Informe de Contraloría ya revelaba inconsistencias en los datos del Censo 2022 antes de que lo haga una consultoría de la ONU

Casi tres meses antes de que una consultoría de Naciones Unidas concluyera que hubo distorsiones en los resultados finales del Censo 2022, del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC); un informe de la Contraloría General del Estado ya había determinado inconsistencias en las bases de datos que afectaron "la confiabilidad" de la información. 

Se trata del Examen Especial a los sistemas informáticos e infraestructura tecnológica utilizada en el VIII Censo Nacional de Población y VII de Vivienda. La evaluación abarcó el período entre el 1 de enero de 2019 y el 30 de junio de 2024. 

Este examen fue aprobado el 28 de febrero de 2025, aunque no se encuentra publicado en la página web de la entidad de control. Sin embargo, PRIMICIAS pudo acceder al documento. 

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Deficiencias en sistemas informáticos 

Uno de los primeros hallazgos de la Contraloría fue la falta de controles y reglas de validación definidas en los tres sistemas informáticos utilizados para la recolección de información del Censo en la etapa de empadronamiento; estos sistemas fueron: 

• Censo en línea, al que ciudadanos podían acceder desde un computador o dispositivos móviles (tableta o celular). 
• Formulario Censal SIPE Digitación, el sistema en el que se registraba la información levantada a través de cuestionarios físicos. 
• Survey Solution SUSO Móvil, al que solo personal especializado del INEC podía acceder desde tabletas.

Sobre el Censo en línea, estas son algunas observaciones de la Contraloría:  

1. El 12% de los cuestionarios del Censo en Línea, que corresponde a 98.067 viviendas y 166.082 personas, no fueron finalizados por el usuario y, pese a ello, ingresaron a la "base integrada" o base cero. 

2. Las variables cartográficas para determinar la ubicación geográfica de la vivienda presentaron coordenadas fuera del territorio ecuatoriano en 2.218 casos. 

3. Inconsistencia en la duración de las entrevistas: en 10.997 cuestionarios finalizados, los tiempos distaron entre 20 segundos y 10 minutos; menor al promedio de 30 minutos estimado por el INEC. 

4. El número de fallecidos, migrantes y personas del hogar no fueron validados respecto a la cantidad de registros ingresados en las secciones de mortalidad, emigración y población, como resultado se evidenciaron 433 casos en los que estas cantidades no coincidieron.

Sobre la implementación del Formulario Censal SIPE Digitación, se observó lo siguiente: 

1. De los 180.913 cuestionarios ingresados en el sistema de digitación, 87,9% que corresponde a 159.151, no consta como supervisado.

2. Se registraron 47.956 hogares sin información de las viviendas a las que estaban vinculados. De allí que esas viviendas luego fueron catalogadas como "ocupadas con personas ausentes" (VOPA) en la base de datos integrada.

En el sistema Survey Solution (SUSO Móvil), la entidad de control también evidenció registros de coordenadas GPS que no corresponden a la ubicación geográfica de viviendas en territorio ecuatoriano. 

Según la Contraloría, las observaciones a los sistemas de información ocasionaron que, en las bases de datos, se registre información incompleta e inexacta que afectó "la integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información del Censo". 

Posteriormente, esta información "requirió ser depurada mediante la aplicación de reglas que previamente no fueron planificadas", señala la entidad. 

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Inconsistencias en las bases de datos 

Dentro de la infraestructura tecnológica, la Contraloría analizó las bases de datos denominadas "integrada" y "validación e imputación", que resultaron de la aplicación de reglas de depuración, validación e imputación a la información recolectada en la etapa de empadronamiento por medio de las encuestas. 

La imputación censal es una práctica estadística con la que se rellenan respuestas faltantes de hogares que no pudieron ser censados.

Lo primero que determinó el equipo auditor fue una serie de inconsistencias en la base de datos integrada o base cero, como las siguientes: 

1. Unos 5.739 registros de ciudadanas y ciudadanos empadronados no constaron en la base de datos integrada, a pesar de que sus números de cédula fueron válidos. 

2. Se encontraron 71.412 registros de personas repetidas en diferentes viviendas en la base de datos integrada, con igual información en las variables de: número de cédula de ciudadanía validada, nombres y apellidos, sexo, fecha y lugar de nacimiento. 

3. En la base de datos de mortalidad existieron 3.239 registros de personas repetidos en diferentes viviendas. 

En total, el examen de Contraloría detectó 80.439 inconsistencias en base de datos integrada, que afectaron "la integridad, confiabilidad y disponibilidad de la información" del Censo 2022. 

Imputación sin metodología previa 

El proceso de validación e imputación comprendió la corrección de errores y generación de información faltante en la recolección de datos, con el fin de contar con datos consistentes para la publicación del Censo. 

Por lo general, la imputación es utilizada cuando un hogar no logra ser encuestado por ausencia de sus habitantes, tras varias visitas del censista. Se trata de las denominadas "viviendas ocupadas con personas ausentes" (VOPA). Pero también se utiliza cuando una personas se niega a responder preguntas.

Del análisis de la información del Censo derivada de la imputación o asignación de datos, la auditoría evidenció lo siguiente: 

1. Se incrementó la población inicialmente censada en 759.103 рersonas asociadas a 240.528 viviendas identificadas como VOPA. 

2. Sin sustento técnico, se modificó la etnia a 31.369 registros pertenecientes a menores de 15 años, quienes no fueron censados directamente, sino a través de sus representantes de hogar. 

3. En 249.915 registros, la información recolectada fue actualizada pese a que no cumplieron las reglas de validación e imputación.

Según el examen de Contraloría, para la asignación de datos en las VOPA no se contó previamente con una metodología aprobada, en la que se detallara la cantidad y tipo de variables, relacionadas con la encuesta de población que podían ser imputadas.