan. El trabajo no remunerado no es un asunto privado de las mujeres. Es una variable económica que sostiene la productividad de toda la ciudad sin recibir reconocimiento ni remuneración, y cuya invisibilidad en los sistemas de medición perpetúa la inequidad.

Violencia de género: una epidemia que no distingue territorio

El dato más contundente del reporte Quiteñas en Cifras 2026 no está en las tablas de empleo ni en los gráficos salariales. Está en una cifra que debería movilizar a toda la ciudad: el 91,15% de las mujeres del DMQ ha experimentado algún tipo de violencia de género a lo largo de su vida. No es una minoría, no es un grupo vulnerable específico, es prácticamente la totalidad de las mujeres que habitan Quito. Y en los últimos doce meses previos a la encuesta, el 60,27% reportó haber vivido algún episodio de violencia.

Lo que hace aún más revelador este hallazgo es su distribución territorial. La diferencia entre el ámbito urbano y el rural es de apenas una fracción de punto porcentual: 91,22% en el área urbana frente al 91,01% en la rural, y 60,20% frente a 60,40% en los últimos doce meses. Esto significa que la violencia de género no responde a condiciones geográficas ni socioeconómicas específicas de ciertos territorios. Es transversal. Está en todos los barrios, en todas las zonas, en todos los estratos.

Proaño conecta este fenómeno directamente con las otras dimensiones del análisis, “Sin la autonomía económica no podemos concebir una autonomía física, porque las mujeres no van a poder salir del círculo de violencia si es que no tienen cómo sostener su vida”. La dependencia económica, señala, es uno de los principales mecanismos que mantiene a las mujeres atrapadas en relaciones violentas.

A eso se suma un sistema de justicia que para muchas representa un obstáculo adicional antes que una solución, ya que “iniciar un proceso legal significa repetir la historia muchas veces, revictimizarte, inclusive poner tus recursos. El proceso de denuncia y resolución de un caso de violencia puede ser mucho peor para la mujer”.

El poder tiene rostro masculino, pero algo está cambiando

La tercera dimensión que analiza el reporte es la autonomía en la toma de decisiones, es decir, la presencia de las mujeres en los espacios donde se define qué hace la ciudad, cómo gasta su presupuesto y qué prioridades orientan la gestión pública. Los datos de 2025 y 2026 muestran un panorama mixto: hay avances, pero también límites estructurales que los indicadores solos no pueden resolver.

En el personal total del municipio, la representación femenina pasó del 48,76% en 2025 al 49,64% en 2026, rozando la paridad. En la Asamblea de Quito subió levemente del 41,44% al 42,34%. El avance más notable ocurrió en el gabinete del Gobierno Autónomo Descentralizado del DMQ, donde las mujeres pasaron del 36,59% al 42,86%, una ganancia de más de seis puntos en un año. El Concejo Metropolitano (2023-2027), las mujeres ocupan el 36,36% de los escaños, porque sus integrantes son electos por períodos de cuatro años y la composición actual se mantiene hasta 2027.

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Proaño es precisa al advertir que tener mujeres en espacios de poder no es garantía suficiente de que las políticas cambien, “una mujer al frente de una empresa no significa que va a promover políticas para las mujeres. Tener ese espacio de poder no significa que vas a hacer tu gestión con enfoque de género”. La representación numérica es necesaria pero no suficiente. Lo que se requiere, sostiene, es transformar también las condiciones estructurales desde las que se ejerce ese poder, empezando por reconocer y redistribuir la carga de cuidados que sigue condicionando el tiempo, la energía y las trayectorias de las mujeres antes de que lleguen a cualquier cargo de decisión.

Los avances que registra el reporte son reales. La brecha salarial en el empleo formal se redujo de manera sostenida durante seis años. La participación laboral femenina creció. La maternidad adolescente disminuyó. La representación de mujeres en el gabinete mejoró. Pero Proaño advierte que leer esos avances sin contexto puede ser engañoso, pues “la postergación de la maternidad también puede ser una manera de sobrevivencia de la mujer que quiere ser profesional y que no ve que el mundo le va a apoyar si quiere ser madre y profesional a la vez”.

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La pregunta que el reporte deja abierta no es si Quito ha avanzado. La pregunta es si ese avance es suficiente para una ciudad donde nueve de cada diez mujeres han vivido violencia, donde casi la mitad de las mujeres que trabajan no tiene seguridad social, y donde el cuidado de hijos, padres y hogares sigue recayendo de manera desproporcionada sobre ellas. La respuesta, por ahora, es no.

(*) Economista, analista económica Gestión Digital.