Detenciones e incautaciones suben en Ecuador, pero observaciones a excesos y a políticas de 'mano dura' también

La última ofensiva del Gobierno Nacional contra el crimen organizado suma 986 capturados, 51 armas incautadas, 78 vehículos y 156 motodos decomisadas, en apenas ocho días de toque de queda y una intensificación de los operativos militares en cuatro provincias.

Ese escenario se ha repetido constantemente desde enero de 2024, cuando el presidente Daniel Noboa decretó la existencia de un conflicto armado interno, que tuvo una vigencia legal de 90 días, pero que sigue sosteniendo el discurso bélico del Ejecutivo más de dos años después.

Durante el resto de 2024, la Corte Constitucional (CC) llamó la atención al Gobierno de  manera consecutiva por insistir en aquella definición y argumentaron que la escalada de violencia en Ecuador no cumplía con las características necesarias para ser un conflicto armado.

Ya en febrero de 2025, ante el uso normalizado de Carondelet de los estados de excepción, los jueces constitucionales en su dictamen ordenaron la creación de una comisión para supervisar las tareas de una docena de entidades con cuatro funciones del Estado, "ante la falta de capacidad, voluntad política y coordinación" frente al problema de la criminalidad.

Los magistrados enfatizaron además la ausencia de políticas de Estado y planes de seguridad que fijen directrices claras, así como de estrategias de mediano y largo plazo para enfrentar las raíces estructurales de la violencia con desarrollo social.

Ahora, en marzo de 2026, ocho relatores de las Naciones Unidas insistieron en lo mismo: en Ecuador no existe un conflicto armado interno, puesto que la amenaza planteada por los grupos criminales no cumple ninguno de los criterios planteados en las Convenciones de Ginebra.

Los expertos en distintas temáticas también explicaron que los prolongados estados de excepción, la habilitación del uso letal de la fuerza y la expansión del rol militar elevan el riesgo de violaciones de derechos humanos, como ya sucedió con la desaparición forzada de los cuatro niños de Las Malvinas. Y recordaron los cuestionamientos del Comité contra la Desaparición Forzada de la ONU en Ginebra.

Frente a todas estas críticas, el Ejecutivo ha arremetido contra la Corte Constitucional, acusando a los jueces incluso del incremento de la violencia en el país, cuando 2025 se convirtió en el año más letal de la historia. Mientras que sus autoridades niegan cualquier exceso de las fuerzas del orden. Aunque el Gobierno ha guardado silencio ante los comunicados de la ONU.

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Sin embargo, hay una entidad que, por competencias y por orden de la Corte, debe emitir informes de seguimiento, evaluación y actuación sobre el desarrollo de cada estado de excepción: la Defensoría del Pueblo. PRIMICIAS accedió al último informe del organismo, que documenta a mayor detalle las preocupaciones expresadas tanto por la CC como por los organismos internacionales.

¿Qué obstáculos encontró la Defensoría?

En el último reporte registrado en el sistema de la Corte Constitucional, la Defensoría del Pueblo hace un seguimiento de los cuatro estados de excepción decretados (493, 552, 559 y 23) entre el 2 de enero y el 9 de julio de 2025.

La cobertura permitió "reflejar la evolución de las medidas estatales y sus impactos diferenciados en diversas poblaciones y contextos locales". 

Para ello la Defensoría cuenta con un Mecanismo de Prevención, para proteger los derechos humanos a través de:

• Vigilancia permanente en centros penitenciarios.
• Monitoreo de respeto a los derechos humanos en operativos de seguridad.
• Intervenir en casos de detenciones arbitrarias, abusos por parte de las fuerzas de seguridad o violencia institucional.
• Registro sistemático de denuncias y casos atendidos.

Y, para ejercer su trabajo, la Defensoría solicitó información sobre las actuaciones durante cada estado de excepción tanto a la Policía Nacional como a las Fuerzas Armadas. Sin embargo, las fuerzas del orden esquivaron las peticiones, lo que impidió conocer los detalles de su participación.

Por ejemplo, inicialmente la Policía respondió con cifras generales. En el caso del decreto 552 ejecutaron más de 33.000 operativos policiales, que dejaron 3.225 detenciones, 688 armas de fuego incautadas, 1.931 motocicletas retenidas y 413 vehículos recuperados.

Pero la entidad no respondió sobre las intervenciones en las que resultaron personas heridas graves, fallecidas o afectaciones a bienes. La Policía derivó la responsabilidad a la Fiscalía General. 

Lo mismo sucedió con la información sobre las interceptaciones de comunicaciones y escuchas telefónicas, es decir los casos en los que se dejó de lado el derecho a la inviolabilidad de correspondencia. La Policía respondió que la información es reservada y derivó la responsabilidad a la Fiscalía, nuevamente.

La respuesta se repitió con los casos de detenciones por romper el toque de queda, la Policía se limitó a decir que hubo 72 intervenciones, pero dijo que la Fiscalía debía informar por lo sucedido en cada caso.

Mientras tanto, las Fuerzas Armadas negaron toda información, argumentando que la respuesta debía otorgarla el Ministerio de Defensa. Por lo tanto, se "limitó la disponibilidad de datos oficiales sobre el papel de las Fuerzas Armadas", según la Defensoría.

Posteriormente, sobre los siguientes estados de excepción ya nadie respondió, ni la Policía Nacional, ni el Ministerio de Defensa. Las delegaciones provinciales de la Defensoría del Pueblo también solicitaron información a las autoridades locales de la Policía, Fiscalía, Judicatura, Defensoría Pública y gobernaciones, sin éxito, con tres excepciones en Sucumbíos.

Las conclusiones de los informes de seguimiento

La Defensoría sí pudo determinar que existen riesgos e impactos a los derechos humanos básicos de los ciudadanos. Y entre sus conclusiones se repite la reiterada queja de la Corte Constitucional: "la intervención estatal no logró incidir de manera significativa en las causas profundas de la violencia".

El informe de seguimiento y evaluación explica que, contrario a la propaganda gubernamental, la pobreza estructural, la falta de oportunidades económicas, la exclusión social, la debilidad institucional, el control territorial de los grupos criminales y la expansión del narcotráfico continúan latentes. 

Las principales preocupaciones de la Defensoría apuntan a los allanamientos arbitrarios, amenazas a la vida e integridad, la libertad, el debido proceso y restricciones al trabajo periodístico. 

Y recomienda al Estado que evolucione "de una lógica principalmente reactiva y represiva hacia un enfoque integral, capaz de abordar las causas estructurales de la violencia y garantizar soluciones sostenibles a largo plazo".

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Además, la Defensoría del Pueblo destaca la situación de los menores de edad reclutados por las bandas, que son aprehendidos durante estos operativos y sufren un riesgo significativo de estigmatización, puesto que son tratados como adultos, sin que se considere su interés superior. Esto contraviene los estándares nacionales e internacionales, advierte.

Así, en medio de las ofensivas contra el crimen organizado y la negativa de las autoridades a transparentar sus acciones, aumentan también las denuncias de excesos por parte de las fuerzas del orden. Solo entre enero de 2024 y marzo de 2025, la Defensoría registró 34 supuestas desapariciones forzadas en Ecuador.

Y en ese mismo mes, en su informe de seguimiento, la entidad hablaba incluso de una presunta ejecución extrajudicial en Putumayo, que dejó además a dos adolescentes heridos, por parte del Batallón de Selva 55, responsable de las operaciones militares en la zona.

Ahora, un año después y tras la histórica sentencia por la desparición forzada en el caso Las Malvinas, hay otro grupo de militares que está siendo investigado por la muerte de un civil durante un operativo en Milagro. 

Todo esto pese a que el Gobierno afirma que ha fortalecido el marco normativo y operativo para prevenir desapariciones forzadas y una política de cero tolerancia al abuso de derechos humanos, como lo sostuvo su delegación en Ginebra, ante los cuestionamientos por lo sucedido durante más de dos años de estados de excepción.